{"id":5913,"date":"2009-11-06T12:31:09","date_gmt":"2009-11-06T12:31:09","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=5913"},"modified":"2009-11-06T12:31:09","modified_gmt":"2009-11-06T12:31:09","slug":"cuestionado-el-sistema-del-control-de-las-comunicaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=5913","title":{"rendered":"Cuestionado el sistema del control de las Comunicaciones"},"content":{"rendered":"

(Publicado en El Mundo – e-pesimo Auxiliar 1<\/em>, aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES \/ Un sistema cuestionado<\/span>
<\/strong><\/span>El Constitucional exige control judicial de todos los datos que implica una llamada<\/font><\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

El secreto de las comunicaciones protege la identidad y la ubicaci\u00f3n de los interlocutores<\/span><\/strong>
<\/span>
<\/font>–><\/span>JOAQU\u00cdN MANSO<\/span><\/p>\n

<\/font><\/span><\/span><\/span>Madrid <\/span><\/span><\/p>\n

\"ZapateroEn 1984, la Corte de Estrasburgo, referencia universal en materia de derechos humanos, declar\u00f3 contrario a las libertades fundamentales que Scotland Yard recibiese, sin control judicial, la informaci\u00f3n procedente de un sencillo sistema implantado por la Oficina de Correos de Inglaterra y Gales. Consist\u00eda en algo tan simple como una impresora que registraba los n\u00fameros que se hab\u00edan marcado desde un tel\u00e9fono -entonces s\u00f3lo los hab\u00eda fijos y, por tanto, localizables al instante- y la duraci\u00f3n de la llamada. <\/span><\/p>\n

El Tribunal Constitucional de Espa\u00f1a recoge desde entonces que el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones \u00abcubre, no s\u00f3lo el contenido de la comunicaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la identidad subjetiva de los interlocutores\u00bb. Es decir que, sin autorizaci\u00f3n judicial y en casos excepcionales que lo justifiquen, no s\u00f3lo est\u00e1 prohibido el acceso a lo que se dice en una llamada de tel\u00e9fono o un correo electr\u00f3nico, sino tambi\u00e9n conocer qui\u00e9n se lo dice a qui\u00e9n y, en definitiva, el mero hecho de la existencia de esa comunicaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Sitel recoge en un potente servidor inform\u00e1tico todos los datos asociados a todas las llamadas de tel\u00e9fono que se realizan: qui\u00e9n llama a qui\u00e9n, desde qu\u00e9 punto geogr\u00e1fico exacto se emite y se recibe, cu\u00e1ndo y durante cu\u00e1nto tiempo o incluso por qu\u00e9 se interrumpe la comunicaci\u00f3n. A trav\u00e9s de los repetidores, puede seguir los desplazamientos el portador de un terminal sin necesidad de seguimientos. Si se le pide, graba su contenido, tambi\u00e9n si se trata de sms. <\/span><\/p>\n

Su regulaci\u00f3n legal se encuentra en el filo de los l\u00edmites constitucionales. La Ley General de Telecomunicaciones obliga a los operadores de telefon\u00eda a entregar a la Polic\u00eda datos muy sensibles antes de que exista orden judicial y control efectivo por parte de un juez. Entre otros, la identidad de la persona, su domicilio y su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica en el momento de realizar una llamada, incluso aqu\u00e9llas que se efectuaron en el pasado. Se trata de extremos que la Corte de Estrasburgo considera restrictivos de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal. <\/span><\/p>\n

Por todo lo expuesto, el Consejo General del Poder Judicial inform\u00f3 en 2002 de que la interceptaci\u00f3n de esos datos s\u00f3lo puede llevarse a cabo mediante \u00abuna resoluci\u00f3n judicial motivada\u00bb. El documento, que redact\u00f3 el magistrado Jos\u00e9 Luis Requero, se posiciona en contra de regular mediante Real Decreto las obligaciones de las operadoras en esa materia -como pretend\u00eda entonces el PP y como hizo en 2005 el PSOE-, ya que, al afectar a derechos fundamentales, entiende que debe hacerse mediante ley org\u00e1nica. Desde 2007, se contemplan en dos leyes ordinarias. Suficiente rango legal, seg\u00fan dice el Supremo en una \u00fanica sentencia de 2008 -que no sienta jurisprudencia-, en la que no se pronuncia sobre el contenido de esas normas, porque habr\u00eda significado excederse en sus competencias. <\/span><\/p>\n

