Vigilen el dinero de los cursos de FP, ahora que con dos años de retraso Rajoy se acuerda de ella
Dimitió ayer Alfonso Tezanos. Iba acosado por (su) presunta participación en la estafa de 15 millones a la Comunidad de Madrid y al Gobierno cometida al organizar cursos inexistentes o inflados de Formación Profesional para parados o reciclantes.
Tezanos presidía la patronal comercial Cecoma, asociada a la CEIM, que preside Arturo Fernández. También dimitió como presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio local, que encabeza… el mismo Fernández.
El presidente madrileño, Ignacio González, ha suspendido las subvenciones a las asociaciones quizá corruptas dos largos meses después de estallar el escándalo. Igual su esposa, Lourdes Cavero, podría haberle animado a acelerar, como conocedora de la CEIM, pues Fernández la nombró su número dos, su “adjunta”… antes de ser imputada por presunto delito de blanqueo de capitales por su ático en Marbella. Y antes de que al propio Arturo (bueno, a su empresa Cantoblanco Colectividades, SL) Hacienda le embargase 1,4 millones de euros, vaya, a la Asamblea de Madrid, por deudora de Fernández (El País, 11 de diciembre). Pagos sospechosos de realizarse en negro y otras cochambres, aparte.
Pero la CEIM sacó un comunicado asegurando que “no tiene nada que ver” con el caso: será que porque este solo afecta a una treintena de asociaciones patronales.
Enriquecerse apropiándose el dinero destinado a formar a la gente para sacarles del paro o sortearlo (en 2013 se distribuyeron 951 millones) es demasiado repugnante. Lo haga un partido democristiano (caso Pallerols), un sindicato andaluz (la trama de los ERE) o la patronal.
Pero no se trata solo de algo moralmente vomitivo, sino políticamente peligroso. El presidente Rajoy prometió en el debate de la nación que, por fin, elaborará una “Estrategia de Activación para el Empleo”, las medidas que Zapatero puso en marcha y él paralizó: colaboración con las agencias privadas, portal único de empleo, reforma de la FP y dotar de “un papel esencial” a “la Formación Profesional para el empleo”.
Si cumple, lo habrá hecho con dos años, más/menos de retraso, desde que el 30 de mayo de 2012 la Comisión, y el 22 de junio el Ecofin, recomendaron a España “tomar medidas adicionales” para “aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo”. ¿Qué medidas? Mejorar “la selección” de sus destinatarios; “aumentar la utilización de los servicios de formación”; cruzar mejor “las ofertas y las demandas”; y “reforzar la coordinación” de los servicios públicos de empleo” central y autonómicos (COM (2012) 310 final).
Ocurre además que buena parte de los recursos financieros para la formación provienen de la Unión Europea. Será imposible disimular los latrocinios. Mejor: ojalá venga la troika a registrar alguna sede patronal. Y de paso aprovecharíamos para pactar cómo se aplica el plan de empleo para jóvenes dotado por los Veintiocho (6.000 millones), aún por estrenar. Pero alguno quizá rumie: ¿no será mejor que les pudra el paro, y encima, robarles?