España lleva tiempo transitando una peligrosa normalización de la incertidumbre política. No se trata únicamente de la disputa partidista, ni siquiera de la polarización, fenómeno que, por otra parte, acompaña a buena parte de las democracias occidentales. El problema español es más silencioso y, precisamente por ello, más corrosivo: la sensación de que el país ha dejado de estar gobernado con un proyecto reconocible. Se legisla, se anuncian medidas, se despliegan discursos, pero falta una arquitectura coherente que ordene el presente y oriente el futuro.
La política nacional ha derivado hacia una permanente gestión de urgencias. Cada semana trae su propio incendio mediático, su negociación parlamentaria de supervivencia, su decreto justificado por la excepcionalidad del momento. El resultado es un Estado que actúa como un bombero exhausto: apaga fuegos, pero no previene incendios. Y cuando un país pierde la capacidad de anticipación, comienza a caminar hacia atrás sin ser plenamente consciente de ello.
En teoría, la fragmentación parlamentaria obliga a pactar. En la práctica, en España ha derivado en una forma de gobernanza sometida a la aritmética de lo inmediato. Las mayorías se construyen con acuerdos puntuales que rara vez responden a una visión compartida de país. Son sumas funcionales, no consensos estratégicos. Y cuando la política se reduce a la suma de intereses parciales, el interés general se diluye hasta convertirse en un concepto retórico.
Esta falta de dirección se percibe especialmente en los servicios públicos. La sanidad, convertida en símbolo recurrente de los debates territoriales, sobrevive entre listas de espera que se cronifican y plantillas sometidas a una presión estructural. La educación, atrapada en reformas que nacen con fecha de caducidad, oscila entre experimentos pedagógicos y disputas ideológicas. La administración pública, que debería ser la columna vertebral de cualquier proyecto estatal, sufre una parálisis creciente provocada por la hiperregulación, el miedo a la firma y la incapacidad para modernizar procedimientos con verdadera profundidad.
Pero la desgobernanza no se limita a los grandes sistemas públicos. Se manifiesta con especial crudeza en la política territorial. España arrastra desde hace décadas una tensión no resuelta entre centralización y descentralización. En lugar de abordar ese debate con valentía institucional, se ha optado por una política de cesiones coyunturales y silencios calculados. Cada comunidad autónoma negocia su encaje con el Estado en función de la coyuntura parlamentaria, lo que genera una percepción creciente de desigualdad y arbitrariedad.
El fenómeno se observa con nitidez en provincias como Cuenca, donde la sensación de abandono institucional no es un argumento político, sino una experiencia cotidiana. Infraestructuras prometidas durante décadas que no llegan, servicios públicos que se reducen por criterios de rentabilidad demográfica, y proyectos estratégicos que se anuncian con solemnidad para después disolverse en el laberinto burocrático. El cierre del tren convencional Madrid–Cuenca–Valencia simboliza, para muchos ciudadanos, algo más que la pérdida de una infraestructura: representa la confirmación de que el desarrollo territorial se decide lejos de los territorios afectados.
En ese contexto, la política ha comenzado a sustituir la planificación por la comunicación. El relato se ha convertido en el principal instrumento de gobierno. Las decisiones se presentan como éxitos antes de demostrar su eficacia real. Se gobierna para la percepción inmediata, no para el impacto duradero. Y esa lógica, profundamente mediática, genera un efecto devastador: la confianza institucional se erosiona lentamente, hasta que los ciudadanos dejan de esperar soluciones y se limitan a gestionar su supervivencia individual.
España no carece de recursos ni de talento. Carece, sobre todo, de continuidad en sus políticas estratégicas. Cada cambio de ciclo político implica una revisión casi completa de prioridades. Se abandonan proyectos en marcha, se reescriben planes de inversión, se modifican estructuras administrativas. El país vive en una reforma permanente que impide consolidar resultados. Gobernar se ha convertido en inaugurar, no en mantener.
