art\u00edculo 155 de la Constituci\u00f3n<\/strong>, como el s\u00e1bado se apuntaba en la portada de este peri\u00f3dico.<\/p>\n"El uso del art\u00edculo 155 ser\u00eda una mala noticia para la vida pol\u00edtica espa\u00f1ola; antes deben activarse otras medidas"<\/p>\n
Para entender bien tan relevante art\u00edculo y comprender lo que su aplicaci\u00f3n supone, es \u00fatil realizar una serie de precisiones. De entrada, es b\u00e1sico conocer sus dos apartados, no hablar de o\u00eddas. Dicen as\u00ed: "1. Si una Comunidad Aut\u00f3noma no cumpliere las obligaciones que la Constituci\u00f3n u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al inter\u00e9s general de Espa\u00f1a, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Aut\u00f3noma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobaci\u00f3n por mayor\u00eda absoluta del Senado, podr\u00e1 adoptar las medidas necesarias para obligar a aqu\u00e9lla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protecci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s general. 2. Para la ejecuci\u00f3n de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podr\u00e1 dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Aut\u00f3nomas". Por \u00faltimo, hay que saber que dada la decisiva participaci\u00f3n del Senado, su Reglamento establece en su art\u00edculo 189 -en cinco apartados- el procedimiento a seguir.<\/p>\n
En primer lugar, cabe se\u00f1alar que no estamos ante ninguna rareza constitucional<\/strong>. La mayor parte de las constituciones que tienen Estados descentralizados contemplan estos art\u00edculos que garantizan la superioridad de la Carta Magna y del inter\u00e9s general frente a posibles desobediencias graves de las autonom\u00edas, regiones o 'l\u00e4nder'. Sin embargo, s\u00ed podemos realizar una importante aclaraci\u00f3n. De los dos procedimientos de control al uso en nuestro Derecho comparado, el constituyente espa\u00f1ol de 1978 opt\u00f3 por el m\u00e1s suave o respetuoso con las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong>, que es lo que los alemanes llaman la "coerci\u00f3n federal" y regulan en el art\u00edculo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. De hecho, nuestro art\u00edculo 155 pr\u00e1cticamente copia el citado art\u00edculo 37, alej\u00e1ndose de procedimientos m\u00e1s radicales y gravosos para las regiones o autonom\u00edas como su suspensi\u00f3n o incluso su disoluci\u00f3n, tal y como contemplan, por ejemplo, el art\u00edculo 100.1 de la Constituci\u00f3n austr\u00edaca de 1920 ("Toda Dieta regional podr\u00e1 ser disuelta…"), el art\u00edculo 126 de la Constituci\u00f3n italiana de 1947 ("Se acordar\u00e1n por decreto motivado del presidente de la Rep\u00fablica la disoluci\u00f3n del Consejo Regional y la remoci\u00f3n del presidente de la Junta…") o el art\u00edculo 234.1 de la Constituci\u00f3n portuguesa de 1976 ("Los \u00f3rganos de las regiones aut\u00f3nomas podr\u00e1n ser disueltos o suspendidos por el Presidente de la Rep\u00fablica…"). Por tanto,en Espa\u00f1a no cabe la suspensi\u00f3n ni la disoluci\u00f3n, tan s\u00f3lo la coerci\u00f3n o, como dice nuestra Constituci\u00f3n, "obligar al cumplimiento forzoso"<\/strong>. Bien es verdad que todo ello para el caso de las Comunidades Aut\u00f3nomas, pues s\u00ed cabe la disoluci\u00f3n de las corporaciones locales o Ayuntamientos, tal y como contempla el art\u00edculo 61 de la Ley de Bases del R\u00e9gimen Local de 1985, que en su apartado primero apunta que el Consejo de Ministros, con acuerdo favorable del Senado, podr\u00e1 por real decreto disolver los \u00f3rganos de las corporaciones locales por gesti\u00f3n gravemente da\u00f1osa al inter\u00e9s general. Supuesto, por cierto, que ocurri\u00f3 el 7 de abril de 2006 con la disoluci\u00f3n del Ayuntamiento de Marbella<\/strong> (Real Decreto 421\/2006).<\/p>\n"\u00bfTiene sentido que antes de llegar a esta situaci\u00f3n se activen otras medias? Entiendo que s\u00ed. Y estoy pensando en el poder moderador del jefe del Estado"<\/p>\n
