Casi tres años después de que la Diputación Provincial de Cuenca presentara a bombo y platillo una planta de biogás y otra de hidrógeno en el polígono de «Economía Circular Los Palancares», el proyecto ha mutado en silencio: ya no son dos instalaciones, sino cinco plantas de gas e hidrocarburos, encajadas bajo la etiqueta amable de «Centro Científico y Tecnológico de la Economía Circular». Ecologistas en Acción de la Manchuela, Cuenca y Albacete han tenido que bucear en la documentación para descubrir este giro de guion que la institución provincial no ha explicado ni sometido a un debate público mínimamente serio.
Mientras el discurso oficial habla de innovación, investigación y futuro verde, los datos técnicos dibujan otra cosa: un complejo que no generará energía neta, que consumirá electricidad de la red y que emitirá casi 80 toneladas anuales de gases de efecto invernadero, además de producir corrientes de residuos que se tratarán, en buena medida, como desechos a retirar o quemar.
Un complejo que consume más energía de la que produce
Según la documentación analizada por Ecologistas en Acción, las cinco plantas piloto exigen una potencia eléctrica instalada de 740 kW, que deberán ser suministrados desde el exterior. Es decir, lejos de ser una fuente de energía para la provincia, el complejo funcionará como un sumidero adicional de electricidad, con el correspondiente impacto en emisiones si esa corriente procede mayoritariamente de fuentes no renovables.
Los propios promotores reconocen que los distintos gases y combustibles líquidos generados no se utilizarán «in situ», sino que se almacenarán en botellas, se entregarán a gestores autorizados o se quemarán en antorchas de seguridad. El balance es demoledor: se construye un entramado de instalaciones para producir, manipular y finalmente gestionar como residuos unos volúmenes relativamente pequeños de gas, mientras se asume como normal la emisión de 79,3 toneladas de gases de efecto invernadero al año sin beneficio energético claro para el entorno inmediato.
Cinco plantas, muchas preguntas ambientales
El proyecto «Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno» (NPIDi), encajado como pieza clave del futuro parque de Los Palancares, se descompone en cinco instalaciones con funciones diferentes:
- Una planta de electrólisis alcalina para producir hidrógeno y oxígeno.
- Una planta piloto de gasificación de biomasa (podas, limpiezas de montes, residuos de «Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A.») para generar un «bio-syngas».
- Una planta de digestión anaerobia destinada a procesar residuos orgánicos como alperujo o lactosuero, obteniendo biogás y digestato.
- Otras dos plantas vinculadas al uso y transformación de esos gases y combustibles.
En conjunto, el complejo concentra procesos que la experiencia en otras regiones ya ha demostrado problemáticos: digestión anaerobia con generación de digestato rico en nitrógeno fácilmente lixiviable, gasificación con emisiones asociadas, almacenamiento y quema de gases, y un tráfico continuo de materias primas y residuos. Nada de esto aparece en la propaganda sobre «economía circular», donde el foco se pone en lo fotogénico del hidrógeno y en la palabra «investigación», pero se diluye el detalle de qué entra, qué sale y quién asume los riesgos en el territorio.
El digestato: del relato de abono circular al riesgo sobre acuíferos
Uno de los puntos ciegos más graves es el tratamiento del digestato, el residuo de la digestión anaerobia que la industria presenta como un abono orgánico de alta calidad, ejemplo perfecto de ciclo cerrado: el campo entrega residuos y recibe fertilizante. Sin embargo, los estudios y la experiencia en comarcas como Tierra de Barros advierten de que el proceso de digestión altera la química del purín: gran parte del nitrógeno orgánico se transforma en amonio, una forma mucho más soluble que se lava rápidamente con las lluvias y se filtra hacia acuíferos y cursos de agua.
En términos prácticos, el digestor funciona como una «cafetera exprés metabólica»: extrae el gas, pero deja un líquido donde el nitrógeno está listo para desplazarse a gran velocidad hacia el subsuelo y los embalses cercanos, aumentando el riesgo de contaminación por nitratos y de eutrofización. En una provincia como Cuenca, donde ya se están tramitando macroplantas de biogás ligadas a macrogranjas y donde la protesta vecinal alerta del peligro sobre el agua potable, resulta sencillamente irresponsable que la Diputación impulse nuevas instalaciones sin una evaluación acumulativa e independiente del impacto sobre acuíferos y suelos.