Las asociaciones de jueces no ven, sin embargo, motivo para la alarma, siempre que se controlen \u00abposibles abusos\u00bb en el uso de Sitel, y se restrinja \u00aba casos especialmente graves, de narcotr\u00e1fico, terrorismo o redes organizadas\u00bb, seg\u00fan Marcelino Sexmero, portavoz de la Francisco de Vitoria. Antonio Garc\u00eda, de la mayoritaria Asociaci\u00f3n Profesional de la Magistratura, considera que \u00aben materia de derechos fundamentales no caben interpretaciones restrictivas\u00bb, por lo que entiende que el control judicial debe abarcar todos los extremos de la comunicaci\u00f3n. Por Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa duda \u00abque se utilice para fines distintos a los que prev\u00e9 la ley\u00bb. <\/span><\/p>\n

EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES \/ Un sistema cuestionado
<\/span><\/strong>La Agencia de Protecci\u00f3n de Datos y el Defensor del Pueblo investigan Sitel<\/font><\/span><\/strong><\/a> <\/p>\n

Estudian si es suficiente su regulaci\u00f3n mediante ley ordinaria, en lugar de org\u00e1nica<\/font><\/span><\/strong><\/p>\n

–><\/span>PALOMA D\u00cdAZ SOTERO<\/span><\/p>\n

<\/font><\/span><\/span><\/span>Madrid <\/span><\/span><\/p>\n

\"ZapateroLa legalidad del Sistema Integral de Interceptaci\u00f3n de Comunicaciones (Sitel) lleva d\u00edas -antes de que lo denunciara el PP- bajo la lupa de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos y del Defensor del Pueblo, ambas instituciones independientes y con capacidad para ejercer el control p\u00fablico. La Oficina de Enrique M\u00fagica inici\u00f3 su investigaci\u00f3n a ra\u00edz de una queja de los ciudadanos agrupados en la Asociaci\u00f3n de Internautas. <\/span><\/p>\n

Pero a la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD) no le ha hecho falta denuncia ajena para dudar de la legalidad del Sitel y, por iniciativa propia, decidi\u00f3 abrir una investigaci\u00f3n de oficio hace casi un mes. <\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n de la AEPD se cierne sobre el propio sistema de interceptaci\u00f3n de comunicaciones y \u00abla habilitaci\u00f3n legal\u00bb del mismo en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de datos personales, seg\u00fan indicaron ayer fuentes de la Agencia, que estos d\u00edas re\u00fane en Madrid a las principales autoridades mundiales sobre protecci\u00f3n de datos en la Conferencia Internacional de Privacidad. <\/span><\/p>\n

Recordemos que Sitel es un sistema usado por las Fuerzas de Seguridad capaz de interceptar llamadas telef\u00f3nicas y de localizar a las personas que est\u00e1n al aparato, igual que la ubicaci\u00f3n de los comunicantes de correos electr\u00f3nicos. Su uso por parte de las autoridades estar\u00eda vinculado a la Ley 25\/2007 de Conservaci\u00f3n de Datos Relativos a las Comunicaciones Electr\u00f3nicas y a las Redes P\u00fablicas de Comunicaciones. <\/span><\/p>\n

\u00abEsta ley\u00bb, indica la propia norma, \u00abse aplicar\u00e1 a los datos de tr\u00e1fico y de localizaci\u00f3n sobre personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado\u00bb. <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la denuncia de la Asociaci\u00f3n de Internautas ante el Defensor del Pueblo, que tambi\u00e9n ha denunciado el Sitel ante la Comisi\u00f3n Europea, \u00abeste sistema deber\u00eda estar regulado por ley org\u00e1nica, dado que afecta a derechos fundamentales\u00bb, tales como el derecho a la privacidad y la intimidad. <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan recuerdan los denunciantes, el Defensor del Pueblo, en respuesta a su queja, solicit\u00f3 el 26 de octubre un informe a la Secretar\u00eda del Estado de Seguridad y a la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informaci\u00f3n sobre el funcionamiento de Sitel. <\/span><\/p>\n

