EDITORIAL
España necesita acciones sostenidas para atajar los males ya identificados de su sistema escolar
Dice la OCDE que la educación es más urgente que nunca dado el enorme desempleo juvenil. Tal aserto es crucial para España. Los datos del Informe PISA 2012 que evalúa los conocimientos de matemáticas (y, en menor medida esta vez, lengua y ciencias) indican, sin embargo, que los resultados de los estudiantes españoles apenas se han movido en los últimos años y siguen inmediatamente por debajo de la media de los 65 países evaluados, a pesar de que ha aumentado el estatus socioeconómico de los alumnos.
El caso español encierra una gran paradoja: el gasto en educación se ha incrementado en un 35% desde 2003 y ello no se ha traducido en mejoras notables como las logradas por otros países. Las reformas educativas han sido especialmente exitosas en Alemania, México o Brasil (si bien los países americanos están aún muy por debajo), mientras España perpetúa la mediocridad de su posición e incluso pierde terreno en lo que parecía imbatible: la igualdad de oportunidades. Esa menor equidad es la que, por ejemplo, arroja unos resultados tan dispares entre autonomías hasta el punto de que varias comunidades, como Madrid, Navarra, Castilla y León o el País Vasco logran resultados muy por encima de la media de la OCDE mientras otras, como Extremadura, Murcia, Andalucía y Baleares quedan demasiado cerca del furgón de cola, lo que la organización multilateral achaca a diferencias socioeconómicas.
La gran ventaja del Informe PISA, centrado este año en una materia fundamental para el progreso social y económico de un país, es que las comparaciones con los más sobresalientes —los asiáticos, sin ninguna duda— configuran un interesante abanico de recetas para la mejora del sistema. Los centros españoles tienen menos autonomía, el porcentaje de alumnos inmigrantes ha aumentado más que en el resto, los profesores están poco motivados, la colaboración entre docentes es poco frecuente, hay un gran absentismo escolar y se practican pocas evaluaciones externas, una cuestión esta última que la reforma Wert prevé modificar.
Todo indica, en definitiva, que mejorar la preparación de los alumnos no requiere tanto grandes leyes —menos aún si se aprueban sin consenso—, como acciones sostenidas en el tiempo para atajar esos males bien identificados que impiden estar entre los mejores y garantizar un futuro mejor a las jóvenes generaciones.