España necesita menos propaganda, menos mudanzas legislativas y una escuela que vuelva a enseñar, exigir y compensar desigualdades
El Informe PISA 2025 ha roto la última coartada del conformismo educativo español. Los alumnos de 15 y 16 años obtienen 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias. España queda por debajo de las medias de la OCDE y de la Unión Europea en las tres competencias y firma los peores registros de su serie histórica. Desde 2015 ha perdido 45 puntos en lectura, alrededor de 30 en matemáticas y 16 en ciencias. No hablamos de una oscilación estadística, sino de un deterioro sostenido de la capacidad para comprender un texto, razonar con números, interpretar una prueba científica y utilizar lo aprendido ante un problema real. Eso mide PISA: no la memoria mecánica, sino el conocimiento puesto en acción. Cuando falla, el país hipoteca su autonomía intelectual, su productividad y la calidad futura de su democracia.
Conviene evitar dos trampas. La primera consiste en despreciar PISA porque una prueba no retrata toda la riqueza de una escuela. No mide la sensibilidad artística ni la entrega diaria de miles de profesores, pero sí permite comparar competencias fundamentales y observar su evolución. La segunda es utilizar el informe como piedra arrojadiza exclusiva contra el adversario. La responsabilidad inmediata corresponde a quienes gobiernan, pero el problema atraviesa gobiernos, comunidades autónomas, partidos y sucesivas leyes. Esta generación ha estudiado bajo el marco de la LOMLOE, que no puede declararse ajena al resultado, aunque tampoco sea serio atribuirle por sí sola una decadencia incubada durante años. El fracaso tiene muchos padres; lo imperdonable sería que todos se proclamaran inocentes.
La caída más alarmante se produce en lectura. Un estudiante que no identifica la idea principal de un texto ni distingue un argumento de una opinión tendrá dificultades para entender un problema matemático, contrastar una hipótesis o detectar una falsedad en internet. La lectura no es una asignatura encerrada en Lengua, sino la infraestructura mental del aprendizaje. Durante demasiado tiempo se ha confundido animar a leer con rebajar la complejidad de lo leído; se han fragmentado contenidos y aceptado que muchos alumnos avancen con carencias acumulativas. El sistema certifica recorridos, pero no siempre garantiza aprendizajes. Un título que oculta lagunas no protege al joven: lo envía desarmado a la enseñanza superior, al empleo y a la vida pública.
Las pantallas forman parte del problema, aunque no lo explican todo. La digitalización fue presentada como sinónimo automático de modernidad, cuando un dispositivo solo es una herramienta y puede mejorar o empobrecer el aprendizaje según cómo se utilice. La exposición constante a mensajes breves, alertas y contenidos audiovisuales dificulta la concentración, mientras la sustitución indiscriminada del papel y la escritura manual puede debilitar procesos de comprensión y memoria. No se trata de expulsar la tecnología de las aulas ni de educar como si la inteligencia artificial no existiera. Se trata de establecer una jerarquía: primero leer, escribir, calcular, argumentar y adquirir conocimientos; después utilizar la tecnología para ampliar esas capacidades, no para reemplazarlas. El móvil personal debe quedar fuera del tiempo lectivo salvo uso pedagógico justificado, los recursos digitales han de ser evaluados por su utilidad y la inteligencia artificial debe enseñarse con reglas de autoría, comprobación de fuentes y responsabilidad.
También existe una crisis de cultura escolar. Se ha debilitado la idea de que aprender exige esfuerzo, repetición, paciencia y aceptación del error. La necesaria inclusión se ha confundido algunas veces con la supresión de obstáculos, como si exigir fuera discriminar y evaluar equivaliera a castigar. Sin embargo, la exigencia bien acompañada es una forma de justicia: expresa al alumno que puede progresar y que la institución no renuncia a él. Promocionar con demasiadas materias pendientes, reducir el valor de los conocimientos o convertir cada suspenso en una disputa administrativa traslada el problema al curso siguiente y erosiona la autoridad profesional del docente. La educación competencial tiene sentido si las competencias se apoyan en saberes sólidos. Nadie piensa críticamente sobre el vacío, resuelve un problema sin dominar procedimientos ni formula una opinión fundada sin información suficiente. En educación, contenido y competencia no son enemigos; separarlos ha sido uno de nuestros errores más costosos.
El profesorado aparece en el centro de todas las acusaciones y al final de casi todas las decisiones. Se le pide enseñar, atender necesidades diversas, detectar problemas emocionales, gestionar conflictos, dialogar con las familias, incorporar novedades tecnológicas y rellenar una burocracia creciente. Después se legisla sin escucharlo y se cambia el currículo antes de evaluar el anterior. España necesita formar mejor a sus docentes, reforzar las prácticas supervisadas y diseñar una carrera que reconozca experiencia, responsabilidad y buen desempeño. También debe proteger el tiempo de enseñanza, reducir papeleo, proporcionar orientación y asegurar respaldo institucional ante las conductas que impiden aprender. Recuperar la autoridad docente significa restablecer reglas claras, respeto recíproco y capacidad para mantener un aula habitable.