Respecto a las consecuencias de las investigaciones, si la AEPD constatara una invasi\u00f3n de la Ley de Protecci\u00f3n de Datos, declarar\u00eda una infracci\u00f3n (no econ\u00f3mica) que deber\u00eda obligar a los poderes p\u00fablicos a corregir los aspectos ilegales. En el caso del Defensor, si aprecia una conculcaci\u00f3n de derechos fundamentales podr\u00eda instar a corregir la norma o recurrir al Tribunal Constitucional. <\/span><\/p>\n

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EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES \/ Un sistema cuestionado<\/font><\/span><\/strong><\/a> <\/p>\n

Los polic\u00edas lo consideran legal si est\u00e1 bien controlado, pero piden m\u00e1s supervisi\u00f3n<\/font><\/span><\/strong><\/p>\n

–><\/span>Madrid <\/span><\/span><\/p>\n

\"ZapateroLa Confederaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Polic\u00eda (CEP) opin\u00f3 ayer que el Sistema Integrado de Interceptaci\u00f3n de Telecomunicaciones (Sitel) es \u00ablegal\u00bb, aunque necesita m\u00e1s control sobre su funcionamiento. Ignacio L\u00f3pez, secretario general de la CEP, se pronunciaba as\u00ed, en declaraciones a Servimedia, sobre el hecho de que el PP haya asegurado que Sitel es \u00abilegal e inconstitucional\u00bb, algo que ha rechazado el ministro del Interior, Alfredo P\u00e9rez Rubalcaba. <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan L\u00f3pez, este sistema de escuchas deber\u00eda estar controlado \u00abcon m\u00e1s garant\u00edas\u00bb, ya que as\u00ed \u00abnos evitar\u00edamos pol\u00e9micas en un futuro y garantizar\u00edamos que las investigaciones gozaran de todos los predicamentos judiciales y legales para que en el tr\u00e1mite del juicio no exista ning\u00fan tipo de problema\u00bb. Por este motivo, este representante de la CEP estim\u00f3 que es \u00abde mera l\u00f3gica\u00bb que, como ha reclamado el PP, el funcionamiento de Sitel est\u00e9 regulado por una ley org\u00e1nica y no \u00aba trav\u00e9s de reglamentos y circulares internas que no tratan con rigor este mecanismo\u00bb. <\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Por su parte, el Sindicato Unificado de Polic\u00eda (SUP) considera que es \u00ababsolutamente legal\u00bb el sistema. Jos\u00e9 Mar\u00eda Benito, portavoz del SUP, se\u00f1al\u00f3 que Sitel ha permitido que, en lo que se refiere a escuchas telef\u00f3nicas, las Fuerzas de Seguridad hayan pasado \u00abde estar en el siglo XIX a estar en el siglo XXI\u00bb. Destac\u00f3 que las grabaciones se realizan \u00abcon las mismas garant\u00edas que se hac\u00edan las otras escuchas, con intervenci\u00f3n y autorizaci\u00f3n judicial\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que lo \u00fanico que podr\u00eda ponerse \u00aben duda\u00bb es que Sitel permita localizar el lugar desde el que una persona est\u00e1 hablando con su m\u00f3vil. Sin embargo, afirm\u00f3 que, hasta el momento, ning\u00fan juez ha cuestionado este aspecto<\/span><\/p>\n

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EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES
<\/span><\/strong>Usar armas leg\u00edtimas<\/font><\/span><\/strong><\/a> <\/p>\n

–><\/span>PEDRO MART\u00cdNEZ<\/span><\/p>\n

<\/font><\/span><\/span><\/span>\"\"<\/font><\/a>La sociedad de la vigilancia ha llegado sin que casi nos hayamos dado cuenta. En parte, resulta esencial para facilitar los servicios que necesitamos. En parte, resulta cuestionable y puede resultar injustificable, intrusiva y opresiva. <\/span><\/span><\/p>\n

