(Publicado en República de las ideas-Reggio´s, aquí)
Más que darle un empujón de credibilidad a su política financiera, las declaraciones de Luis de Guindos, ministro de Economía, sobre las necesidades de saneamiento de la banca española (50.000 millones de euros adicionales) se han convertido en una llamada de alerta sobre lo mal que lo van a pasar los bancos españoles en los próximos años. La respuesta de los inversores en Bolsa no se ha hecho esperar.
¿De dónde van a salir los 50.000 millones en cuestión? ¿En qué plazo de tiempo resultará adecuado realizar esas aportaciones de dinero, salgan de donde salgan? ¿Qué impacto tendrán estas provisiones en la capacidad de generar beneficios finales y de repartir dividendos por parte de los bancos cotizados?
Estas y algunas otras cuestiones colaterales se planteaban ayer en los corrillos financieros el mismo día en que el Gobierno anuncia que va a enviar una carta al gobernador del Banco de España pidiéndole que explique o justifique los elevados sueldos de las entidades financieras, en especial de aquellas que reciben ayudas del Estado, es decir, de las cajas de ahorros con inyecciones sustanciosas de dinero público, lo que parece apuntar tanto a la continuidad del propio Fernández Ordóñez al frente del Banco de España como a Rato y algunos otros supervivientes que gestionan hoy algunas de las cajas de ahorros más bendecidas con dinero público y que siguen pagando sueldos competitivos. Se suponía que el problema de los sueldos y de las elevadas indemnizaciones, que tanto escándalo han causado semanas atrás, era asunto que afectaba a los jubilados prematuros que han dejado tras de sí un reguero de pérdidas y quiebras bancarias (CAM, Banco de Valencia, Novagalicia,…) Parece que el Gobierno quiere apretar las tuercas al sector en general y, de paso, llevarse por el mismo precio otra pieza más codiciada, la del gobernador del Banco de España, al que no le quedan apenas telediarios para salir por la puerta principal, por extinción del periodo para el que fue elegido, sin forzar las cosas, dejando paso a Pizarro como arquitecto del nuevo sector financiero que el PP quiere diseñar a su gusto. La salida de Fernández Ordóñez no será brillante pero al menos los recién llegados deberían respetar el protocolo y las buenas maneras, ya que dentro de unos años pueden verse en similar trance, pero a la inversa.
La sensación que ha causado la alerta de Guindos en Financial Times sobre los 50.000 millones aún pendientes se ha visto empeorada en la medida en la que los planes para el llamado “banco malo”, es decir, el banco con dinero público para absorber todos los activos tóxicos del sector financiero, están parados. No habrá banco público malo, es decir, no habrá dinero público para pagar los desperfectos de la banca. Mejor dicho, no habrá más dinero público, porque los quebrantos de estos últimos meses han ido engrosando la factura cuyo importe debe ir ahora mismo por los 15.000 millones de euros o algo más, dinero de dificultosa recuperación. Dicho de otra forma, el descuadre de los balances bancarios deberán pagarlo en adelante los accionistas de los bancos a secas, sin más ayuda que la de tipo normativo, que no debe traducirse en modo alguno en dinero efectivo. No hay dinero para pagar más crisis del sector privado, lo que constituye un sano principio con el que no hay más que estar de acuerdo.
Lo que ya no está tan claro es que esa factura de 50.000 millones de euros tenga que pagarse a uña de caballo. Las entidades financieras españolas cuentan con capacidad más que suficiente para hacer frente a este quebranto, aunque si al mismo tiempo en las instancias supervisoras se les exige a los bancos un esfuerzo adicional de capitalización, la cosa puede ser doblemente dificultosa. El anuncio de los 50.000 millones tendría que ser complementado cuanto antes con un calendario o con algo que tranquilice a los inversores, ya que el sector financiero tendrá que capturar este año en toda Europa la friolera de 200.000 millones de euros y esa recolección de capitales no se hace si el sector está hundido en la falta de credibilidad. Lo visto estos días con el italiano Unicredit, que anda como alma en pena recabando más de 5.000 millones de euros de capital con altísimos descuentos, podría ser un precedente para el conjunto del sector bancario europeo. Pero, por la cuenta que nos tiene, nada sería menos apropiado para el sector bancario español y, a la postre, para las posibilidades de financiación de la economía española en los meses venideros.