Más recursos son necesarios, pero gastar más no basta. Debemos preguntar en qué, para quién y con qué resultados. La prioridad ha de situarse en la educación infantil, la adquisición de lectura y cálculo durante primaria y el apoyo inmediato cuando surge una dificultad. Esperar hasta secundaria para reparar déficits básicos es más caro y menos eficaz. Los centros que escolarizan alumnado vulnerable necesitan plantillas estables, tutoría reforzada, orientación, bibliotecas activas, actividades de tarde y cooperación con servicios sociales. Las ratios importan especialmente en esos entornos, pero una reducción general sin cambios metodológicos no obra milagros. Cada programa público debería nacer con objetivos medibles, evaluación independiente y obligación de rectificar. En España se anuncian planes con gran facilidad y se comprueba poco su efecto. La política educativa se ha acostumbrado a contabilizar ordenadores, becas o contrataciones; debería rendir cuentas, sobre todo, de cuánto aprenden los alumnos y de cuántos recuperan a tiempo sus retrasos.
PISA ofrece, pese a todo, un dato que conviene preservar: España mantiene mejores indicadores relativos de pertenencia escolar y una brecha socioeconómica menor que el promedio internacional. La escuela española conserva capacidad integradora, y sería absurdo corregir sus debilidades destruyendo esa fortaleza. Pero la equidad no puede definirse como una distribución más igualitaria de resultados insuficientes. La verdadera igualdad consiste en conseguir que el origen familiar determine cada vez menos el destino educativo sin rebajar el nivel común. Un niño de una familia con menos recursos necesita una escuela más exigente y mejor dotada, no un currículo adelgazado; necesita libros, buenos maestros, tiempo, expectativas elevadas y apoyo personalizado. La inclusión que no conduce al conocimiento puede tranquilizar estadísticas administrativas, pero no emancipa a nadie.
Castilla-La Mancha obtiene resultados mejores que la media española y en algunas competencias se aproxima o supera los promedios europeo y de la OCDE. Es un mérito que debe reconocerse a docentes, centros y familias, pero no una invitación a la complacencia. Una media autonómica puede ocultar diferencias entre ciudades, barrios y comarcas rurales. En Cuenca, la educación es además una política contra la despoblación. Mantener una escuela rural de calidad, garantizar transporte y comedor, estabilizar las plantillas, facilitar vivienda al profesorado destinado en zonas apartadas y extender una conectividad útil son decisiones educativas y territoriales. El alumno de la Serranía, la Alcarria o La Mancha conquense debe acceder a laboratorios, orientación académica, idiomas y cultura con la misma ambición que uno de una gran capital. La escuela no puede resolver por sí sola el vaciamiento, pero el cierre o empobrecimiento de sus servicios acelera la pérdida de población y rompe la confianza de las familias en el futuro de sus pueblos.
La primera reforma necesaria es política: un acuerdo nacional que dé estabilidad durante al menos una década a los elementos esenciales del sistema. No hace falta congelar la educación ni impedir mejoras, sino sacar del combate partidista aquello que exige continuidad: currículo básico, sistema de evaluación, formación docente, financiación compensatoria y objetivos nacionales de lectura, matemáticas y ciencias. España ha aprobado demasiadas leyes con el horizonte de una legislatura y demasiados currículos redactados en un lenguaje que las familias apenas comprenden. El pacto debe establecer pocos aprendizajes fundamentales, ordenados por cursos, y evaluaciones diagnósticas comunes en primaria y secundaria. Estas pruebas no servirían para confeccionar clasificaciones simplistas de colegios, sino para detectar déficits, movilizar apoyo y conocer qué métodos funcionan. Evaluar sin corregir es burocracia; corregir sin evaluar es improvisación.
La segunda reforma debe producirse dentro del aula. Una hora diaria de lectura guiada en primaria; escritura frecuente y corrección rigurosa; práctica sistemática de cálculo y resolución de problemas; experimentación científica desde edades tempranas; recuperación rápida y gratuita para quien se rezague; y más tiempo para que el profesor explique, pregunte y compruebe. Hay que equilibrar metodologías: los proyectos pueden ser valiosos, pero no deben expulsar la instrucción directa, el estudio individual ni la memorización comprensiva. Asimismo, resulta urgente revisar la promoción y la titulación para que ninguna decisión administrativa disfrace carencias graves. Repetir curso indiscriminadamente tampoco es la solución: es preferible intervenir antes, diseñar refuerzos intensivos y reservar la repetición para casos justificados. El objetivo no es suspender más, sino lograr que más alumnos sepan más.
La tercera reforma afecta a las familias. Ninguna escuela puede competir sola contra noches sin descanso, absentismo tolerado, móviles abiertos de madrugada o la idea de que toda frustración es un abuso. Las administraciones deben apoyar a las familias vulnerables, pero también exigir asistencia y colaboración. Los padres tienen derecho a conocer qué aprende su hijo y el deber de respetar la función docente. Las plataformas tampoco pueden quedar fuera del debate: hacen falta límites de edad efectivos, diseño digital menos adictivo y alfabetización mediática. Es una defensa de la libertad del menor: quien no sostiene la atención termina dependiendo de quien mejor sepa capturarla.
PISA 2025 debería ser el punto final de la negación. El Gobierno no puede refugiarse en los datos de inclusión, las comunidades culpar solo a Madrid, la oposición prometer otra ley mágica ni los sindicatos reducir la respuesta a más plantilla. Todos poseen una parte de la verdad y eluden otra de su responsabilidad. España necesita recursos mejor dirigidos, estabilidad normativa, conocimientos sólidos, evaluación transparente, docentes respetados, familias implicadas y tecnología subordinada al aprendizaje. Sobre todo, debe recuperar una convicción sencilla: la escuela existe para abrir a cada alumno las puertas del saber y permitirle pensar por sí mismo. Si un país renuncia a enseñar con rigor, no se vuelve más igualitario ni más moderno, sino más dependiente, manipulable e injusto. El descalabro definitivo sería discutir las cifras durante una semana y continuar exactamente igual.