Cómo reconstruir el futuro

Con ser muy grave la crisis económica por la que atraviesa España, con su
dramática consecuencia de seis millones de parados y un empeoramiento general
del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis
política e institucional que el país afronta, y que se ha agudizado con las
crecientes sospechas sobre la financiación irregular del partido en el poder.
Coincide esta situación con el final de un ciclo histórico y la apertura de una
nueva etapa llena de incertidumbres. Algunas de las cuestiones que se plantean
no son exclusiva ni prioritariamente españolas. Se deben al impacto de la
globalización o a las dificultades que tienen muchas naciones para adaptarse a
las nuevas reglas de juego que esta implica. Las inquietudes en torno al futuro
de la Unión Europea y la moneda única forman parte de esos desequilibrios que
afectan también a nuestra situación nacional. Requieren soluciones globales y
compartidas que escapan a las exclusivas capacidades de los gobernantes y
líderes sociales de nuestro país, aunque también sea responsabilidad suya
cooperar en la superación de esas circunstancias. Pero nos hallamos, asimismo,
ante problemas originados dentro de nuestras fronteras que añaden fragilidad a
la fragilidad, y cuya solución resulta urgente e inevitable abordar.

La mayor parte de las instituciones emanadas de la Constitución de 1978 y del
ordenamiento social que propició se muestran claramente incapaces para hacer
frente a los desafíos no ya del inmediato futuro, sino del presente mismo.
Azuzados por los sacrificios y renuncias que la política de austeridad conlleva,
aumentan los sentimientos de escepticismo e incredulidad respecto a la capacidad
de nuestros líderes para atender a las demandas de los ciudadanos. Entre
acusaciones de corrupción, descrédito de la generalidad de la clase política,
denuncias de ineficiencia y protestas por las violaciones de derechos que se
consideraban adquiridos de forma permanente, crece la desafección popular hacia
el sistema que ha generado mayores niveles de bienestar, democracia y libertad
en toda la historia de España. Todo ello sucede además en el marco de una
ruptura generacional, cuyos rasgos más definitorios son las dificultades de los
jóvenes para encontrar empleo y la nueva facilidad y virulencia con que se
expresa su justificado descontento en las redes sociales.

En momentos como este es preciso defender la continuidad de la democracia y
el progreso económico y social frente a la creciente fragmentación que nuestro
país padece en todos los órdenes. Debemos garantizar que los valores
fundamentales que justificaron la Transición y fructificaron con ella no se
pierdan en medio de las turbulencias actuales; y que el relevo en las
instituciones de poder y en la articulación de la nueva sociedad lo protagonicen
las nuevas generaciones, como es su derecho y responsabilidad, asumiendo las
lecciones del pasado más reciente y el valor de la experiencia y la sabiduría de
sus mayores.

Esta verdadera Segunda Transición, tan distante de la que nos querían vender
los resucitados fantasmas de la España profunda, debe servir para profundizar en
los valores democráticos y preparar a la sociedad española para los retos del
siglo XXI. Para ello ha de basarse en reformas concretas y urgentes. Confiar en
que el paso del tiempo contribuirá a resolver los problemas es un rotundo error.
Precisamente el tiempo trabaja contra nosotros y un Gobierno paralizado, presa
de la incredulidad de los ciudadanos, o una repetición de los retrasos e
indecisiones con los que inauguró la legislatura, no harán sino empeorar las
cosas.

Los españoles se preguntan con razón qué es preciso hacer. La respuesta no es
difícil, aunque sí la implementación de esas acciones. He aquí un decálogo de
tareas que pueden y deben ayudar a rescatar el sistema emanado de la Transición
política de las amenazas que se ciernen sobre él. Naturalmente son propuestas
discutibles, pero no se debe dudar respecto a lo inequívoco de los problemas
planteados. Si no se afrontan cuanto antes la desafección ciudadana hacia el
sistema acabará pasándonos factura.

