{"id":5240,"date":"2010-07-01T00:18:20","date_gmt":"2010-07-01T00:18:20","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=5240"},"modified":"2010-07-01T00:18:20","modified_gmt":"2010-07-01T00:18:20","slug":"una-sentencia-en-el-camino-por-juan-jose-solozabal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=5240","title":{"rendered":"Una sentencia en el camino (por Juan Jos\u00e9 Soloz\u00e1bal)"},"content":{"rendered":"

(Publicado en Reggio\u00b4s-El Pa\u00eds<\/em>, aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

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Tenemos, pues, sentencia. Pero no puede hacer imposibles: no puede transformar un Estatuto ambiguo, con alma de Constituci\u00f3n y cuerpo de reglamento, en una norma irreprochable desde el punto de vista t\u00e9cnico.<\/em><\/p>\n

No es que confiara mucho, pero bastantes de las reacciones ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonom\u00eda me han defraudado, pues se mueven inoportunamente en un registro que no es el que corresponde en este momento. Me atrevo a pedir algo de fineza en el an\u00e1lisis y no manifestar una mera opini\u00f3n pol\u00edtica, lo que creo que es especialmente exigible a algunos cargos institucionales, que se han limitado a saludar, o no, a veces con destemplanza criticable, el fallo desde una \u00f3ptica exclusivamente partidista.<\/p>\n

Lo que debemos hacer es juzgar al Tribunal exclusivamente en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, que son los \u00fanicos conforme a los cuales debe operar. Sin caer en la cuenta de que el terreno en el que se presenta la cuesti\u00f3n ahora es el jur\u00eddico, sin llevar a cabo dicha distinci\u00f3n, sutil pero cierta, no vamos a ning\u00fan sitio. Ello no significa que se ignore que el control de un Estatuto de autonom\u00eda tiene alcance pol\u00edtico y que, por ello, presenta una dificultad especial. Tampoco pretendo excluir una repercusi\u00f3n pol\u00edtica de la sentencia, aunque no tendr\u00e1 predominantemente el significado de un reproche o censura de este tipo, pues todo el mundo sabe que un tribunal no es la instancia que en el Estado constitucional pone o quita los Gobiernos.<\/p>\n

Desde un punto de vista jur\u00eddico, lo que la sentencia significa es sin duda el funcionamiento regular de un \u00f3rgano del Estado que ha cumplido con su funci\u00f3n constitucional. El Tribunal Constitucional est\u00e1 para asegurar la regularidad de todo el ordenamiento del que forman parte importante los Estatutos de autonom\u00eda. Para afirmar la supremac\u00eda constitucional, se contempla un sistema de recursos que, interpuestos por quien tiene legitimaci\u00f3n, acaban en un fallo del Tribunal. A todos nos hubiera gustado una sentencia menos tard\u00eda y que dispusiera de un clima de aceptaci\u00f3n m\u00e1s sereno. No ha sido posible: como nos ocurre a las personas, las instituciones han de actuar a veces en condiciones que no son las \u00f3ptimas. Ha de tenerse en cuenta que el Tribunal ha debido pronunciarse sobre diversos recursos al respecto y que se trata de impugnaciones bien complejas y abundantes; por no referirnos al acoso indebido a que se ha sometido irresponsablemente a sus miembros. Esta instancia, mientras tanto, ha debido de reaccionar en otras oportunidades urgentes, por ejemplo decidiendo, en un servicio a la democracia impagable, sobre el Plan Ibarretxe,<\/em> etc\u00e9tera.<\/p>\n

Por lo que se refiere a la composici\u00f3n del Tribunal, cuesti\u00f3n planteada ventaj\u00edstamente por algunos, a mi juicio, la salida no era la renovaci\u00f3n a toda costa, pues la decadencia obligada de los asuntos hubiese parecido un desperdicio de medios que se habr\u00edan ido por la borda con el Tribunal saliente, pudiendo parecer que el cambio de componentes del \u00f3rgano jurisdiccional, m\u00e1xime contando con diversos precedentes de renovaciones retrasadas, obedec\u00eda a maniobras t\u00e1cticas, tendentes a evitar un fallo no deseado.<\/p>\n

Tenemos, pues, sentencia. Ahora bien, lo que no puede hacer la sentencia es imposibles: no puede transformar un Estatuto ambiguo -con alma de Constituci\u00f3n y cuerpo de reglamento, se ha dicho acertadamente- en una norma irreprochable desde un punto de vista t\u00e9cnico. Lo que puede hacer el Tribunal es depurarla, eliminando aquellos aspectos que manifiestamente no caben en el marco jur\u00eddico de la Constituci\u00f3n, proponiendo en cambio una comprensi\u00f3n adecuada de aquellos preceptos entendibles, aunque sea con algo de esfuerzo, conforme con la Norma Fundamental.<\/p>\n