A esta inestabilidad se suma un fenómeno particularmente preocupante: la creciente distancia entre la política institucional y la realidad social. Los grandes debates nacionales giran en torno a cuestiones simbólicas o identitarias que, sin dejar de ser relevantes, desplazan del centro del debate problemas estructurales como la precariedad laboral, el envejecimiento demográfico o la desertificación territorial. Mientras el Parlamento discute sobre marcos conceptuales, amplias capas de la población negocian con la incertidumbre cotidiana.
El mundo rural, y especialmente la España interior, representa el laboratorio más visible de esta desconexión. Allí, la falta de planificación estatal se traduce en pérdida de población, cierre de servicios básicos y deterioro de infraestructuras. Cada municipio que pierde su escuela o su consultorio médico no solo pierde un servicio: pierde una razón para seguir existiendo como comunidad viva. Y, sin embargo, las políticas contra la despoblación siguen presentándose como declaraciones de intenciones más que como estrategias evaluables.
Otro síntoma de la desgobernanza es la relación entre inversión pública y resultados reales. España ha gestionado en los últimos años cantidades históricas de fondos europeos destinados a modernizar la economía. Sin embargo, la percepción social no refleja una transformación equivalente. Parte del problema radica en la complejidad administrativa, pero otra parte responde a la falta de un proyecto económico compartido. Sin una visión clara de modelo productivo, la inversión se dispersa en proyectos inconexos que generan impacto limitado.
La política española parece haber aceptado una peligrosa resignación: la idea de que gobernar consiste en resistir. Resistir crisis económicas, resistir presiones parlamentarias, resistir desgaste mediático. Pero resistir no es dirigir. Un país no puede avanzar si su liderazgo político se limita a sobrevivir al siguiente ciclo electoral.
La degradación del debate público contribuye a este escenario. La política se ha convertido en un espacio donde la confrontación sustituye al análisis y el eslogan desplaza al argumento. El ruido permanente impide la construcción de consensos duraderos. Y sin consensos básicos, ninguna política estructural puede consolidarse. España necesita acuerdos en materias esenciales —infraestructuras, educación, modelo territorial, estrategia demográfica— que sobrevivan a los cambios de gobierno. Sin ellos, el país continuará atrapado en una inercia de reformas incompletas.
La responsabilidad de esta situación no pertenece únicamente a los gobiernos. También interpela a la oposición, que con frecuencia ha sustituido la función de control por la estrategia de desgaste. Y, en último término, interpela a una sociedad que ha asumido la política como espectáculo, consumiéndola como quien sigue una competición deportiva. La democracia se debilita cuando la ciudadanía deja de exigir proyectos y se conforma con relatos.
España no está condenada a la desgobernanza. Posee una estructura institucional sólida, una sociedad civil dinámica y un potencial económico considerable. Pero necesita recuperar algo que hoy parece ausente: la ambición de pensar el país a largo plazo. Gobernar implica tomar decisiones que no siempre son populares en el corto plazo, pero que garantizan estabilidad futura. Implica diseñar políticas que trasciendan el calendario electoral y construir consensos que resistan la alternancia política.
La historia reciente demuestra que España es capaz de alcanzar grandes acuerdos cuando percibe la magnitud de sus desafíos. La transición democrática y la integración europea fueron ejemplos de ello. Hoy, sin embargo, el país parece instalado en una política de baja intensidad, donde las decisiones estructurales se posponen indefinidamente.
El verdadero riesgo no es la crisis visible, sino la erosión silenciosa. Los países no se desmoronan de repente; se desgastan lentamente, normalizando la ineficacia institucional, aceptando la provisionalidad como forma de gobierno. Cuando esa dinámica se consolida, revertirla exige un esfuerzo político y social mucho mayor.
España necesita recuperar la brújula. No una brújula ideológica, sino una brújula estratégica. Un proyecto nacional que defina qué modelo territorial quiere construir, qué papel desea ocupar en la economía global, cómo piensa afrontar el reto demográfico y qué servicios públicos considera irrenunciables. Sin ese horizonte compartido, la política seguirá girando sobre sí misma, produciendo leyes sin dirección y debates sin destino.
Gobernar no es ocupar el poder; es darle sentido. Y España, hoy, parece haber olvidado esa diferencia.
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