1. Ley de Partidos

Que garantice la democracia interna y la transparencia de las formaciones
políticas, con normas democráticas en su funcionamiento interno. Debe imponer un
sistema de financiación transparente y un control eficaz e independiente de sus
cuentas llevado a cabo con periodicidad anual, con sanciones que lleguen incluso
hasta la disolución en caso de incumplimiento. La norma puede vincularse a las
regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia y permitir que los
ciudadanos puedan solicitar a un partido documentos relacionados con su
funcionamiento. Los cargos imputados en procesos judiciales deberían ser
suspendidos en sus funciones orgánicas hasta que se aclare su situación.

2. Ley Electoral

Es preciso sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por
otro que permita a los ciudadanos negar su voto a candidatos concretos que no
consideren dignos de su confianza. Hay que revisar el principio constitucional
que determina a la provincia como distrito electoral, que en el caso del Senado
debe estar referido a las autonomías. La distribución de escaños debe potenciar
la proporcionalidad del sistema, de modo que cada diputado elegido represente a
un número razonablemente equiparable de votantes. Ha de regularse de forma
transparente la financiación de las campañas electorales, reduciendo su actual
duración, innecesaria en una sociedad con tantos y tan variados medios de
comunicación, y establecer criterios claros y eficaces para la adecuada
utilización de las redes sociales en tiempo electoral.

3. Reforma de la Administración

Una reforma y modernización de las Administraciones públicas debe eliminar la
duplicación de estructuras y funciones para adaptar el tamaño del Estado y el
gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las características
de la organización territorial de España y de la UE. Es preciso reducir el
número de municipios, recurrir a gestores técnicos donde sea necesario, regular
el sueldo de los alcaldes, fiscalizar los presupuestos con agencias
independientes y revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios.
El Estatuto Básico del Empleado Público debe contribuir a profesionalizar la
dirección de la gestión, limitando la designación política de altos cargos para
protegerlos de interferencias. Debe garantizarse efectivamente, contra lo que
ahora sucede, un acceso adecuado a la información sobre la gestión de las
Administraciones, que facilite la rendición de cuentas de los gestores y el
juicio crítico por parte de los administrados.

4. Estatuto de la Corona

A fin de establecer los deberes y las responsabilidades del titular de la
misma. Tiene que ordenar, mediante caución parlamentaria, el funcionamiento de
la Familia Real, garantizar la absoluta transparencia de los gastos atribuibles
no solo a sus personas físicas, sino al funcionamiento general de la Casa. Y,
como en el caso de la Ley de Partidos, estar vinculado a las regulaciones
establecidas en la Ley de Transparencia.

5. Pacto por el empleo y las pensiones

Con la participación de Gobierno, partidos políticos, centrales sindicales y
organizaciones empresariales. Resulta necesario articular un consenso que
culmine la reforma laboral y corrija sus carencias y desequilibrios.
Establecidas las bases de contratación y despido, es urgente impulsar las
políticas activas de empleo en un país con seis millones de parados. Hay que
poner en marcha un programa de subvenciones directas (nacionales y europeas)
dirigidas a las pequeñas y medianas empresas para la creación de puestos de
trabajo especialmente orientados a los jóvenes. El pacto debe financiarse con
aportaciones de fondos europeos, en el marco de un acuerdo en la eurozona. Las
ayudas previstas en el presupuesto de la Unión son del todo insuficientes para
hacer frente a la gravedad del problema.

Es necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en
cuenta, entre otras cosas, la mayor esperanza de vida de la población. Dicha
reforma no puede hacerse unilateralmente por ningún partido, cualquiera que sea
la mayoría parlamentaria de que disfrute. Hace falta garantizar la
sostenibilidad del sistema y mejorar la correspondencia entre cotización y
pensión.

6. Reforma de la Justicia

La Administración de Justicia es el único poder del Estado que no se
democratizó en la Transición. Como prestadores de un servicio público, los
jueces deben contar con una mejor y más eficiente organización y con mayores
recursos y medios. Debe potenciarse la coordinación de la justicia, en la que
ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a cinco cuerpos distintos
que a su vez dependen, según los casos, de la Administración central o de la
autónoma. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela
judicial efectiva y el derecho a un juicio justo están reducidos muchas veces en
la práctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no
es nunca rápido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar
significativamente el número de jueces. Hace falta revisar las normas procesales
para que, manteniendo las garantías básicas, puedan agilizarse los juicios y sea
adecuadamente protegida la presunción de inocencia ante la llamada “pena de
telediario”. El Gobierno debe renunciar a su actual política sobre tasas
judiciales.

