El primer año de Rajoy contra su programa electoral (por María Fabra y Araceli Guede)

Quizá para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su primer año tras la victoria en elecciones generales no
pueda calificarse de annus horribilis, pero el hecho es que el
argumentario que ha transmitido el PP a sus dirigentes por toda España para la
“celebración” de este primer aniversario está plagado de eufemismos con los que
relata el primer cuarto de legislatura.

“El Partido Popular cumple un año de reformas, austeridad y rigor”, señalan
los populares de Génova (sede nacional del PP), que no hacen ninguna mención al
programa electoral con el que el partido se presentó a las
elecciones del 20N. Ni a la subida del IVA y otros impuestos, ni a las dos
huelgas generales a las que se han tenido que enfrentar, ni al aumento del paro,
ni a los ajustes sociales, ni a los recortes generalizados.

Pero, sí, el PP sí reconoce que los primeros 366 días de Rajoy tras ganar las
elecciones generales han sido días de reformas. Aunque también los ajustes, que
no nombran, hayan sido protagonistas. El “no gustan pero es lo que hay que
hacer” ha sido la principal defensa del presidente del Gobierno para
justificarlas.

Los mayores ajustes de la democracia

Diez días. Eso es lo que tardó el Gobierno en aprobar su
primer plan de ajuste. Tras el primer Consejo de Ministros, el 30 de
diciembre, la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, anunció la
segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España. Se
incrementaron el IRPF en todos sus tramos y el IBI. Además se recortó el gasto
público en 8.900 millones de euros. Los funcionarios vieron congelado su sueldo,
a la vez que se les aumentaba la jornada laboral, y se suspendieron las
convocatorias de nuevas oposiciones. Entre otras medidas, se paralizó el
calendario de la aplicación de la ley de dependencia, se suprimió la renta
básica de emancipación y se redujeron un 20% las subvenciones a partidos,
sindicatos y patronales.

En abril, a través de una nota de prensa, el Ejecutivo anunciaba un recorte
de 10.000 millones, 7.000 en sanidad y 3.000 en educación. Después se
concretaron medidas como el copago farmacéutico y que por primera vez los
pensionistas pagasen los medicamentos, dejar sin tarjeta sanitaria a los
inmigrantes sin papeles, el medicamentazo, o lo que es lo mismo, la
salida de 417 fármacos de la lista de subvencionados, la subida de las tasas
universitarias o el aumento de la ratio de alumnos por aula, con el consecuente
despido de profesores interinos.

Pero no parecía ser suficiente. En julio,
Rajoy presentó en el Congreso un amplio paquete de medidas con severos recortes para funcionarios,
parados y dependientes, y subidas de impuestos para lograr un ajuste de
65.000 millones en dos años. Los empleados públicos fueron nuevamente uno de los
colectivos más afectados: se les suprimió la paga de Navidad, pasaron a tener
menos días moscosos y los canosos desaparecieron. Subió
el IVA, pese a que miembros del Gobierno habían afirmado en varias ocasiones
que ese tributo no se tocaría, y se rebajó la prestación por desempleo. La
desgravación por compra de vivienda también fue eliminada.

Los Presupuestos
del Estado para 2013, aún en trámite, contemplan más recortes. La partida
sanitaria baja un 23% y la educativa, un 12%. El programa para alumnos con
dificultades cae un 68%; las transferencias a los Ayuntamientos para servicios
sociales, un 40%; la aportación para Cooperación al Desarrollo, un 23%; los
recursos para cultura, casi un 20%, y la inversión en infraestructuras, un
15%.

Reformas

Reforma laboral. Algunos dirigentes del PP llegaron a decir
en campaña electoral que al día siguiente de las elecciones, con Rajoy al mando
del país, comenzaría a crearse empleo. La reforma laboral aprobada por el
Gobierno ha provocado, por el contrario, la destrucción de puestos de trabajo,
aunque el PP sostiene que durante los seis primeros meses de aplicación, el
desempleo en el sector privado ha aumentado menos que durante los últimos seis
meses de Gobierno socialista. El caso es que la tasa de paro ha sobrepasado, por primera vez en la historia, el
25%. La reforma laboral, fundamentalmente, ha facilitado y
abaratado los despidos, con un coste de 20 días por año trabajado con un límite
máximo de 12 meses y una indemnización por despido improcedente del contrato
indefinido ordinario que se rebaja de 45 días por año trabajado a 33.