Una provincia convertida en laboratorio… a 600 kilómetros de los investigadores
El argumento oficial para justificar este complejo es que se trata de plantas piloto destinadas exclusivamente a investigación científica. Pero la realidad geográfica introduce una contradicción difícil de soslayar: los únicos grupos relevantes en tecnologías de hidrógeno en Castilla-La Mancha se encuentran en Puertollano, en el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Cada visita de los investigadores al polígono de Los Palancares implicará recorrer 612 kilómetros por carretera, con el correspondiente coste energético, económico y ambiental.
La pregunta cae por su propio peso: si el nervio científico está en Puertollano, ¿por qué se fuerzan estas instalaciones experimentales en Cuenca y no donde ya está consolidada la infraestructura de investigación? En términos de sostenibilidad, la elección de emplazamiento parece responder más a criterios políticos y de escaparate provincial que a una lógica de proximidad, eficiencia y minimización de impactos.
Opacidad institucional y ausencia de debate público
A todo esto se suma un problema de forma que, en realidad, es de fondo: la opacidad. Ecologistas en Acción denuncia que la transformación del proyecto –de dos plantas a cinco– no ha sido debidamente explicada ni difundida, pese a la magnitud del cambio y al evidente incremento de complejidad e impactos potenciales. La información clave se ha conocido por filtraciones y lecturas especializadas de expedientes, no por una voluntad activa de transparencia por parte de la Diputación.
Este déficit de información no es un detalle administrativo: en una provincia donde ya se han ocultado convenios de macrovertederos y donde la ciudadanía se moviliza contra seis macroplantas de biogás en la Alcarria conquense, negar un debate abierto sobre Los Palancares erosiona todavía más la confianza en las instituciones. No se puede pedir a los pueblos que asuman el riesgo de nuevas instalaciones potencialmente contaminantes mientras se les escamotea la letra pequeña de los proyectos.
Un contexto provincial saturado: biogás, macrogranjas y pueblos al límite
El proyecto de Los Palancares no llega a un desierto, sino a un territorio ya saturado de amenazas ambientales. En la provincia se tramitan macroplantas de biogás como la de Huelves, diseñada para recibir más de 230.000 toneladas anuales de purines, cadáveres de animales y otros residuos orgánicos, lo que la convertiría en una de las mayores instalaciones de la comarca. Paralelamente, en Carrascosa del Campo y otros municipios de la Alcarria conquense se han movilizado miles de personas contra hasta seis proyectos de biogás, denunciando el riesgo de malos olores, incremento de tráfico pesado, emisiones y contaminación del agua.
Todo ello se superpone a un modelo de ganadería industrial intensiva que ya está bajo sospecha por su contribución a la contaminación de acuíferos y a la pérdida de calidad de vida en los pueblos. En este contexto, añadir cinco plantas de gas e hidrocarburos bajo el paraguas de un parque de «economía circular» sin una planificación territorial seria, sin evaluación de impactos acumulativos y sin mecanismos robustos de control independiente es, sencillamente, una temeridad política y ambiental.
¿Transición ecológica… ¿o nueva lavandería verde?
La narrativa dominante insiste en que el biogás y el biometano son herramientas brillantes para descarbonizar la economía y reducir la dependencia del gas ruso, convirtiendo los residuos orgánicos en una «mina de oro» energética. Pero cuando los proyectos concretos se analizan al detalle, emergen patrones preocupantes: instalaciones que consumen más energía de la que generan, plantas que externalizan sus residuos y emisiones al territorio, digestatos que amenazan la calidad del agua y una concentración de impactos en comarcas rurales ya castigadas por la despoblación y la macroganadería.
En el caso de Los Palancares, la combinación de alto impacto ambiental y opacidad institucional revela el riesgo de que la Diputación convierta Cuenca en laboratorio de una «economía circular» que gira en falso: se venden proyectos de vanguardia mientras se socializan los riesgos sobre el agua, el aire y el suelo, y se fía la legitimidad a la palabra «investigación» sin un control ciudadano real.
La transición ecológica no puede consistir en reetiquetar viejos patrones de uso del territorio como si fueran avances, ni en tratar a los pueblos de la provincia como espacios disponibles para asumir impactos mientras los beneficios reputacionales y económicos se concentran lejos. Si algo está demostrando la movilización en Cuenca es que la población ya no está dispuesta a aceptar, sin información ni participación, que se experimente con su entorno bajo el pretexto de una modernidad verde que, en la práctica, huele demasiado a humo de antorcha y a nitratos en el agua.