{"id":613,"date":"2015-09-05T14:04:59","date_gmt":"2015-09-05T14:04:59","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=613"},"modified":"2015-09-05T14:04:59","modified_gmt":"2015-09-05T14:04:59","slug":"la-broma-de-un-estado-que-no-funciona-por-jose-antonio-zarzalejos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=613","title":{"rendered":"La \u00abbroma\u00bb de un Estado que no funciona (por Jos\u00e9 Antonio Zarzalejos)"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

\n

Notebook<\/a><\/p>\n

JOS\u00c9 ANTONIO ZARZALEJOS<\/a> (Publicado en El Confidencial<\/em>, aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

Nuestro Estado funciona mal y ahora hay que parar atropelladamente eso que Alfonso Guerra denomina 'golpe de Estado en c\u00e1mara lenta'<\/h3>\n

\"Foto:El Consejo de Direcci\u00f3n del PP se re\u00fane con Garc\u00eda Albiol. (EFE)<\/p>\n

El 27 de septiembre del pasado a\u00f1o, Artur Mas<\/a> dict\u00f3 un Decreto de convocatoria de consulta popular sobre la conversi\u00f3n de Catalu\u00f1a<\/a> en un nuevo Estado y su car\u00e1cter independiente de Espa\u00f1a. Se ampar\u00f3 en la ley de consultas que previamente hab\u00eda aprobado el Parlamento catal\u00e1n. La fecha de la convocatoria era el 9 de noviembre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional<\/a>, a instancias del Gobierno, suspendi\u00f3 cautelarmente el decreto y sus anexos (luego, el 25 de febrero de este a\u00f1o, el TC determin\u00f3 en sentencia definitiva que parte de ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N eran normas nulas por anticonstitucionales).<\/p>\n

Pese a la suspensi\u00f3n, la consulta se celebr\u00f3 como \u201cproceso participativo\u201d. Hubo censo, colegios electorales y recuento oficial. Y el presidente de la Generalitat recab\u00f3 para s\u00ed toda la responsabilidad de la iniciativa. Mucho antes de que todos estos hechos ocurrieran, en marzo de 2014, el TC ya hab\u00eda sentenciado lainconstitucionalidad de la declaraci\u00f3n parlamentaria catalana seg\u00fan la cual el Principado era un \u201csujeto pol\u00edtico soberano\u201d.<\/p>\n

Resulta de toda evidencia que las resoluciones del TC no se cumplieron. El \u00f3rgano de garant\u00edas constitucionales, sin embargo, y ateni\u00e9ndose a su ley reguladora, nada dijo ni nada hizo. El Gobierno no pudo o no quiso evitar el 9-N y s\u00f3lo en diciembre de 2014 interpuso una querella criminal contra Artur Mas, su vicepresidenta y su consejera de Educaci\u00f3n, por varios delitos, entre ellos el de desobediencia, sin que desde su admisi\u00f3n el 23 de aquel mes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya haya llamado a declarar al presidente de la Generalitat ni a sus consejeras.<\/p>\n

\"Presentaci\u00f3nPresentaci\u00f3n de los resultados del 9-N en Catalu\u00f1a. (EFE)<\/div>\n

El procedimiento discurre a un ritmo lent\u00edsimo. Mientras tanto, Artur Mas, pese a las sentencias del TC, sigui\u00f3 y sigue con el proceso soberanista bajo la amenaza de que si su lista unitaria obtiene la mayor\u00eda absoluta el 27-S (se refiere a esca\u00f1os, no a votos populares) iniciar\u00e1 el proceso definitivo para la independencia catalana<\/a>.<\/p>\n

Es rigurosamente cierto que el Gobierno, a trav\u00e9s del ministerio fiscal, y \u00e9ste de oficio, pueden acudir a los tribunales de justicia, si las sentencias del TC se desacatan. Ya lo ha hecho. Pero la realidad es tozuda: la premiosidad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria ofrece campo libre al infractor de las sentencias del Constitucional hasta convertirlas en papel mojado.<\/p>\n

Nuestra Constituci\u00f3n prev\u00e9 que los jueces y tribunales no s\u00f3lo dicten sentencias sino que tambi\u00e9n las ejecuten (art\u00edculo 117), previsi\u00f3n que no reza para el Tribunal Constitucional. En el art\u00edculo 164 de la Carta Magna se establece que sus sentencias tendr\u00e1n el \u201cvalor de cosa juzgada\u201d y contra las que no cabe recurso alguno y, dispone, adem\u00e1s, que los efectos de esas resoluciones ser\u00e1n \u201cfrente a todos\u201d salvo que la propia sentencia diga otra cosa. Pero la Constituci\u00f3n no faculta \u2013tampoco su ley reguladora- al TC a establecer medidas de ejecuci\u00f3n coercitivas de sus decisiones, sean provisionales o definitivas.<\/p>\n

La premiosidad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria ofrece campo libre al infractor de las sentencias del Constitucional hasta convertirlas en papel mojado<\/strong><\/span><\/p>\n