En Europa todo comienza con la Resoluci\u00f3n sobre Interceptaci\u00f3n Legal de las Comunicaciones de 19 de mayo de 1999, que fue la que dio a conocer la palabra Enfopol al mundo, que abre el camino a un sistema de interceptaci\u00f3n y vigilancia de las comunicaciones en todo el territorio de la Uni\u00f3n Europea. La extensi\u00f3n de los poderes otorgados a las polic\u00edas europeas mediante este plan, unido al secretismo que ha rodeado su gestaci\u00f3n y desarrollo, lo convierten en una grave amenaza potencial para la intimidad en la Europa del nuevo milenio. <\/span><\/p>\n

En Espa\u00f1a, es a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cuando el Gobierno (entonces, del PP) se implic\u00f3 decididamente en este proyecto. Adquiri\u00f3 e implant\u00f3 el software de interceptaci\u00f3n de las comunicaciones electr\u00f3nicas Sitel (versi\u00f3n espa\u00f1ola de Enfopol). Tras el 14-M, el PSOE, con todo su discurso sobre el buen gobierno, la \u00e9tica y la trasparencia, generaliz\u00f3 el uso del sistema sin debate alguno y sin control judicial efectivo, escondi\u00e9ndolo en una disposici\u00f3n de \u00ednfimo rango normativo para ocultar, o al menos disimular, su existencia, para que los medios no hicieran preguntas. <\/span><\/p>\n

Sitel no re\u00fane los requisitos para ser utilizado en una sociedad democr\u00e1tica: <\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/a>1\u00ba. Los jueces no han recibido informaci\u00f3n y formaci\u00f3n sobre esta tecnolog\u00eda. <\/span><\/p>\n

2\u00ba. Las operadoras de telefon\u00eda deben facilitar, sin que lo autorice el juez, datos personales de sus clientes, como su identificaci\u00f3n, domicilio, cuenta corriente o su DNI. <\/span><\/p>\n

3\u00ba. Las operadoras de telefon\u00eda deben facilitar datos personales de los interlocutores, aunque la orden de interceptaci\u00f3n no los incluya expresamente, como la localizaci\u00f3n de los interlocutores. <\/span><\/p>\n

4\u00ba. No existe garant\u00eda alguna de la autenticidad de la informaci\u00f3n que se aporta a los juzgados, ya que no existe autoridad certificadora que garantice la autenticidad, y los discos se entregan sin firma electr\u00f3nica y sin encriptar. <\/span><\/p>\n

5\u00ba. Toda la informaci\u00f3n que se intercepta queda almacenada sine d\u00ede en unos servidores que se encuentran en los llamados Centros de Interceptaci\u00f3n de las Comunicaciones, a disposici\u00f3n del Poder Ejecutivo. <\/span><\/p>\n

Es probable que Sitel haya servido para atrapar a algunos delincuentes, aunque las estad\u00edsticas criminales no dejan de crecer. Tambi\u00e9n puede ser que desde el Gobierno se haya usado para dar un zarpazo a sus rivales pol\u00edticos, lo cual es grav\u00edsimo y debe ser investigado, pero tampoco olvidemos que quienes ahora alzan su voz acusadora demandando justicia tambi\u00e9n son padres de la criatura. Nadie niega que el Estado pueda utilizar la tecnolog\u00eda para la lucha contra la delincuencia. Pero el Estado de Derecho no puede usar armas que no sean leg\u00edtimas, a menos que la sociedad empiece a perder su alma democr\u00e1tica. Pero si el esc\u00e1ndalo actual sirve para instalar controles democr\u00e1ticos y judiciales eficaces, bienvenido sea. <\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Pedro Mart\u00ednez es fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid<\/span><\/p>\n

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EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES \/ La propuesta 'popular'
<\/span><\/strong>El PP reclama una ley org\u00e1nica para el sistema de escuchas<\/font><\/span><\/strong><\/a> <\/p>\n

S\u00e1enz de Santamar\u00eda cree que la falta de regulaci\u00f3n puede afectar al 'caso G\u00fcrtel'<\/font><\/span><\/strong><\/p>\n