Me parece que la sentencia se mover\u00e1 de acuerdo con dos ideas b\u00e1sicas: no es un buen planteamiento contraponer Catalu\u00f1a y Espa\u00f1a ni el Estatuto a la Constituci\u00f3n: el desarrollo de la personalidad de Catalu\u00f1a, se califique como se quiera su identidad, no tiene en el orden constitucional un l\u00edmite sino una garant\u00eda. Un gran vasco, a quien vamos a homenajear dentro de unos d\u00edas en la universidad de verano donostiarra, Jos\u00e9 Miguel de Azaola, lo expuso hace tiempo con total pertinencia: fortalecer a los integrantes de Espa\u00f1a -\u00e9l pensaba sobre todo en el Pa\u00eds Vasco y Catalu\u00f1a- es hacer a esta m\u00e1s sana, m\u00e1s equilibrada, m\u00e1s fuerte. Pues dec\u00eda el bilba\u00edno, \u201cno hay incompatibilidad alguna entre ambos robustecimientos de las partes y el conjunto: al contrario, se complementan y necesitan el uno al otro\u201d.<\/p>\n

Deber\u00eda entenderse bien la poda de los elementos identitarios a que procede la sentencia, tipo de ingredientes que por otra parte son un hallazgo necesario y conveniente en las normas estatutarias: la circunscripci\u00f3n espiritual de la condici\u00f3n nacional de Catalu\u00f1a, el reconocimiento del catal\u00e1n sin dem\u00e9rito del castellano, tambi\u00e9n lengua de Catalu\u00f1a como de toda Espa\u00f1a, la apreciaci\u00f3n correcta, pero no constitucional como en el caso vasco y navarro, de los derechos hist\u00f3ricos.<\/p>\n

La segunda idea que creo resulta obligada asumir para entender la sentencia del Tribunal se refiere a lo siguiente. El Estado auton\u00f3mico es una forma cultural, pol\u00edtica, que necesita de una cierta sinton\u00eda entre sus partes, como dec\u00edamos. Pero es tambi\u00e9n una forma u orden que requiere de homogeneidad y capacidad de actuaci\u00f3n suficientes, especialmente en coyunturas como la presente de crisis, solo abordable con protagonismo internacional, europeo mayormente, pero no solo. Si el Estado es una unidad de decisi\u00f3n, ha de incrementarse su articulaci\u00f3n, que descansa sobre dos elementos: una homogeneidad m\u00ednima compartida y un liderazgo pol\u00edtico indudable.<\/p>\n

Esto quiere decir que el Estado compuesto que es nuestro Estado auton\u00f3mico no puede construirse, sin poner en riesgo su unidad funcional, mas all\u00e1 de un cierto grado de complejidad. Se ha de fomentar, por tanto, de modo inexcusable, el momento de la cooperaci\u00f3n, de la colaboraci\u00f3n a todos los niveles, conteniendo, por ejemplo, las duplicidades, lo que yo llamo la opulencia administrativa o burocr\u00e1tica. Cierto que la unidad no excluye la colaboraci\u00f3n plural en su consecuci\u00f3n, pero tal unidad compleja ha de armarse y constituirse a trav\u00e9s de un esfuerzo expl\u00edcito, inevitable en los Estados compuestos como es el nuestro. Esto significa: eliminaci\u00f3n de aquellos elementos del Estatuto que ponen en cuesti\u00f3n el funcionamiento integrado del Estado. Sin duda en ese terreno se explica la anulaci\u00f3n de una planta independiente del poder judicial en Catalu\u00f1a, o la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad ateniente al car\u00e1cter vinculante a los dict\u00e1menes del Consejo de Garant\u00edas, o el rebajamiento del significado, todav\u00eda m\u00e1s, de las comisiones bilaterales, o el rechazo por parte del Tribunal Constitucional de que desde una parte del Estado, Catalu\u00f1a en este caso -pero, ojo, otros Estatutos como el de Extremadura o el no nato de Castilla-La Mancha-, se impongan objetivos o trabas a las decisiones sobre el gasto p\u00fablico de la Hacienda general. O la atribuci\u00f3n estatutaria de competencias exclusivas que, seg\u00fan jurisprudencia constitucional constante, no existen salvo en los casos de autoorganizaci\u00f3n. O la denuncia de una comprensi\u00f3n estatutaria sobre las bases de la legislaci\u00f3n, que no son solo principios sino gu\u00edas y, en su caso, regulaci\u00f3n m\u00ednima del Estado, cuyo respeto se impone por la Constituci\u00f3n al Estatuto.<\/p>\n

Esta sentencia consolida el desarrollo del Estado auton\u00f3mico, tal como ha tenido lugar hasta este momento, en su aspecto competencial, confirmando la seriedad de nuestra descentralizaci\u00f3n, pero el pronunciamiento del Tribunal inaugura un segundo momento de nuestra forma pol\u00edtica que no es de negaci\u00f3n sino de superaci\u00f3n de lo recorrido. El empe\u00f1o, aunque sea dif\u00edcil, y a veces pueda estar planteado en t\u00e9rminos discutibles, bien merece la pena.<\/p>\n

Juan Jos\u00e9 Soloz\u00e1bal<\/strong> es catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional en la UAM.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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