eleconomista.es (Publicado en UPyD.es, aquí)
Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha preguntado por escrito al Gobierno si piensa hacer caso a la recomendación de la defensora del Pueblo y abonar a los funcionarios la mitad de la paga extraordinaria de Navidad del año pasado. Soledad Becerril ha argumentado que "la supresión de esta retribución entró en vigor el 15 de julio". Reconocido el derecho de los funcionarios al cobro de sexenios
El partido ha recordado que la defensora "confía en que el Gobierno aún pueda considerar su recomendación con la incorporación de las previsiones adecuadas para asegurar la distribución equitativa de las pagas extra en próximos presupuestos".
Por este motivo, UPyD también se ha interesado por saber si, en caso de que el Ejecutivo abone esa cuantía, el déficit se verá afectado.
Las preguntas por escrito al Gobierno que UPyD ha registrado en el Congreso de los Diputados son las siguientes:
1. ¿Piensa el Gobierno seguir las recomendaciones de la defensora del Pueblo y abonar la mitad de la paga extra del año 2012 que corresponde a los funcionarios?
a) En caso negativo, ¿por qué?
b) En caso afirmativo, ¿cuándo estima el Gobierno abonar dicha cuantía? ¿Cómo afectará dicha decisión a las previsiones de déficit?
"La crisis no justifica quitar la paga extra"
A comienzos de marzo, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional planteaba una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la supresión de la paga extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público al entender que podría ser ilegal haber tomado esta medida con carácter retroactivo.
En su escrito, la Audiencia rebate los argumentos esgrimidos por la Abogacía General del Estado en los que trataba de justificar en el interés general los ajustes provocados la crisis.
En un auto notificado este viernes, los magistrados de la Sala Social de la Audiencia Nacional piden al tribunal de garantías que resuelva si el Real Decreto 20/2012, que supuso la supresión de la extra de diciembre, contraviene el artículo 9.3 de la Constitución Española, que impide aplicar las normas con efectos retroactivos.