{"id":6107,"date":"2009-09-07T12:00:14","date_gmt":"2009-09-07T12:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=6107"},"modified":"2009-09-07T12:00:14","modified_gmt":"2009-09-07T12:00:14","slug":"los-salteadores-del-estado-de-derecho-por-jorge-de-esteban","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=6107","title":{"rendered":"Los salteadores del Estado de Derecho (por Jorge de Esteban)"},"content":{"rendered":"

Jorge de Esteban<\/strong> (Publicado en El Mundo.-elcomentario.tv\/reggio<\/em>,aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

\n

TRIBUNA: ESTATUTO DE CATALU\u00d1A<\/strong><\/p>\n

El autor cree que el principio de bilateralidad que sustenta al texto es raz\u00f3n suficiente para declararlo inconstitucional. Critica que los ministros de Justicia e Interior se hayan alineado con las tesis de los nacionalistas y del PSC.<\/em><\/p>\n

Si hubiese que buscar una sola causa (aunque haya muchas m\u00e1s) para declarar inconstitucional el Estatut de Catalu\u00f1a, \u00e9sta no ser\u00eda otra que la concepci\u00f3n que transmite del principio de bilateralidad. Este principio es el que sustenta todo el edificio del Estatuto y del que derivan, de forma impl\u00edcita o expl\u00edcita, las otras cuestiones que rebasan con mucho lo establecido en la Constituci\u00f3n, como veremos enseguida.<\/p>\n

Tal y como lo entiende el Estatut, lo que viene a significar el bilateralismo, con un significado m\u00e1s propio del Derecho Internacional que del Derecho Constitucional, es que se trata de una norma pactada entre dos entidades soberanas, Espa\u00f1a y Catalu\u00f1a. De ah\u00ed se desprende que lo que se pretende crear, como primera estaci\u00f3n, es una especie de Estado Confederal, inexistente tanto en la doctrina, como en la historia, y que no ser\u00eda sino la v\u00eda intermedia para llegar a la estaci\u00f3n t\u00e9rmino: la independencia.<\/p>\n

Semejante concepci\u00f3n, admitida t\u00e1citamente por el Gobierno y de forma m\u00e1s expl\u00edcita a\u00fan por dos de sus ministros (Justicia e Interior), no cabe ni con calzador en la Constituci\u00f3n, pues significar\u00eda la quiebra de nuestro Estado de Derecho. De este modo, ambos ministros se unen en cierto modo a los que podr\u00edamos denominar los salteadores del Estado de Derecho, n\u00facleo integrado por los nacionalistas, moderados o radicales, y los seudonacionacionalistas del PSC, que, ante la sentencia del Tribunal Constitucional, han ido sembrando de minas un terreno que no acaban de recorrer sus 10 Magistrados. Pasar\u00e1n a la Historia, aunque todav\u00eda no sabemos qui\u00e9nes ser\u00e1n los h\u00e9roes y qui\u00e9nes los villanos.<\/p>\n

Si he empleado la expresi\u00f3n salteadores del Estado de Derecho es porque desconocen las reglas que rigen en el mismo o, mejor dicho, las interpretan seg\u00fan les convenga. En efecto, un Estado de Derecho es aquel en que los gobernantes y los gobernados quedan sujetos al orden jur\u00eddico que se han dado de forma mayoritaria y voluntaria, mediante un pacto pol\u00edtico que se concreta en la Constituci\u00f3n y que crea un nuevo orden de convivencia. La Constituci\u00f3n aparece as\u00ed como un presente aplazado, algo que se escribe en el presente para pautar el porvenir, para irlo desarrollando en el tiempo. Circunstancia que no significa en absoluto que no se puede modificar, m\u00e1s bien al rev\u00e9s, pero que impide que se la pueda violar por unos u otros. Si los que quieren modificarla o interpretarla a su antojo no son frenados por el gendarme que ha sido creado para ello, se convierten entonces en salteadores del Estado de Derecho, especialmente si son gobernantes, como ocurre actualmente en Espa\u00f1a. Tras lo dicho, hay una clara conclusi\u00f3n: la regla esencial en que se basa nuestra Constituci\u00f3n es que todas las leyes, sean las que sean, tienen que adecuarse a ella, y quien lo decide en \u00faltima instancia es la totalidad o una mayor\u00eda del Tribunal Constitucional.<\/p>\n

Ante el miedo de que el Tribunal se\u00f1ale, como es de esperar, que el Estatuto en todo o en parte, no se ajusta a la Constituci\u00f3n, se han quitado la careta los dos afectados principales: los nacionalistas, porque eso signinificar\u00eda un importante golpe a su deseo de construir un Estado catal\u00e1n, y el Gobierno de Zapatero, porque, como ocurre en el billar, esa primera bola golpear\u00eda a una segunda, que es la de no poder asegurarse el apoyo de los grupos nacionalistas para gobernar. Sin embargo, existe el precedente de que el Tribunal Constitucional, en una sentencia ejemplar, ech\u00f3 abajo el proyecto de Ley de refer\u00e9ndum de Ibarretxe, por lo que ahora no podr\u00eda sacarse de la manga otra interpretaci\u00f3n diferente, cuando ambas normas circulaban por id\u00e9ntica vereda.<\/p>\n