7. Pacto por la educación

La política general sobre enseñanza —y los planes de estudio— no puede ser
revisada cada vez que un partido llega al poder. El futuro de las economías
avanzadas descansa sobre las estrategias de educación, formación de capital
humano e investigación. Hay que sentar las bases que lo garanticen y que
establezcan criterios para gestionar recursos, establecer incentivos e
introducir controles, independientemente del color político de quienes
gobiernen. La enseñanza concertada, que se beneficia de las subvenciones, debe
garantizar la igualdad de oportunidades y no ejercer prácticas discriminatorias
de sexo o religión. Deben establecerse evaluaciones públicas de los centros de
enseñanza, de modo que tengan repercusión en la carrera profesional de sus
responsables.

8. Pacto por la sanidad pública

Es necesario preservar y mejorar el sistema de sanidad pública para mantener
los elevados niveles del servicio que durante años hemos sabido construir y que
hacían del modelo español de salud, cualesquiera que fueran sus defectos, algo
digno de sostener y perfeccionar. El Estado debe garantizar la cobertura
universal, revisando los errores detectados a la hora de transferir la gestión a
las autonomías. Es preciso controlar los resultados de la gestión pública y
fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos con las empresas concertadas,
eliminando la posibilidad de acometer inversiones públicas en beneficio
exclusivo de la rentabilidad de la gestión privada. Un programa semejante
demanda un gran consenso entre los partidos políticos.

9. Un Estado federal

El Estado de las autonomías debe reconvertirse en un modelo típicamente
federal, que establezca una lista cerrada y concreta de las competencias y
atribuciones del Gobierno central y permita a los Estados federados desarrollar
sus propias capacidades de autogobierno sin interferencia alguna, sobre la base
de los principios de corresponsabilidad y eficacia. La reforma pasa por revisar
el sistema de financiación autonómico, el reparto de transferencias y el déficit
de responsabilidad fiscal de los Gobiernos autónomos. Muchos técnicos
constitucionalistas consideran que esta transformación, que permitiría un nuevo
encaje de los nacionalismos, no es difícil si existe verdadera voluntad política
para emprenderla.

10. Reforma de la Constitución

Este programa de recuperación de nuestra vida política exige en muchos
aspectos una reforma de la Constitución de 1978. La reforma misma no es un
objetivo, sino un instrumento para hacer frente a las nuevas realidades. Contra
lo que muchos piensan —movidos por el temor a que la apertura de un proceso de
este género añada confusión y caos al panorama—, la mejor forma de empezar a
poner orden en el actual barullo es adaptar nuestra Carta Magna a los tiempos
presentes y venideros, simplificando su redacción, despojándola de ataduras del
pasado e incorporando cuestiones relativas a la nueva sociedad global y digital
que no existía cuando fue redactada. La reforma debe llevarse a cabo mediante
los procedimientos ya establecidos en las leyes, dirigida por una Comisión de
las Cortes en la que estén representados con adecuada proporcionalidad todos los
partidos políticos del arco parlamentario, no sometida necesariamente a la
aritmética de poder que salió de las urnas en las elecciones de 2011, pero
respetando los equilibrios emanados del voto popular en dichas elecciones.

Es tarea de nuestros líderes políticos encabezar un proceso de ese género,
aun conscientes de su impopularidad y falta de credibilidad entre los
ciudadanos. Si son capaces de hacerlo prescindiendo de cualquier sectarismo
ideológico o voracidad del poder, la crisis institucional española puede ser
conjurada. Pero si, acosados por la opinión y las sombras de su pasado, se
enrocan en su ensimismamiento y hacen oídos sordos a las demandas de la
ciudadanía, el régimen emanado de la Constitución de 1978 correrá innecesarios
riesgos en el próximo futuro.