No se puede negar que, el proyecto de la integración política de la UE ha venido fracasando cada vez que se ha pretendido crear una Constitución, de carácter supranacional
Reconozco que, como simple ciudadano de a pie, los intríngulis de la economía me resultan, en muchas ocasiones, de difícil comprensión. Es posible que quienes estamos al nivel de la ciudadanía no tengamos la suficiente comprensión de los problemas globales que afectan a la nación y, todavía menos, de aquellos que afectan a todo un conjunto de naciones, como es el caso de la Comunidad Europea. Aún así, si tomamos como ejemplo el caso de una sociedad mercantil, o el de una simple sociedad recreativa observaremos que los primero que se suele hacer, antes de entrar en temas de detalle, antes de fijar el capital social o de entrar en temas de financiación, ventas o personal, es crear una comisión gestora que se encargue de la redacción de los estatutos por los que deberá regirse el funcionamiento de la nueva empresa, se designará a las personas y los órganos de gobierno que deberán encargarse del desarrollo y funcionamiento de la entidad y se establecerán las reglas, las condiciones, los objetivos sociales, políticos y las responsabilidades que corresponderán a sus dirigentes, gestores y socios; de modo que, antes de iniciar su actividad queden especificadas las obligaciones, las estructuras, los cometidos y las funciones que afecten a cada uno de sus miembros.
Es obvio que Europa está en un momento delicado. Es evidente que algunos países no han podido o no han querido seguir la senda de otros, que han sabido enfrentarse con más acierto a la crisis económica que, en mayor o menor medida, viene afectando a la mayor parte de la economía mundial. Es cierto que, desde la fundación del proyecto de la UE, ha habido dos naciones que han encabezado lo que pudiéramos llamar el liderazgo europeo, por encima del resto de naciones, Alemania y Francia. Sin embargo, no se puede negar que, el proyecto de la integración política de la UE ha venido fracasando cada vez que se ha pretendido crear una Constitución, de carácter supranacional, que sirviera para unificar las políticas estatales bajo unas normas comunes que obligaran, por encima de sus propias constituciones, a su seguimiento. Ahora, cuando Europa se encuentra en la tesitura de tomar graves y, posiblemente, dolorosas decisiones económicas; cuando, tanto Francia como Alemania, se han percatado de que, los llamados países periféricos, no son los únicos que se ven afectados por un bajo crecimiento y que, es su propia deuda la que puede sufrir el contagio de la desconfianza de los inversores; parece como si Europa quisiera despertar de su aletargamiento y se esté apercibiendo de que ha estado perdiendo el tiempo durante años; dejando que languideciese el proyecto verdadero de una Unión Europea. Ahora se percatan de la necesidad de una Constitución europea que proporcionase el entramado jurídico que permitiese extender los acuerdos del Parlamento Europeo, por medio de mecanismos legales preestablecidos, para que no se vieran entorpecidos por las respectivas legislaciones de los distintos países comunitarios.
Puede que, dando por descontados los evidentes intereses alemanes y franceses en lo que pudiera ser un “estado económico europeo”, presidido por el señor Van Rompuy, –un fiel servidor a las órdenes de Alemania y Francia y fácilmente maleable a lo que pudieran ser los intereses de ambas naciones –; es obvio que, las dificultades de que los 17 países de la Zona Euro; vayan a tener de plazo lo que queda de año y lo que resta hasta el verano del próximo año 2012;–si es que se aprueba por el Parlamento Europeo la propuesta germano-francesa –, para adaptarse y reformar sus respectivas constituciones nacionales a los cambios precisos para incluir una reglas comunes para garantizar el equilibrio presupuestario; aceptar una nueva tasa comunitaria sobre transacciones financieras y la creación de un nuevo ente comunitario, presidido por Van Rompuy, encargado de coordinar el BCE, la Comisión Europea y el Consejo Europeo ( los respectivos gobiernos de los 17). Este supuesto gobierno de la zona euro, al que se lo designa como “gobierno económico” (al que nadie parece haber votado) tendrá un mandato de dos años y medio y se reunirá dos veces al año. Aparte de que los señores Merkel y Sarkozy parece que han decidido, por su cuenta, las reglas y funciones que le corresponderá a esta nueva institución europea; hay algo que parece que no se ha tenido en cuenta cuando se ha fijado un plazo tan corto para que los 17 pongan en marcha el plan. El aspecto legal de cada uno de los países afectados.
Las prisas han llegado a Europa y a los alemanes y franceses, hasta ahora tan remisos a los cambios, parece que les ha entrado la urgencia de poner en marcha su plan de reestructurar económicamente a la vieja Europa. Un año de plazo para “modificar las constituciones de los 17 países” para introducir en ellas la novedad de aprobar sus presupuestos en equilibrio; si queremos atenernos a la lentitud con la que Europa ha venido tratando las limitaciones de soberanía de cada país y la dificultad de que, las distintas nacionalidades, acepten imposiciones que les pudieran restar agilidad a su margen de maniobra fiscal que, por añadidura, les van a suponer modificaciones de sus constituciones algo que, sin duda, puede entrañar grandes dificultades si, como en España, es preciso que sea aprobado por tres quintos de cada una de las Cámaras; en caso de falta de acuerdo se constituirá una Comisión paritaria de Diputados y Senadores que presentará un texto que deberá ser votado por el Parlamento y el Senado. Aún así, de no haber mayoría de tres quintos, sólo se aprobaría si hubiera mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Parlamento. Si lo solicitara una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras, dentro de los 15 días siguiente a su aprobación, deberá someterse a referéndum para su ratificación. Un proceso complicado y largo que todavía no se ha puesto en práctica en nuestra nación.
Todo ello nos lleva a una conclusión. Si, de verdad la situación de Europa es tan delicada, si las medidas que se precisa coordinar son tan urgentes y si el tiempo apremia; es fácil colegir que intentar que este proceso se lleve en el plazo de un año y, por añadidura, que ello tenga que repetirse en 17 naciones, cada una con sus peculiaridades, sus gobiernos de distintos colores, la idiosincrasia de cada ciudadanía, los recelos de ciertos partidos políticos y la posible oposición de los grupos antisistema; parece ser una empresa gigantesca que, sin duda, tiene todos los números para fracasar. Lo que deberían estudiar, en el Parlamento Europeo, es con qué medios y con qué solvencia cuentan para mantener el euro si, como está ocurriendo en la actualidad, las naciones cada vez precisan endeudarse más, con más costes de financiación, con más dificultades y, al propio tiempo su crecimiento es cada vez más bajo. Dos factores que, no se necesita ser un gran economista, para entender de que bastan para dar al traste con las aspiraciones a una Europa de las naciones.
Esperemos que, como ya estamos acostumbrados en España, no se trate de una de estas maniobras que los estadistas usan para hacernos tragar la píldora con vaselina. Si hubieran sido previsores, si se hubiera atendido al bien de Europa, en lugar de que cada cual remara en la dirección que más favorecía a su país; estas iniciativas que hoy se barajan, seguramente hubieran sido provechosas para la comunidad; eso sí, con tiempo para explicarlas detenidamente a los ciudadanos, con respeto máximo a la soberanía nacional, limitándose a las grande magnitudes económicas y bajo una supervisión ecuánime. Y, todo ello, bajo los auspicios de una Constitución europea. Esta es, señores, mi forma sencilla de ver la situación.
Miguel Massanet Bosch