En segundo lugar, estamos ante un supuesto excepcional o extraordinario, tal y como indica el Tribunal Constitucional en diferentes Sentencias<\/strong> (SSTC 6\/1982, f. j. 7\u00ba; 27\/1987, f. j. 9\u00ba y 49\/1988, f. j. 31\u00ba). Esto en Derecho, l\u00f3gicamente, tiene sus consecuencias: primero, hay que agotar las medidas ordinarias de control que tenemos a nuestro alcance; segundo, la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 155 siempre tiene que ser de car\u00e1cter restrictivo, nunca expansivo<\/strong>; y tercero, suaplicaci\u00f3n gradual y proporcionada, am\u00e9n de profusamente motivada, con medidas muy concretas y acotadas<\/strong>, siendo jur\u00eddicamente claves los t\u00e9rminos del previo requerimiento al presidente de la Comunidad Aut\u00f3noma y, si son desatendidos, las claras medidas a adoptar. Respecto de lo extraordinario del supuesto que regula el art\u00edculo 155, se refer\u00eda uno de nuestros 'padres' de la Constituci\u00f3n, P\u00e9rez Llorca<\/strong>, en el proceso constituyente en la sesi\u00f3n de 16 de junio de 1978, de forma hoy casi prof\u00e9tica: "La introducci\u00f3n de preceptos que tienen que venir a solucionar casos hipot\u00e9ticos que nadie desea que se produzcan, y que probablemente no se producir\u00e1n, pero que la Historia conoce que se han producido".<\/p>\nEn tercer lugar, aunque el art\u00edculo 155 apunta como \u00f3rgano incumplidor a "una Comunidad Aut\u00f3noma", la realidad se\u00f1ala que b\u00e1sicamente nos centramos en los dos \u00f3rganos ejecutivos principales de una Comunidad, esto es, su Gobierno y su presidente a la cabeza. El resto de \u00f3rganos o poderes p\u00fablicos de la Comunidad es raro o pr\u00e1cticamente imposible que puedan activar, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, este art\u00edculo, s\u00ed otros de la Constituci\u00f3n o del ordenamiento jur\u00eddico que regulen controles ordinarios, pero no este caso excepcional. Por lo dem\u00e1s, los dos supuestos habilitadores de la coerci\u00f3n no dejan de ser en el fondo bastante complementarios. Resulta raro que se d\u00e9 uno sin el otro. Es fundamental destacar la gravedad, cosa que el segundo supuesto hace ("que atente gravemente al inter\u00e9s general de Espa\u00f1a"<\/strong>, dice el art. 155.1), pero no el primero, de forma bastante err\u00f3nea, pues seguro que un poder u \u00f3rgano p\u00fablico de una Comunidad Aut\u00f3noma habr\u00e1 incumplido alguna ley, y no por ello se activa el art\u00edculo 155.<\/p>\nEn cuarto lugar, como ya hemos se\u00f1alado, el art\u00edculo 155 es la \u00faltima ratio, el \u00faltimo recurso ante una situaci\u00f3n verdaderamente grave, que obliga al Gobierno de la Naci\u00f3n a limitar puntualmente el derecho de autonom\u00eda regulado en el art\u00edculo 2 CE. \u00bfTiene sentido que antes de llegar a esta situaci\u00f3n se activen otras medidas?