{"id":5807,"date":"2009-12-11T11:33:36","date_gmt":"2009-12-11T11:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=5807"},"modified":"2009-12-11T11:33:36","modified_gmt":"2009-12-11T11:33:36","slug":"un-legalismo-erroneo-en-el-caso-haidar-por-andres-de-la-oliva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=5807","title":{"rendered":"Un legalismo err\u00f3neo en el \u00abcaso Haidar\u00bb (por Andr\u00e9s de la Oliva)"},"content":{"rendered":"
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ANDR\u00c9S DE LA OLIVA SANTOS, Catedr\u00e1tico de Derecho Procesal. Universidad Complutense<\/span><\/div>\n
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(Publicado en ABC<\/em>, aqu\u00ed<\/a>)<\/div>\n
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Los portavoces de varias asociaciones judiciales y la Organizaci\u00f3n M\u00e9dica Colegial (OMC) afirman que la alimentaci\u00f3n forzosa de Aminatu Haidar no es posible a causa de la Ley 41\/2002, de 14 de noviembre, \u00abb\u00e1sica reguladora de la autonom\u00eda del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica\u00bb. Seg\u00fan la prensa, la OMC ha llegado a afirmar que ser\u00eda delictivo salvar la vida de Haidar contra su voluntad. Pienso que esos magistrados y m\u00e9dicos cometen un grave error, compartido, al parecer, por el Juez competente. Y, con urgencia, explico mi criterio.<\/div>\n
Ante todo, es de recordar que, conforme al art. 3.1 del C\u00f3digo Civil, en sede de su T\u00edtulo Preliminar, conjunto normativo al que los juristas reconocemos categor\u00eda cuasi-constitucional, \u00ablas normas se interpretar\u00e1n seg\u00fan el sentido propio de sus palabras, en relaci\u00f3n con el contexto, los antecedentes hist\u00f3ricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al esp\u00edritu y finalidad de aqu\u00e9llas\u00bb. Esos diversos elementos interpretativos no son subsidiarios unos de otros. Todos han de ser tomados en consideraci\u00f3n. Y el m\u00e1s importante de todos es el del inciso final, que incluye un adverbio imposible de ignorar: \u00abatendiendo fundamentalmente al esp\u00edritu y finalidad de aqu\u00e9llas\u00bb (de las normas). Es lo que se denomina criterio teleol\u00f3gico: con qu\u00e9 fin razonable ha sido aprobada cada norma.<\/div>\n
Al invocar, como ley aplicable primordialmente al \u00abcaso Haidar\u00bb, la Ley 41\/2002, se est\u00e1 olvidando lo que esa misma ley afirma, en sus primeros preceptos, sobre su \u00e1mbito y su objeto: En el art. 1 leemos que \u00abtiene por objeto la regulaci\u00f3n de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, as\u00ed como de los centros y servicios sanitarios, p\u00fablicos y privados, en materia de autonom\u00eda del paciente y de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica\u00bb. Y el art. 2.1 afirma que \u00abla dignidad de la persona humana, el respeto a la autonom\u00eda de su voluntad y a su intimidad orientar\u00e1n toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la informaci\u00f3n y la documentaci\u00f3n cl\u00ednica\u00bb.<\/div>\n
Se trata, pues, de una ley sobre aspectos de la asistencia m\u00e9dica y sanitaria a \u00abpacientes\u00bb y a \u00abusuarios\u00bb. Y aqu\u00ed ya resulta obligado plantearse si Haidar, acostada en el Aeropuerto de Lanzarote, es una \u00abpaciente\u00bb o una \u00abusuaria\u00bb, en el sentido de esa Ley. V\u00e9ase: \u00abpaciente\u00bb es la \u00abpersona que requiere asistencia sanitaria y est\u00e1 sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperaci\u00f3n de su salud\u00bb; y \u00abusuario\u00bb, la \u00abpersona que utiliza los servicios sanitarios de educaci\u00f3n y promoci\u00f3n de la salud, de prevenci\u00f3n de enfermedades y de informaci\u00f3n sanitaria\u00bb. (art. 3) Seg\u00fan estas definiciones, Haidar no es ni \u00abpaciente\u00bb ni \u00abusuaria\u00bb. Me parece m\u00e1s que dudoso que dejar morir a Haidar venga exigido por la autonom\u00eda de la voluntad de los \u00abpacientes\u00bb o \u00abusuarios\u00bb de centros y servicios sanitarios.<\/div>\n
