El Banco de España ha hecho públicas unas previsiones económicas que dejan en muy mal lugar a las del Gobierno. El organismo regulador contempla un punto más de caída del PIB para 2013 de lo previsto por el Ejecutivo (1,5% frente a 0,5%). La diferencia para 2014 también es notable: un raquítico 0,6% frente al brote verde del 1,2%. En esta diferencia de cifras España se juega mucho. Para empezar, los Presupuestos Generales del Estado se elaboraron partiendo, lógicamente, de lo previsto por el Gobierno. Un punto más de contracción económica convierte en pura fantasía las ya endebles cuentas públicas.
El Banco de España prevé además que el paro alcance el 27,1% este año. Es difícil a estas alturas decir algo sobre este desastre que no suene a un lamento puramente retórico, pero lo cierto es que convierte a nuestro país en inviable. Incluso con el horizonte de que en 2014 se podría volver al crecimiento económico, el desempleo apenas descendería tres décimas. ¿Cuánto tiempo le queda a España para recuperar una tasa homologable con nuestros vecinos europeos? ¿Cuántos ciudadanos se quedarán por el camino? ¿De qué niveles de desigualdad seremos testigos? ¿Qué consecuencias sociales traerá?
Además, el supervisor bancario prevé que el déficit no baje este año del 6% y que el año que viene aún se mantenga en el 5,9%. Aparte del problema de que el déficit hay que financiarlo, también se crea la incertidumbre sobre qué ocurrirá si seguimos tan lejos de cumplir los objetivos europeos. España es un Estado de la zona euro. Renunció (en buena hora) a parte de su soberanía a cambio de grandes ventajas y de un proyecto político tan relevante como Europa. Si Bruselas insiste en ajustar más el déficit ¿en qué decidirá el Gobierno recortar? Los antecedentes no son esperanzadores.
El Gobierno vende como un éxito haber evitado el rescate completo (el del sector financiero ya tuvo lugar en 2012). La prima de riesgo, aunque sigue en unos niveles que en otro tiempo se consideraban insoportables, se ha moderado desde que el Banco Central Europeo anunció un compromiso serio con el euro. Esto ha producido una cierta ilusión de estabilidad por contraste. Parecíamos abocados al colapso y ahora simplemente tenemos una economía en coma. Pues bien, ni siquiera el colapso se ha evitado por completo. Incluso las dudosas previsiones del Gobierno arrojan una imagen desoladora; no digamos ya las del Banco de España. La incertidumbre sobre la solvencia del Estado no se ha desvanecido, y los mercados financieros podrían volver a cerrarnos la puerta.
El Gobierno tuvo la oportunidad de negociar un rescate en unas condiciones aceptables. Era evidente que los modelos griego o portugués no podían aplicarse a España. Sin embargo, Rajoy se esforzó en evitarlo, probablemente por temor a una pérdida de soberanía y a sus consecuencias electorales. Sin embargo, hace sólo dos semanas, el Parlamento Europeo aprobó que Bruselas controle con el máximo rigor (e incluso pueda vetar) los presupuestos de los países de la zona euro, y en especial de aquellos con problemas financieros. Hace años que la soberanía es compartida. Ahora, España tendrá encima a los inspectores de la UE que le dirán lo que puede y no puede hacer, pero no habrá accedido a las ventajas del rescate. Eso sí, Rajoy ha evitado el supuesto daño electoral.
Es lógico que el presidente y su partido quieran ser reelegidos, pero al Gobierno hay que exigirle soluciones reales basadas en un diagnóstico real. Lo que nos ofrece son datos maquillados (como el del déficit) y previsiones muy cuestionables. Por otro lado, la UE falla por la falta de control y transparencia (que ha denunciado el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán). Europa debe reforzar el papel de las instituciones comunes y más democráticas (como el Parlamento Europeo) frente a aquellas en las que las decisiones se toman por negociación entre los Estados miembros. Tanto la situación española como el penoso espectáculo del rescate chipriota muestran lo que ocurre cuando priman los intereses de los políticos en el poder frente al interés general