Reforma del sistema financiero. Tras reclamar el rescate de
la banca (que el PP en su argumentario califica de apoyo de Europa para sanear
la banca), el Gobierno se vio obligado a ejecutar una reforma del sistema financiero español para liquidar
entidades, fijar las bases para intervenir bancos o cajas de forma urgente y
crear el “banco malo” para ayudar a la banca a liberarse de sus activos tóxicos
inmobiliarios.

Reforma educativa. Tras los recortes de mayo, que llevaron a
aumentar el ratio de alumnos por aula, lo que supuso el despido de profesores
interinos, el Gobierno aprobó en septiembre otra polémica reforma, por la que se
adelanta la elección de itinerarios hacia la FP o el bachillerato y se
establecen reválidas al final de la ESO y bachillerato. “Para combatir la
herencia socialista de un fracaso escolar del 30%”, alega el argumentario del PP
que sostiene que con esta se pretende centrarse en la evaluación del rendimiento
y reforzar las asignaturas troncales. El caso es que la reforma educativa (la
séptima de la democracia) supone la reducción de la parte del temario que deciden las Comunidades
Autónomas.

Las medidas del ministro José Ignacio Wert han llegado a poner de acuerdo a
padres, alumnos y profesores, que protestaron en una de las más señaladas
marchas, la marcha verde.

Reforma de la Administración pública. Aunque el argumentario
del PP la sitúa en primer lugar, el caso es que la reforma aún no ha culminado,
aunque sí se ha aprobado una reducción de organismos y empresas públicas con la limitación
de las retribuciones de sus miembros. El PP menciona la Ley de Transparencia,
que todavía no se ha aprobado, y la reducción de la subvención a los partidos
políticos.

Reformas judiciales. La última de las reformas del
Ministerio de Justicia ha sido la Ley de Tasas, que por su claro afán recaudador
y el generalizado aumento de los precios públicos para acudir a los tribunales,
ha supuesto el rechazo de abogados y jueces. Además, Alberto Ruiz-Gallardón ha
promovido también una controvertida reforma del Código Penal, que incluye la prisión permanente
revisable (algo parecido a la cadena perpetua) sobre la que se debate su
inconstitucionalidad.

La reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial y con ella la del estatuto
de los jueces tampoco ha sido bien recibida por los togados.

Dos huelgas generales y multitud de movilizaciones

Rajoy ha sido el único presidente de la democracia en tener que enfrentarse a
dos huelgas generales en menos de un año. En la primera, la del 29 de
marzo, los sindicatos llamaron a la población a protestar principalmente
contra la reforma
laboral. "No hay precedentes de una decisión tan brutal que nos introduce en
un camino desconocido, sin medir las consecuencias, y trae la modificación del
modelo de convivencia laboral", argumentaba entonces el secretario general de
UGT, Cándido Méndez.

Lejos de un acercamiento entre el Gobierno y los líderes sindicales, menos de
siete meses después se
anunciaba un nuevo paro general para el 14 de
noviembre. "Sobran los motivos", decían los sindicatos. En una entrevista en
EL PAÍS, explicaban las razones. "Las hay de todo tipo: laboral, social,
económico. En
menos de un año, este país está dando un salto hacia atrás de 35 años",
aseguraba Méndez. "El desencadenante son los Presupuestos [de 2013]", añadía
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO. Este citaba además los
recortes sobre la función pública o el deterioro de los servicios públicos. La
convocatoria tuvo la particularidad de estar
apoyada por el PSOE.

Ante un malestar creciente de los ciudadanos, a esas huelgas generales se han
sumado en estos meses numerosas acciones de protesta. Algunas han estado
promovidas por los sindicatos, pero otras han surgido de colectivos sociales. La
Coordinadora 25-S y la Plataforma ¡En pie! por ejemplo convocaron una
movilización el 25 de
septiembre con el objetivo de rodear el Congreso. Sus reivindicaciones: la
disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente.