Y es que, adem\u00e1s, ocurre algo sumamente significativo, a saber: que en toda la Ley 41\/2002 no se utiliza ni una sola vez la palabra \u00abvida\u00bb. \u00bfPor qu\u00e9? \u00bfPorque nunca, durante la elaboraci\u00f3n de la ley, pensaron en la vida ni el Gobierno ni las C\u00e1maras legislativas? Es una explicaci\u00f3n inaceptable porque resulta alt\u00edsimamente improbable tama\u00f1o despiste mental. Mucho m\u00e1s convincente encuentro entender que, en todo lo que esa Ley regula, la Ley se quiere referir, y de hecho se refiere \u00fanicamente a la salud: a la salud y a la enfermedad, no a la vida o la muerte. \u00bfC\u00f3mo se atreven entonces a sostener, con esa Ley en la mano, que la dignidad de la persona incluye legalmente una especie de \u00abderecho al suicidio\u00bb y que el respeto a esa dignidad impone contemplar impasibles c\u00f3mo una persona muere desnutrida y deshidratada? Nuestro Tribunal Constitucional (TC) ha negado en varias ocasiones la existencia de un \u00abderecho a la propia muerte\u00bb.<\/div>\n
Defiendan, pues, si pueden, su particular idea de \u00abdignidad de la persona\u00bb, pero no con invocaci\u00f3n de esa Ley. No digan que se alza como obst\u00e1culo insalvable para evitar la muerte, por voluntaria que sea, en un caso que nada tiene que ver con enfermedad penosa o terminal, con la objeci\u00f3n de conciencia o con el derecho a la libertad religiosa (como los Testigos de Jehov\u00e1 para rehusar transfusiones de sangre). Y cuando esgrimen la \u00abautonom\u00eda de la voluntad\u00bb, sean serios. Esa \u00abautonom\u00eda de la voluntad\u00bb de la Ley 41\/2002 es la \u00abautonom\u00eda del paciente\u00bb. Y la autonom\u00eda del paciente, ha de relacionarse con tratamientos relativos a la salud, que es de lo que la Ley trata, pero dejando a un lado el riesgo inminente de perder la vida o el peligro cierto de muerte inmediata. As\u00ed, pues, como quiera que a) esa autonom\u00eda del individuo no llega a ser \u00abderecho a la muerte\u00bb; b) la vida es, seg\u00fan el com\u00fan sentido y reiterada jurisprudencia del TC, \u00abun valor superior del ordenamiento jur\u00eddico constitucional\u00bb y un \u00absupuesto ontol\u00f3gico sin el que los restantes derechos no tendr\u00edan existencia posible\u00bb, etc; y c) muchas personas distintas tienen diversos deberes de protecci\u00f3n de la vida, la conclusi\u00f3n es que m\u00e9dicos y jueces deben proceder sin demora a evitar la muerte de Haidar.<\/div>\n
La atenci\u00f3n a lo que, en tales y cuales casos (distintos del presente), dijeron este y aquel tribunal, una atenci\u00f3n que, por lo dem\u00e1s, casi nunca incluye la lectura \u00edntegra y atenta de las sentencias, no debe reemplazar el esfuerzo de interpretar racionalmente las normas, en el conjunto del entero ordenamiento jur\u00eddico. Del legalismo miope derivan barbaridades como la de que, ante alguien tendido en el suelo de un aeropuerto, o en la calle, tenemos que esperar a que se encuentre inconsciente y casi muerto para hacer algo en favor de su vida. De ese legalismo deriva tambi\u00e9n el desprop\u00f3sito de que a un preso s\u00ed se le puede imponer la alimentaci\u00f3n que le salvar\u00e1, porque se encuentra en el interior de un establecimiento penitenciario y, en cambio, hay que dejar que muera quien no est\u00e1 privado de libertad (aunque tambi\u00e9n en un recinto estatal). Al borracho o drogado, que no est\u00e1 en condiciones de opinar sobre s\u00ed mismo, se le puede salvar incluso sin buscar, encontrar y recabar de su representante legal el consentimiento informado. Se pretende, en cambio, que si alguien se est\u00e1 dejando morir conscientemente, su libertad (l\u00e9ase \u00abautonom\u00eda\u00bb) y su dignidad personal nos exoneran de evitar su muerte.<\/div>\n
Nunca, en nombre del Derecho, que tiene entra\u00f1as de raz\u00f3n y de humanidad, aceptar\u00e9 la degradaci\u00f3n de la libertad y de la dignidad que supone la omisi\u00f3n de ayuda, administrativa, m\u00e9dica y judicial, para evitar la muerte. Todos, de sernos posible, y sin necesidad de \u00abconsentimiento informado\u00bb, debemos salvar la vida de la persona que est\u00e1 por arrojarse al vac\u00edo desde un puente. No hay \u00abtestamento vital\u00bb que valga ante una situaci\u00f3n como \u00e9sa. La libertad de una persona puede incluir, s\u00ed, el propio aniquilamiento, pero cuando llega a ese extremo, deja de merecer respeto absoluto y no prevalece sobre los deberes de otras personas.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ANDR\u00c9S DE LA OLIVA SANTOS, Catedr\u00e1tico de Derecho Procesal. 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