aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\nEn Italia acaban de condenar a ejecutivos de Google por alojar en sus servidores un v\u00eddeo en el que se abusaba de un menor con s\u00edndrome de Down que fue incorporado a la red por unos usuarios del pa\u00eds transalpino. El controvertido fallo ha provocado un enorme debate porque pone l\u00edmites a ese gran espacio de libertad de informaci\u00f3n y de intercambio de contenidos que es internet. Supone adem\u00e1s un nuevo llamamiento a los pa\u00edses a legislar con mayor claridad para acotar la responsabilidad propia de los sitios web y la que pertenece estrictamente a los usuarios que se aprovechan de las herramientas que \u00e9stos ponen a su alcance. <\/p>\n
El caso seguido por la Justicia italiana contra el buscador no es \u00fanico pero s\u00ed paradigm\u00e1tico. La sentencia afirma que Google –el gran gigante de internet en el mundo– es culpable por alojar los contenidos vejatorios y al mismo tiempo obtener beneficios por el tr\u00e1fico de usuarios e impone penas de c\u00e1rcel a tres directivos de la compa\u00f1\u00eda que no obraron con la debida diligencia preventiva. El fallo ignora la directiva europea del a\u00f1o 2000 que establece que los prestadores de servicios de Internet no pueden ser considerados responsables de datos almacenados a petici\u00f3n del destinatario, ni por supuesto tiene en consideraci\u00f3n la regulaci\u00f3n estadounidense que manifiesta que ni el proveedor ni el usuario de un servicio inform\u00e1tico ser\u00e1n considerados editores o emisores de la informaci\u00f3n provista por terceros. <\/p>\n<\/p>\n
QUEDA CLARO pues que la sentencia, aunque no es pionera en Europa, pone en tela de juicio la denominada web 2.0, aquella en la que todos o buena parte de los contenidos visibles son ofrecidos por los propios usuarios, y deja a los agregadores de contenidos, a los propios buscadores y a numerosos sitios web en una situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad legal. <\/p>\n
En Espa\u00f1a tambi\u00e9n ha habido pol\u00e9micas similares, pero nunca con un resultado tan n\u00edtido como el de estos d\u00edas en Italia. El esp\u00edritu de la mencionada directiva comunitaria ya aparece claramente en el art\u00edculo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n espa\u00f1ola, dictada en el 2002, que dice literalmente: "Los prestadores de un servicio de intermediaci\u00f3n consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no ser\u00e1n responsables por la informaci\u00f3n almacenada a petici\u00f3n del destinatario, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la informaci\u00f3n almacenada es il\u00edcita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnizaci\u00f3n, o, si lo tienen, act\u00faen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos". Sin embargo, el Tribunal Supremo fall\u00f3 contra la Asociaci\u00f3n de Internautas en la denuncia que le plante\u00f3 la Sociedad General de Autores (SGAE) por alojar en sus servidores los contenidos del dominio putasgae.org, aunque fuera con otro nombre. El tribunal entendi\u00f3 que el t\u00e9rmino "putasgae" deb\u00eda de haber puesto sobre aviso a la mencionada asociaci\u00f3n, como proveedora de hosting, de la potencial ilicitud de lo all\u00ed publicado. <\/p>\n
Como se ve, ni en Espa\u00f1a ni en Europa hay una regulaci\u00f3n clara respecto de la responsabilidad de los contenidos dudosos –cada vez m\u00e1s abundantes– que se exponen en internet ni, lo que es peor, existe una percepci\u00f3n de los riesgos que supone su difusi\u00f3n por parte de una mayor\u00eda de usuarios. Si grave es la indefensi\u00f3n en la que pueden llegarse a encontrar muchos dominios por los contenidos que ofrecen determinados individuos, m\u00e1s perjudicial parece la propia irresponsabilidad de estos usuarios, que acabar\u00e1 poniendo en tela de juicio ese gran espacio de libertad que es internet. Al obligar a que los sitios de internet tengan que supervisar todos y cada uno de los contenidos que, a\u00fan si\u00e9ndoles propios, son colocados por terceros, internet se empobrecer\u00e1 y las limitaciones a la libertad de expresi\u00f3n ir\u00e1n a m\u00e1s. La censura previa o la coerci\u00f3n nunca fueron, ni ser\u00e1n, los mejores m\u00e9todos para cambiar las cosas ni para enriquecer los discursos p\u00fablicos. <\/p>\n<\/p>\n
SITUACIONES COMO las vividas estos d\u00edas en Italia obligan al legislador y a los jueces a tomarse en serio la necesidad de actuar y de ofrecer un marco legal claro y un\u00edvoco. Y deber\u00edan llevar tambi\u00e9n a los usuarios a autorregularse, a dejar de prevalerse del anonimato y de la inmediatez que ofrece la red no ya para lanzar consignas o mensajes subversivos, lo cual puede ser hasta necesario, sino directamente para vejar, perjudicar o insultar a personas o entidades. <\/p>\n
De poco sirve rasgarse las vestiduras cuando nos enteramos de que en China las autoridades exigen a los proveedores de internet que impidan a los clientes la lectura de p\u00e1ginas que contengan palabras consideradas conflictivas mientras aqu\u00ed nos vamos a tener que obligar a buscar otros filtros para echar de la web a los aut\u00e9nticos energ\u00famenos que malmeten, limitando en m\u00e1s ocasiones de las deseables el libre ejercicio de una mayor\u00eda honesta y seria. Unos aguafiestas que seguir\u00e1n navegando por internet pese a sentencias como la dictada contra Google, pues los verdaderos responsables de la difusi\u00f3n del v\u00eddeo vejatorio fueron los ciudadanos que lo grabaron y los que utilizaron la tecnolog\u00eda que le transfiri\u00f3 el buscador para colocar la cinta visible para todos. Siempre habr\u00e1 un puerto franco, otro portal, otro sitio, otro pa\u00eds, en que los potenciales delincuentes de internet encontrar\u00e1n acomodo y, con su vil actitud, acabar\u00e1n limitando los derechos de una gran mayor\u00eda fascinada por la preciosa revoluci\u00f3n que ha supuesto la red de redes en apenas diez a\u00f1os. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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