Ninguna de estas actuaciones ha conseguido que el Ejecutivo cambie de rumbo.
Rajoy está convencido de que las
políticas aplicadas son las únicas posibles. Pero la Cumbre Social, que
engloba a 200 organizaciones, entre ellas los sindicatos, también mantendrá su
postura. Redoblarán su campaña para exigir al Gobierno un referéndum sobre las
políticas de recortes, presupuestarios y de derechos. Para ello, recogerán
firmas y organizarán asambleas, manifestaciones y concentraciones. La
Coordinadora 25-S también ha mostrado su voluntad de continuar con la
movilización popular.

Relación con las comunidades

El cumplimiento del objetivo del déficit ha sido el principal tema, y casi
único, de las conversaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
Mariano Rajoy convocó la V Conferencia de Presidentes, de la que consiguió arrancar una
meta común, el cumplimiento de ese objetivo que en julio el Ejecutivo rebajó para 2013 hasta el 0,7%, pese a las reticencias,
incluso, de algunas comunidades gobernadas por el PP.

El tsunami azul de las últimas elecciones autonómicas, celebradas
en la mayoría de comunidades, ha permitido al PP manejar casi a su antojo
reivindicaciones como la revisión del sistema de financiación que no agrada
prácticamente a nadie.

El Consejo de Política Fiscal ha sido otro de los entes en los que se han
visto las caras Gobierno y autonomías pero siempre ha prevalecido, y salido
adelante, las medias propuestas por el Ejecutivo.

Ahora, Mariano Rajoy se enfrenta a otro reto, el del soberanismo
que reclama una parte de Cataluña y ante el que los socialistas han
reaccionado con la petición de abrir el debate federalista. El presidente del
Gobierno se ha mostrado tajante a cualquier movimiento que no respete la
Constitución pero, probablemente, espera a que pasen las elecciones del próximo día 25 para incrementar su marcaje.

Actividad exterior

Mariano Rajoy está centrado en Europa. El logro de una integración política,
bancaria, económica y fiscal es su principal meta. Comenzó este año de
legislatura muy cercano a la canciller alemana, Angela Merkel, pero, con el paso
de los meses, ha ido resituándose próximo al presidente francés, el socialista François
Hollande, y el primer ministro italiano, Mario Monti, debido a la
similitud de problemas que acucian a ambos países.

Promesas incumplidas

Varias de las medidas que el Gobierno ha adoptado durante este tiempo no
estaban en su programa. De hecho, el PP negó reiteradamente que fuese a tomar
decisiones que después ha tomado. El copago
en sanidad fue una de ellas. El último día que el
presidente negó que fuese a aplicarlo fue el 17 de marzo. “Si me pregunta a
mí, personalmente yo no soy partidario del copago en la sanidad”, contestó a
preguntas de los periodistas. El 18 de abril se
aprobaba el copago farmacéutico en función de la renta.

Lo mismo pasó con los impuestos. Desde la oposición negaron que fuesen a
subirlos pero una de las primeras medidas del nuevo equipo fue incrementar el
IRPF y el IBI. En este ámbito, la subida del IVA fue una de las decisiones que
más polémica generó. Durante el debate
electoral el entonces candidato popular a la presidencia le espetó a su
rival socialista: "Yo no soy como usted (…) Le subió el IVA a la gente y no lo
llevaba en su programa (…) Yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago".
Antes, el PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, había lanzado la campaña No
más IVA. A mediados de este año, el tipo reducido pasaba del 8 al 10% y
el general del 18 al 21%.

Rajoy también negó ser partidario
de un banco malo. Esta entidad empezará
a gestionar activos el 1 de diciembre.

El PP se ha defendido asegurando que la situación era más grave de lo que
esperaba encontrarse al llegar al Gobierno y que no le ha quedado más remedio
que adoptar esas medidas. Apunta que sin ellas, España estaría mucho peor. Ayer
mismo Rajoy afirmaba: “¿Qué
hubiera pasado si no hubiéramos tomado estas medidas?”.