MANUEL S\u00c1NCHEZ<\/span><\/p>\n

<\/font><\/span><\/span><\/span>Madrid <\/span><\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>El uso del sistema Sitel, que permite todo tipo de escuchas de tel\u00e9fonos m\u00f3viles y localizaci\u00f3n de cada interlocutor, ha desatado toda una batalla pol\u00edtica que, adem\u00e1s, afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos. <\/span><\/p>\n

La batalla, sin embargo, se libra s\u00f3lo en el aspecto m\u00e1s pol\u00edtico, sin tener en cuenta la inquietud ciudadana que est\u00e1 provocando. <\/span><\/p>\n

As\u00ed, el Partido Popular ha entrado de lleno en este asunto tras sufrir las consecuencias en el 'caso G\u00fcrtel'. <\/span><\/p>\n

Fue la portavoz del Grupo Popular, Soraya S\u00e1enz de Santamar\u00eda, quien sali\u00f3 ayer a criticar que el ministro del Interior, Alfredo P\u00e9rez Rubalcaba, prefiera el descontrol del uso del sistema Sitel en lugar de una regulaci\u00f3n. Por ello, anunci\u00f3 que su grupo registr\u00f3 ayer una Proposici\u00f3n no de Ley en la que se reclama al Gobierno una Ley Org\u00e1nica para garantizar el control judicial en el uso de dicho sistema. <\/span><\/p>\n

S\u00e1enz de Santamar\u00eda explic\u00f3 que el secreto de las comunicaciones es una libertad que tiene que defenderse y que cede ante determinados delitos graves, pero siempre con una regulaci\u00f3n legal que diga c\u00f3mo y hasta d\u00f3nde, \u00abpara que los espa\u00f1oles tengan la tranquilidad de que sus libertades est\u00e1n garantizadas\u00bb. <\/span><\/p>\n

Una y otra vez, la portavoz del PP insisti\u00f3 en que no comprende los recelos del PSOE, \u00aby como no los comprendo, llevaremos un debate a la C\u00e1mara para que se apruebe una ley que diga c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y hasta d\u00f3nde se utilizan estos dispositivos. Estamos hablando de la intimidad, de la libertad de la comunicaci\u00f3n de los espa\u00f1oles, y este tema exige una debida regulaci\u00f3n\u00bb, afirm\u00f3. Incluso, la portavoz del PP indic\u00f3 que si esta iniciativa prosperase podr\u00eda afectar a \u00abprocedimientos en marcha\u00bb, como el caso G\u00fcrtel. <\/span><\/p>\n

El PSOE sigui\u00f3 en el puro debate pol\u00edtico. As\u00ed, su portavoz parlamentario, Jos\u00e9 Antonio Alonso, se limit\u00f3 a censurar la hipocres\u00eda del PP en este asunto. <\/span><\/p>\n

Alonso, jurista de reconocido prestigio, se puso el traje de pol\u00edtico y acus\u00f3 al PP de tener \u00abbastante cara dura\u00bb para reprochar el uso de un sistema que fue comprado durante el Gobierno de Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar. <\/span><\/p>\n

El portavoz socialista indic\u00f3 que el sistema es \u00abperfectamente legal y constitucional\u00bb, pues se usa bajo control judicial y en el marco de un proceso judicial, y record\u00f3 que est\u00e1 avalado por el Tribunal Supremo. <\/span><\/p>\n

Y a\u00f1adi\u00f3: \u00abLa sospecha permanente sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado es una muy seria irresponsabilidad. No merecemos como pa\u00eds que se lancen sospechas permanentes sobre nuestras instituciones, que es lo que hace el PP, sin fundamentos, arbitrariamente y sin prueba ni acreditaci\u00f3n\u00bb. <\/span><\/p>\n

En el resto de grupos parlamentarios hay posturas encontradas. As\u00ed, la portavoz en la Comisi\u00f3n de Interior de CiU, Merc\u00e8 Pigem, indic\u00f3: \u00abNo tenemos nada en contra del sistema, pero s\u00ed de su utilizaci\u00f3n, que tiene que ser con plenas garant\u00edas legales\u00bb. <\/span><\/p>\n

Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se inclin\u00f3 por criticar la hipocres\u00eda del PP: \u00abEs un sistema legal, avalado por el Tribunal Supremo, que compr\u00f3 el Gobierno del Partido Popular\u00bb<\/span><\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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