El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el pasado 14 de julio su examen anual de la economía española en el marco del artículo IV. El texto íntegro se puede ver en la web de esa institución.
Se trata de un informe sin duda valioso por los datos que aporta así como por las opiniones viniendo de una institución que, casi desahuciada en años recientes, ha vuelto a primer plano con la actual crisis mundial. Por ello, vale la pena leerlo cuidadosamente. Eso sí, teniendo siempre en cuenta el lenguaje cauto y no comprometido de toda organización internacional que no puede por ello entrar en asuntos políticos del país examinado.
El informe elogia medidas recientemente adoptadas por el gobierno pero al mismo tiempo destaca la enorme tarea que queda por delante diciendo textualmente que “la instrumentación de una estrategia de reforma tan amplia (como la necesaria) exigirá un amplio respaldo político y social”. Hasta ahí llega el Fondo porque más no puede decir. ¿Se da ese amplio respaldo imprescindible? La respuesta es claramente negativa, como precisamente señala en su número de esta semana “The Economist”, presentando a Zapatero no ya como un mago que saca conejos de su chistera sino como un equilibrista con claro riesgo de caída.
Si hay algún tema en el que el informe insiste es el relativo a las escasamente optimistas previsiones de crecimiento en los años inmediatos (las de esa institución son más realistas que las del gobierno y, por lo tanto, peores) y su efecto en la llamada consolidación fiscal, léase reducción del déficit. La institución respalda “el ambicioso programa en marcha…” pero añade que debido a esas dudosas previsiones macro, “se deberían preparar medidas adicionales… para hacer el objetivo más creíble”. A partir de ahí el informe entra en un territorio que cada vez es más objeto de atención fuera de nuestras fronteras: El de la disciplina fiscal en los niveles subnacionales (“subnational levels”), esto es en las comunidades autónomas y entes locales, más exactamente las primeras. El Fondo llama la atención sobre la importancia de este tema y apunta su falta de rigor y disciplina, especialmente mediante un capítulo de Recomendaciones (página 60 del Informe). “Una serie de medidas podrían ser consideradas para aumentar la credibilidad y lograr el cumplimiento de los planes subnacionales de consolidación fiscal” aportando incluso como ejemplo otras experiencias. Incluye una serie de posibles medidas con ese objetivo de disciplina y credibilidad, medidas legislativas, fiscales y financieras y que incorporan sanciones por incumplimiento.
Precisamente, el pasado 20 de mayo Unión, Progreso y Democracia (UPyD), presentó en el Congreso una Moción en esa línea, moción por supuesto rechazada por el gobierno. En su respuesta a la diputada Rosa Díez, el vicepresidente Chaves basó ese rechazo en que, textualmente, “eso sería propio de un estado centralista” añadiendo que “no hay lugar en un estado autonómico para un poder de control del gobierno sobre las CCAA sino es un marco de cooperación y colaboración”. UPyD volvió a presentar este mismo texto como propuesta de Resolución tras el reciente Debate sobre el estado de la Nación y otra vez fue rechazado.
Digno de meditación todo ello, una muestra más de cómo una buena idea en su origen, la del estado de las Autonomías, se transforma en su contrario y se convierte en algo ineficiente, injusto e inviable. De eso hay conciencia creciente dentro y fuera, afortunadamente.