Esta situaci\u00f3n de hecho, que no de derecho, es a la que banalmente, con impropiedad, se ha referido Garc\u00eda Albiol calific\u00e1ndola como una \u201cbroma\u201d que se acabar\u00eda con la proposici\u00f3n de ley del Grupo Popular que facultar\u00e1 al TC a ejecutar sus propias sentencias mediante la imposici\u00f3n de importantes multas y, sobre todo, la inhabilitaci\u00f3n y suspensi\u00f3n de funciones, de funcionarios y autoridades que las desacaten. Se prev\u00e9 que el propio Gobierno asista al Tribunal y act\u00fae incluso estando en funciones. Se trata, en consecuencia, de una ley que afecta al bloque de constitucionalidad para -en \u00faltima instancia-disponer de arsenal jur\u00eddico (efectivo, no como el actual) para evitar el desacato de Artur Mas y sus aliados.<\/p>\n

La proposici\u00f3n de ley del PP es tard\u00eda (\u00bfpor qu\u00e9 no la propuso hace muchos meses?), es electoralista (atiende la reclamaci\u00f3n de sus votantes que acusan al Gobierno de inacci\u00f3n), es prepotente (se vale de la mayor\u00eda absoluta en un asunto que requiere consenso cuasi constitucional) y es alevosa (se ha eludido la calificaci\u00f3n de la Mesa del Congreso por la individual de su presidente y la urgencia le exime de los dict\u00e1menes no vinculantes pero s\u00ed preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal en los procedimientos normales). El Gobierno tiene, adem\u00e1s, la posibilidad de a trav\u00e9s del Ministerio Fiscal excitar el celo del instructor de la querella contra Mas y, desde el punto de vista pol\u00edtico, proponer al Senado, al amparo del art\u00edculo 155 de la Constituci\u00f3n, medidas de intervenci\u00f3n sobre el autogobierno catal\u00e1n (no necesariamente su suspensi\u00f3n).<\/p>\n

\"ElEl presidente del Gobierno de Espa\u00f1a, Mariano Rajoy. (Reuters)<\/div>\n

Hechas todas estas consideraciones, quedan tres m\u00e1s que son esenciales:<\/p>\n

1) Es cierto que, por unas razones u otras, Artur Mas y la Generalitat no han acatado las sentencias del Tribunal Constitucional y que el Gobierno no ha sido celoso en utilizar sus facultades para la ejecuci\u00f3n de esas resoluciones<\/p>\n

2) Es cierto tambi\u00e9n que el Gobierno no ha asumido acciones pol\u00edticas en el conflicto que plantea la Generalitat transfiriendo la responsabilidad de resolver el entuerto al TC que ya ha declarado que el asunto requiere de un tratamiento, adem\u00e1s de legal, pol\u00edtico y<\/p>\n

3) El Gobierno no ha querido entrar a reformar la Constituci\u00f3n cuando es tambi\u00e9n evidente que el TC ha perdido consistencia en el sistema, de tal manera que habr\u00eda que haber suprimido todo el T\u00edtulo IX de la Constituci\u00f3n y haberlo sustituido por la regulaci\u00f3n de una Sala especial del Tribunal Supremo lo que hubiera evitado la permanente sospecha de politizaci\u00f3n que atenaza al TC.<\/p>\n

La proposici\u00f3n del PP -que durar\u00e1 vigente s\u00f3lo meses y no es inconstitucional- es un remiendo de urgencia con un contenido pol\u00edtico oportunista<\/strong><\/span><\/p>\n

La reflexi\u00f3n \u00faltima es que nuestro Estado funciona mal y ahora hay que parar atropelladamente eso que Alfonso Guerra denomina \u201cgolpe de Estado en c\u00e1mara lenta\u201d. Y que la \u201cbroma\u201d a que se refer\u00eda Garc\u00eda Albiol -cuya presencia en el registro de la proposici\u00f3n de ley fue un desatino pol\u00edtico ya que no es parlamentario- es que el Estado, durante estos \u00faltimos a\u00f1os muestra disfunciones no reversibles sin una reforma de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

No s\u00f3lo hay que cambiar el Senado, introducir la ordinalidad en la financiaci\u00f3n auton\u00f3mica, reformular federalmente el sistema de atribuci\u00f3n de competencias, entre otros extremos, sino tambi\u00e9n plantear la supresi\u00f3n del Constitucional y su ben\u00e9fica sustituci\u00f3n por una Sala del Supremo, profesional y con todas las facultades de ejecuci\u00f3n de sus sentencias que no permitan que impunidades como las de Mas se produzcan.<\/p>\n

La proposici\u00f3n del PP -que durar\u00e1 vigente s\u00f3lo meses y no es inconstitucional- es un remiendo de urgencia con un contenido pol\u00edtico oportunista que es significativo de uno de los muchos agujeros negros de nuestro sistema pol\u00edtico-constitucional. Un paliativo sin demasiada vigencia futura. Esa es la grav\u00edsima \u201cbroma\u201d, se\u00f1or Garc\u00eda Albiol: que consiste en parar a Mas cuando hace mucho tiempo que debi\u00f3 hacerse con la aplicaci\u00f3n de la ley, la ejecuci\u00f3n de las sentencias y el ejercicio de la pol\u00edtica.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Notebook JOS\u00c9 ANTONIO ZARZALEJOS (Publicado en El Confidencial, aqu\u00ed) Nuestro Estado funciona mal y ahora hay que parar atropelladamente eso que Alfonso Guerra denomina 'golpe de Estado en c\u00e1mara lenta' El Consejo de Direcci\u00f3n del PP se re\u00fane con Garc\u00eda Albiol. 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