Fue el tema de debate más destacado en el plante 153 de ayer martes, aunque ningún medio de prensa local -como viene ocurriendo en años- tomara nota para transmitirlo, como es su obligación moral permanente, a la opinión pública.
La polémica en torno a la retribución de los concejales liberados del Ayuntamiento de Cuenca no es solo una cuestión contable. Es, sobre todo, un problema ético y político, que revela una preocupante falta de empatía con los ciudadanos en un contexto económico y social delicado.
Mientras buena parte de la población de Cuenca lidia con precariedad laboral, despoblación y servicios públicos limitados, la percepción ciudadana es clara: los representantes viven ajenos a la realidad cotidiana, protegidos por sueldos garantizados que no siempre se corresponden con resultados visibles ni con una gestión eficaz.
La liberación política como refugio, no como servicio
La figura del concejal liberado debería justificarse por:
- dedicación plena,
- eficiencia demostrable,
- rendición de cuentas clara.
Sin embargo, cuando la liberación se percibe como una “paguita”, el mensaje que se traslada es demoledor:
la política local deja de ser vocación de servicio para convertirse en refugio laboral.
Este fenómeno no es exclusivo de Cuenca, pero en ciudades medias y pequeñas el impacto social es mayor, porque cada euro público cuenta y cada decisión es más visible.
El convenio ADIF–JCCM–Ayuntamiento: una irresponsabilidad política
La gestión del convenio entre:
- ADIF,
- la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
- y el Ayuntamiento de Cuenca,
ha evidenciado improvisación, falta de transparencia y escasa defensa del interés general.
Tal y como advierten análisis recientes sobre este acuerdo, una cláusula mal planteada podría comprometer el futuro urbanístico y económico de la ciudad, trasladando riesgos desproporcionados al ámbito municipal y, por extensión, a los ciudadanos La cláusula que podría paraliza….
Aquí no hablamos solo de técnica jurídica, sino de responsabilidad política:
- aceptar condiciones poco claras,
- no explicar sus consecuencias reales,
- y minimizar el debate público.
Falta de empatía y ruptura del contrato democrático
El problema de fondo es la desconexión emocional y moral entre representantes y representados.
Cuando:
- se blindan salarios,
- se evitan explicaciones,
- y se toman decisiones estratégicas sin pedagogía pública,
el ciudadano deja de sentirse parte del proyecto común y empieza a ver a sus gobernantes como una élite administrativa, no como servidores públicos.
Cuenca necesita política con dignidad
Cuenca no necesita:
- más liberados,
- más excusas,
- ni más acuerdos opacos.
Necesita:
- empatía real,
- responsabilidad institucional,
- y valentía política para anteponer el interés ciudadano al confort del cargo.
Porque cuando la política municipal pierde el pulso de la calle, no solo se degrada la gestión: se erosiona la democracia local.
Mientras amplios sectores reclaman más alternativas de transporte público y vertebración territorial, la cúpula (des)gobernante del Ayuntamiento de la capital muestra una postura irresponsable desde el punto de vista de la empatía social: se prioriza el negocio urbanístico y la foto política frente al derecho a la movilidad y al futuro demográfico de la provincia.
Cuando una corporación municipal mantiene altos sueldos, numerosos liberados y personal eventual, y a la vez respalda un convenio que consolida el cierre del tren sin abrir un diálogo real con la ciudadanía afectada, el mensaje que envía es claro: las necesidades de la clase política están por encima de las necesidades materiales de los vecinos.
El Plan XCuenca y el convenio Adif‑JCCM‑Ayuntamiento podrían haber sido una oportunidad para vincular cualquier operación urbanística a garantías de movilidad (mejora de autobuses, servicios alternativos robustos, conexiones comarcales), pero la narrativa oficial se centra casi exclusivamente en aparcamientos, rotondas y “coser brechas”, lo que alimenta la idea de una élite local instalada en su “paguita” y desconectada del territorio al que dice representar.
Los ciudadanos de Cuenca expresan críticas recurrentes en redes sociales sobre los concejales liberados del Ayuntamiento, aunque no hay concentraciones virales recientes específicas; el descontento se filtra en debates políticos, comentarios en medios y quejas generales por ineficacia. Plataformas como Facebook y X (Twitter) reflejan rechazo de grupos de oposición, que usan el tema para amplificar el sentir vecinal de despilfarro. En 2024-2026, las quejas se centran en liberados vs. servicios deficientes, con canales oficiales recibiendo reclamaciones pero sin datos públicos sobre este particular. Y el colmo ha llegado con la necesidad de saber qué votarán PP y VOX al recaberse su posicionamiento respecto al convenio frankestein de la triple alianza de la usura contra el tren convencional, repleta de malolientes maniobras y plusvalías especulativas de la erosión subterránea en despachos demacrados por la enfermedad «sarripeñista», denostadísima ayer en el plante.
El conflicto: ¿Por qué se percibe como irresponsable?
A pesar de las cifras (que suman más de 25 millones de euros para la capital), la polémica sigue viva en este 2026 por tres motivos críticos:
- La «Irreversibilidad»: El nuevo convenio urbanístico que el Ayuntamiento quiere llevar a pleno este febrero de 2026 implica levantar físicamente las vías. Grupos como Cuenca en Marcha y las plataformas ciudadanas denuncian que esto impide que el tren convencional pueda volver jamás, incluso si el Tribunal Supremo fallara en contra del cierre.
- Especulación vs. Servicio: Mientras el Ayuntamiento habla de «integración», los críticos lo tildan de «pelotazo urbanístico» que favorece intereses inmobiliarios sobre el derecho a la movilidad de los pueblos de la provincia.
- Cautela Judicial: Existen recursos pendientes en el Tribunal Supremo y en el Constitucional. Seguir adelante con el desmantelamiento antes de que estos se resuelvan es visto por muchos como una huida hacia adelante del equipo de gobierno.
Dato de contexto final: El alcalde Darío Dolz ha defendido recientemente que el convenio es «la única vía» para evitar que el centro de Cuenca siga degradándose, mientras que la oposición le acusa de falta de transparencia al no facilitar toda la documentación del acuerdo antes de su votación.
A día de hoy, en febrero de 2026, la batalla judicial por el tren convencional de Cuenca se encuentra en una fase crítica de «todo o nada». Tras años de idas y venidas, el conflicto se ha desplazado de los tribunales ordinarios a las más altas instancias nacionales e internacionales. Y los «liberados» con paguitas se la están jugando.
Resumen de la situación jurídica actual
| Tribunal | Estado | Riesgo para el Ayuntamiento |
| Supremo | Sentencia firme pro-cierre | Bajo (ya ha fallado a favor del Plan XCuenca). |
| Constitucional | En tramitación (Amparo) | Alto. Si admite las cautelares, las obras del vial al AVE se paran. |
| Europeo (TEDH) | Fase inicial | Medio/Largo plazo. Podría forzar indemnizaciones o restauraciones. |
La crítica ciudadana se centra en que el Ayuntamiento de Cuenca está acelerando el desmantelamiento precisamente para crear una «política de hechos consumados». Es decir: si levantan las vías y construyen el vial ahora, aunque el Constitucional les quitara la razón en dos años, el daño ya sería irreversible (no se volverían a poner las vías).
Para muchos vecinos, gastar millones en hormigonar un trazado ferroviario que aún está bajo «sospecha judicial» es la definición máxima de gestión temeraria.
Deja una respuesta