Un admirado compañero en la gran aventura de la defensa de la reconversión, modernización y reapertura del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia, Eduardo Cruz, profesional de amplísima trayectoria dentro de Renfe, me remitió ayer dos audios:
El conjunto de las transcripciones completas de los dos archivos adjuntos, permite escuchar un diálogo entre dos hablantes (identificados como Unknown Speaker A y B) que analizan un caso de alegaciones urbanísticas contra el proyecto «Cuenca Más» en el Ayuntamiento de Cuenca.
En el corazón de Castilla-La Mancha, este codicioso -a la par que desdeñable- proyecto urbanístico ha topado con un obstáculo inesperado: no una manifestación multitudinaria ni un escándalo político ruidoso, sino un sencillo documento PDF presentado por un ciudadano anónimo. Este «convenio de trileros», como lo bautiza el alegato, ha frenado en seco los planes municipales de urbanizar terrenos ferroviarios, desatando nerviosismo en el Ayuntamiento de Cuenca y exponiendo grietas profundas en su gestión. Unas hendiduras que han forzado a comunicar a la opinión pública y a todas las partes interesadas el dictamen a continuación manifestado. Su redacción posee un estilo editorial y apoyado exclusivamente en el contenido de los dos textos convertidos, manteniendo rigor jurídico, claridad argumental y tono crítico
No fue una manifestación, ni un pleno bronco, ni una crisis de partido. Fue un PDF. Un solo documento, presentado telemáticamente por un ciudadano, ha logrado lo que rara vez consiguen los grandes gestos políticos: paralizar un proyecto urbanístico estrella del Ayuntamiento de Cuenca. El plan, conocido como Cuenca Más, ha quedado suspendido por la fuerza silenciosa —pero demoledora— de unas alegaciones técnicas bien construidas.
El episodio es revelador. En una época dominada por la política del anuncio, del render y de la inauguración anticipada, este caso recuerda que la administración sigue estando sometida al imperio de la ley, y que un ciudadano informado puede alterar el rumbo de decisiones que parecían irreversibles.
La primera grieta: construir sin ser dueño
El alegato no se anda con eufemismos. Bautiza el acuerdo como “convenio de trileros”, una expresión dura que no busca solo el titular, sino subrayar lo esencial: el Ayuntamiento estaría planificando la urbanización de unos terrenos que no son de su propiedad.
Según se expone, los suelos pertenecen a ADIF o directamente al Estado, y continúan afectados al uso ferroviario. Mientras no exista una resolución firme de desafectación emitida por el Ministerio de Transportes, el municipio carece de capacidad legal para disponer de ellos. No se trata de un tecnicismo menor ni de un trámite subsanable a posteriori: es la piedra angular de todo el proyecto. Sin ella, cualquier convenio es jurídicamente papel mojado.
La pregunta resulta incómoda, pero inevitable: ¿cómo se impulsa un plan de esta envergadura sin haber asegurado antes la titularidad efectiva de los terrenos?
El dinero público: el silencio del interventor
El segundo bloque de alegaciones apunta directamente al control financiero. Por un lado, se denuncia la ausencia de un informe de sostenibilidad, es decir, de un cálculo claro del coste futuro que el proyecto impondría a las arcas municipales una vez pasada la foto de la inauguración.
Pero el reproche más grave es otro: no consta el informe del interventor municipal. En términos jurídicos, esto es una señal de alarma máxima. El interventor es el garante de la legalidad económica; su función no es ornamental, sino esencial. Sin su visto bueno, el convenio podría adolecer de un vicio de nulidad de pleno derecho. Es, en palabras gráficas, como levantar un rascacielos sobre arena.
Pretender corregir esa ausencia a posteriori no elimina el problema de fondo: la falta de fiscalización previa invalida el proceso desde su origen.
¿Interés general o desviación de poder?
La tercera grieta es más profunda aún, porque no se limita al cómo, sino que cuestiona el para qué. Las alegaciones introducen la sospecha de una desviación de poder: el uso de una herramienta legal para un fin distinto del que justifica su existencia.
¿Es Cuenca Más un proyecto integral de ciudad o una operación estética destinada, principalmente, a eliminar las vías ferroviarias sin una alternativa de movilidad real y sólida? Si un juez concluyera que se sacrifica una infraestructura clave sin beneficio público proporcional, el plan podría quedar invalidado por completo. No sería un debate político, sino una enmienda judicial a la intención misma del proyecto.
El silencio como estrategia (y como problema)
Ante este desafío, la respuesta institucional ha sido el silencio administrativo. No ha habido comparecencias con documentos, ni informes exhibidos para desmentir punto por punto las acusaciones. Solo, según se relata, movimientos discretos entre bastidores: reuniones, llamadas, intentos de desactivar el conflicto sin hacerlo público.
Pero en política —y más aún en derecho administrativo— el silencio raramente tranquiliza. Si los papeles existen, lo lógico sería mostrarlos. No hacerlo alimenta la duda y refuerza el mensaje del alegante: “he venido a pedir papeles, no promesas”.
Una lección democrática incómoda
El caso ha saltado ya a la arena política y la oposición anuncia que exigirá respuestas claras en el pleno. Sin embargo, la enseñanza va más allá del debate local. Este episodio demuestra que las herramientas de control no son patrimonio exclusivo del poder, y que el derecho de alegaciones, bien utilizado, puede cambiar las reglas del juego.
El Ayuntamiento se enfrenta ahora a dos caminos: la prudencia —reconocer deficiencias, corregirlas y rehacer el proyecto— o la huida hacia delante, aprobando el plan a riesgo de una batalla judicial que podría acabar en indemnizaciones millonarias.
La partida, como se ha dicho, acaba de empezar. Y esta vez, las cartas están sobre la mesa. En un Estado de derecho, no siempre gana quien más poder tiene, sino quien mejor fundamenta sus argumentos. Cuenca lo está aprendiendo, PDF en mano.
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