Voy a citar los cuatro errores que cometen estos salteadores para arrumbar el Estado de Derecho a su conveniencia. En primer lugar, los nacionalistas sostienen que el Tribunal Constitucional no puede tocar el Estatut, porque es un pacto entre Espa\u00f1a y Catalu\u00f1a refrendado por la voluntad del pueblo de Catalu\u00f1a. Tesis absolutamente falsa: el Estatut no es un Tratado internacional, sino una ley que deriva de la Constituci\u00f3n. El principio de bilateralidad les confiere as\u00ed la idea de que se trata de dos partes iguales y soberanas. Sin embargo, no hay m\u00e1s que una soberan\u00eda, la que ejerce el pueblo espa\u00f1ol en su conjunto, mientras que lo que posee Catalu\u00f1a es la autonom\u00eda. Eso no significa que la voluntad del pueblo catal\u00e1n, por v\u00eda directa o por medio de sus representantes, sea soberana. Por el contrario, s\u00ed lo fue, junto con el resto del pueblo espa\u00f1ol, cuando aprob\u00f3 la Constituci\u00f3n. Por consiguiente, una parte no puede imponerse al todo, ni una ley org\u00e1nica a la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

El segundo error que cometen para no aceptar un recorte del Estatut radica en que no consideran al Tribunal Constitucional legitimado para imponerse a la voluntad del pueblo catal\u00e1n. Adem\u00e1s, esgrimen que se trata de un Tribunal, como afirma Arturo Mas, \u00abdividido, condicionado y claramente desprestigiado que no se ha renovado cuando tocaba, y cuya capacidad para dictar una sentencia sobre el Estatut es dudosa\u00bb.<\/p>\n

Nadie pone en duda que el actual Tribunal est\u00e1 funcionando de manera irregular, por decirlo amablemente, desde hace tres a\u00f1os. Pero los culpables son los partidos pol\u00edticos, que no se han puesto de acuerdo para su renovaci\u00f3n en los plazos se\u00f1alados. En cualquier caso, es un \u00f3rgano legitimado para emitir sentencias mientras que no se renueve. El problema de fondo es que estos nacionalistas son todos gaullistas: mantienen, como el general De Gaulle, que en democracia el pueblo es el m\u00e1ximo Tribunal y que una ley refrendada por \u00e9l no la puede echar abajo ning\u00fan Tribunal.<\/p>\n

Desconocen que la democracia y el Estado de Derecho modernos se basan en cuatro premisas, y no s\u00f3lo en tres, como afirman: que el pueblo elige a sus representantes; que de este modo se deduce una mayor\u00eda parlamentaria; que por el voto de las leyes los elegidos expresan esta voluntad mayoritaria; y que por el control de constitucionalidad, que ha sido tambi\u00e9n aprobado por el pueblo, los Magistrados expresan su opini\u00f3n sobre la adecuaci\u00f3n de las leyes a la Constituci\u00f3n. Desde la m\u00edtica sentencia Marbury versus Madison, de 1803, en EEUU y, posteriormente, tambi\u00e9n gracias a la doctrina de Kelsen y de otros juristas, nadie que sea dem\u00f3crata discute hoy la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n sobre todas las leyes, aunque sean catalanas.<\/p>\n

El tercer error es manifestar que si la sentencia es desfavorable, nada les impedir\u00e1 seguir desarrollando el Estatut, porque diga lo que diga el Tribunal, \u00e9ste prevalecer\u00e1. El actual Consejero de Educaci\u00f3n de la Generalidad, Ernest Maragall, ha escrito un art\u00edculo que no tiene desperdicio defendiendo esta l\u00ednea. En \u00e9l se preguntaba: \u00ab\u00bfNos debemos quedar atados de pies y manos esperando atemorizados lo que una docena de juristas pueda decidir por nosotros?\u00bb. En parecidos t\u00e9rminos se han pronunciado otros dirigentes catalanes. Por lo visto, ignoran dos datos que est\u00e1n en nuestra Constituci\u00f3n: por una parte, que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicci\u00f3n en todo el territorio espa\u00f1ol (art. 161) y que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos (art. 164). Afirmaciones pintorescas como son la de recurrir a Tribunales internacionales, sortear los escollos inconstitucionales a trav\u00e9s del art\u00edculo 150 o eximir del control del Tribunal Constitucional a los Estatutos aprobados por la v\u00eda del 151 son merecedoras de entrar en un eventual libro Guinness jur\u00eddico, pues ser\u00eda salir de M\u00e1laga para meterse en Malag\u00f3n.<\/p>\n

Por \u00faltimo, el cuarto y m\u00e1s grave error que est\u00e1n cometiendo los salteadores del Estado de Derecho es ignorar el contenido de varios art\u00edculos del C\u00f3digo Penal, especialmente el 508, cuando expresan todo tipo de amenazas o coacciones al Tribunal Constitucional, como hablar, por ejemplo, de manifestaciones y otras lindezas semejantes en caso de que no les guste la sentencia. El citado art\u00edculo dice as\u00ed: \u00ab1. La autoridad o funcionario p\u00fablico que se arrogase atribuciones judiciales o impidiese ejecutar una resoluci\u00f3n dictada por la autoridad judicial competente ser\u00e1 castigado con las penas de prisi\u00f3n de seis meses a un a\u00f1o, multa de tres a ocho meses y suspensi\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico por tiempo de uno a tres a\u00f1os. 2. La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constituci\u00f3n, dirigi\u00e9ndoles instrucci\u00f3n, orden o intimidaci\u00f3n relativas a causas o actuaciones que est\u00e9n conociendo ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de uno a dos a\u00f1os, multa de cuatro a diez meses e inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico por tiempo de dos a seis a\u00f1os\u00bb.<\/p>\n

Creo que no hace falta m\u00e1s comentario, s\u00f3lo animar al Fiscal General del Estado a cumplir con su deber, denunciando a todos los que han infringido este art\u00edculo, incluso aunque se manche la toga con el polvo del camino.<\/p>\n

Jorge de Esteban<\/strong> es catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.<\/p>\n

\u00a9 Mundinteractivos, S.A.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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