<\/strong> Entiendo que s\u00ed. Y en este caso estoy pensando en el poder moderador y arbitral del jefe del Estado, regulado en el art\u00edculo 56.1 CE, que vela por el "funcionamiento regular de las instituciones". L\u00f3gicamente, si se atenta gravemente contra el inter\u00e9s general de Espa\u00f1a, no hay un funcionamiento regular, sino una situaci\u00f3n realmente decisiva, que precisa por tanto de la actuaci\u00f3n del Poder Moderador de la Corona<\/strong>. Tampoco es desde\u00f1able activar y mejorar el Poder Corrector del Tribunal Constitucional ante situaciones excepcionales -y la posible ruptura del Estado sin duda lo es-, siempre dentro de los cauces establecidos en la Constituci\u00f3n.<\/p>\nPor \u00faltimo, nos queda la delicada cuesti\u00f3n de qu\u00e9 tipo de medidas puede adoptar el Gobierno de Espa\u00f1a frente a la Comunidad Aut\u00f3noma incumplidora para corregirla; ya sabemos que la suspensi\u00f3n o disoluci\u00f3n de la misma no cabe en nuestro sistema constitucional. En importante medida, las mismas dependen o deben ser proporcionales al grado o tipo de incumplimiento. El Gobierno de Espa\u00f1a act\u00faa pues en reacci\u00f3n o proporci\u00f3n al nivel de gravedad del incumplimiento realizado por la Comunidad Aut\u00f3noma. No parece l\u00f3gica ni proporcionada la intervenci\u00f3n de las Fuerzas Armadas<\/strong>, ya que su funci\u00f3n principal es salvaguardar la seguridad frente a agresiones externas, que no es el caso.<\/p>\nLo m\u00e1s adecuado es utilizar a los representantes del Estado en la propia Comunidad Aut\u00f3noma, esto es, a los funcionarios p\u00fablicos que, como determina el art\u00edculo 103 CE velan por el inter\u00e9s general y se rigen por los principios de jerarqu\u00eda y coordinaci\u00f3n, entre otros, y lo que es m\u00e1s importante "con sometimiento a la ley y al Derecho". El Gobierno de Espa\u00f1a debe darles las instrucciones pertinentes para suspender y anular los actos contrarios al ordenamiento jur\u00eddico o al inter\u00e9s general de Espa\u00f1a. Incluso puede utilizar medidas econ\u00f3micas de bloqueo y presi\u00f3n<\/strong>, no debemos olvidar que el T\u00edtulo VII de la Constituci\u00f3n sobre "Econom\u00eda y Hacienda" abre con el art\u00edculo 128.1 que se\u00f1ala: "Toda la riqueza del pa\u00eds en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est\u00e1 subordinada al inter\u00e9s general".<\/p>\nEl problema se complicar\u00eda si con la actuaci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos no bastara y si se tuviera que recurrir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado<\/strong>, algo evidentemente poco deseable. El art\u00edculo 104 CE indica que dependen del Gobierno y protegen el libre ejercicio de los derechos y las libertades. Por lo dem\u00e1s, su ley de desarrollo, la Ley Org\u00e1nica 2\/1986, de 13 de marzo, contempla como primera funci\u00f3n en su art\u00edculo 11.1.a) Velar por el cumplimiento de las Leyes. Ser\u00eda, en cualquier caso, el propio Senado, por mayor\u00eda absoluta, quien tuviera que contemplar la existencia de este supuesto extremo.<\/p>\nEl uso del art\u00edculo 155 es una mala noticia para la vida pol\u00edtica espa\u00f1ola<\/strong>, es s\u00edntoma de que alg\u00fan poder auton\u00f3mico constitucional se est\u00e1 excediendo gravemente en sus funciones y fuerza hasta el l\u00edmite al Gobierno de la Naci\u00f3n, que obligatoriamente tiene que actuar en defensa del bien com\u00fan y del inter\u00e9s general.<\/p>\nDavid Ortega<\/strong> es catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"LPO DAVID ORTEGA (Publicado en El Mundo, aqu\u00ed) En la vida siempre es \u00fatil conocer y partir de la realidad y no confundir \u00e9sta con lo deseable. El escenario del futuro Parlamento catal\u00e1n es el que es: mayor\u00eda absoluta de dos fuerzas independentistas (Junts pel S\u00ed y la CUP). 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