{"id":4453,"date":"2011-03-09T19:29:20","date_gmt":"2011-03-09T19:29:20","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=4453"},"modified":"2011-03-09T19:29:20","modified_gmt":"2011-03-09T19:29:20","slug":"corrupcion-indignaos-por-francisco-sosa-wagner","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=4453","title":{"rendered":"Corrupci\u00f3n: \u00a1indignaos! (por Francisco Sosa Wagner)"},"content":{"rendered":"

Fco. Sosa Wagner y Mercedes Fuentes, El Mundo (Publicado en UPyD<\/em>, aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

Francisco Sosa Wagner, eurodiputado de UPyD<\/div>\n

Vivimos asediados por noticias de esc\u00e1ndalos y denuncias de corrupci\u00f3n que nos trasladan desde la estupefacci\u00f3n hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros p\u00fablicos y, si miramos el turbio vaso del d\u00e9ficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el l\u00e9gamo de estas pr\u00e1cticas.<\/p>\n

Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Act\u00faan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos b\u00edblicos o incluso a los geol\u00f3gicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garant\u00edas de los ciudadanos.<\/p>\n

Dejando aparte a la jurisdicci\u00f3n penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el orde\u00f1amiento) jur\u00eddico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se est\u00e1n activando o se est\u00e1n activando de manera deficiente. En concreto: \u00bfha de quedarse la Administraci\u00f3n paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organizaci\u00f3n colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? \u00bfHa de ser la Administraci\u00f3n el B\u00e1rtolo del rossiniano Barbero de Sevilla<\/em> que se queda como una estatua \u00abfr\u00eda e inm\u00f3vil\u00bb?<\/p>\n

Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra \u00ablas inmunidades del poder\u00bb, en la bella expresi\u00f3n de Garc\u00eda de Enterr\u00eda.<\/p>\n

Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos esc\u00e1ndalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre est\u00e1n relacionados con el urbanismo, los contratos p\u00fablicos y las subvenciones. Pues bien, en el \u00e1mbito del urbanismo, desde hace d\u00e9cadas (incluso desde el franquismo), la Administraci\u00f3n puede declarar la invalidez de planes, de promociones urban\u00edsticas, de parcelaciones o de licencias de edificaci\u00f3n y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacer\u00edas que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es m\u00e1s: se pueden imponer sanciones econ\u00f3micas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.<\/p>\n

Sin embargo, vemos c\u00f3mo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones p\u00fablicas hayan desplegado sus facultades para defender el inter\u00e9s p\u00fablico conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios m\u00e1s visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.<\/p>\n

El segundo pantano es el de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Hay leyes, en este \u00e1mbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsi\u00f3n del legislador (que es prol\u00edfico y proteico: europeo, estatal, auton\u00f3mico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selecci\u00f3n del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos r\u00e1pidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, adem\u00e1s, la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola ha insistido -cierto que sin \u00e9xito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisi\u00f3n de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones p\u00fablicas. Que les pueden expulsar, si son d\u00edscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce para\u00edso donde se degusta el gran pastel de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Y reconducirlos por esta v\u00eda poco a poco hacia la mendicidad callejera.<\/p>\n

\u00bfY las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los esc\u00e1ndalos que hoy ocupan las p\u00e1ginas de algunos peri\u00f3dicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulaci\u00f3n de Empleo en Andaluc\u00eda, no entendemos por qu\u00e9 la propia administraci\u00f3n andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.<\/p>\n

Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este peque\u00f1o art\u00edculo. El Derecho tiene armas bru\u00f1idas para entrar en combate. Est\u00e1 la v\u00eda de la jurisdicci\u00f3n penal, que es la m\u00e1s vistosa y la que acapara titulares. Pero est\u00e1 tambi\u00e9n la m\u00e1s modesta de la jurisdicci\u00f3n contable, atribuida a \u00f3rganos espec\u00edficos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad econ\u00f3mica del sector p\u00fablico o de quienes perciben fondos p\u00fablicos, as\u00ed como las de determinar los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a las arcas p\u00fablicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades aut\u00f3nomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco l\u00facidas.<\/p>\n

y asimismo -como hemos adelantado- la Administraci\u00f3n puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a trav\u00e9s de la revisi\u00f3n de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devoluci\u00f3n de las cantidades indebidamente percibidas.<\/p>\n

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que \u00abla Administraci\u00f3n perjudicada podr\u00e1 ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne\u00bb. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significaci\u00f3n. El reintegro de subvenciones s\u00f3lo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligaci\u00f3n de justificaci\u00f3n del destino de la subvenci\u00f3n (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvenci\u00f3n.<\/p>\n

El 19 de julio del mismo a\u00f1o 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasi\u00f3n de insistir en estos argumentos.<\/p>\n

Concluyamos afirmando que las administraciones no act\u00faan porque faltan las adecuadas decisiones pol\u00edticas. Y porque la clase pol\u00edtica, \u00e1vida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios p\u00fablicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de m\u00e9rito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacci\u00f3n, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos pol\u00edticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgu\u00e9s de la \u00e9poca del Biedermeier.<\/p>\n

Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con m\u00e1s amplitud y vuelos que la indignaci\u00f3n a la que nos convoca St\u00e9phane Hessel en su escueto op\u00fasculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empa\u00f1arla con el filtro de los intereses espurios.<\/p>\n

 <\/p>\n

Francisco Sosa Wagner <\/strong>es catedr\u00e1tico y eurodiputado por UPyD. Mercedes Fuertes <\/strong>es catedr\u00e1tica de Derecho Administrativo. Ambos son autores de El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la Espa\u00f1a auton\u00f3mica<\/em> (Marcial Pons, 2011).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fco. Sosa Wagner y Mercedes Fuentes, El Mundo (Publicado en UPyD, aqu\u00ed) Francisco Sosa Wagner, eurodiputado de UPyD Vivimos asediados por noticias de esc\u00e1ndalos y denuncias de corrupci\u00f3n que nos trasladan desde la estupefacci\u00f3n hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. 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