{"id":3601,"date":"2012-02-14T23:08:58","date_gmt":"2012-02-14T23:08:58","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=3601"},"modified":"2012-02-14T23:08:58","modified_gmt":"2012-02-14T23:08:58","slug":"sentencia-del-ts-en-el-caso-garzon-i-o-el-de-las-escuchas-a-los-abogados-por-rodrigo-tena-arregui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=3601","title":{"rendered":"Sentencia del TS en el caso \u201cGarz\u00f3n I\u201d (o el de las escuchas a los abogados) [por Rodrigo Tena Arregui]"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Rodrigo Tena Arregui<\/a> (Publicado en \u00bfHay Derecho?<\/em>, aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

\n

Mediante sentencia de 9 de febrero el TS ha condenado al juez Garz\u00f3n por un delito de prevaricaci\u00f3n a once a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n para el cargo de juez o magistrado, lo que supone en la pr\u00e1ctica su expulsi\u00f3n definitiva de la carrera.<\/p>\n

No voy a entrar a comentar el trasfondo del caso, es decir, si desde un punto de vista de pol\u00edtica legislativa est\u00e1 justificado intervenir las conversaciones de los imputados con sus abogados, porque ese tema lo ha tratado magn\u00edficamente Isaac Ib\u00e1\u00f1ez en el post anterior. Creo que basta decir que en un Estado de Derecho digno de tal nombre esas cosas no se hacen, por lo que me resulta bastante sorprendente que algunos medios supuestamente progresistas pretendan justificarlo sobre la base de que los imputados eran unos corruptos\u2026 \u00a1Caramba!, aunque fueran unos asesinos, porque precisamente s\u00f3lo sabemos que son corruptos y asesinos si han tenido la posibilidad de defenderse con todas las garant\u00edas. En eso consiste un Estado de Derecho, no s\u00f3lo en que llamen a las cinco y sea el lechero, sino que si te procesan tengas m\u00e1s oportunidades de defenderte que las que tuvo Josef K.<\/p>\n

Pero eso no es lo interesante de la sentencia, que, por cierto, pueden ustedes consultar de manera \u00edntegra aqu\u00ed<\/a>. Lo interesante son los argumentos utilizados por el TS para condenar a Garz\u00f3n. Para examinarlos es imprescindible que el lector comience leyendo estos dos art\u00edculos. El primero es el art\u00edculo 51,2 de la Ley General Penitenciaria, que dice lo siguiente:<\/p>\n

\u201c2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relaci\u00f3n con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrar\u00e1n en departamentos apropiados y no podr\u00e1n ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.\u201d<\/p>\n

El segundo es el 446 del C\u00f3digo Penal, que afirma:<\/p>\n

\u201cEl Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resoluci\u00f3n injusta ser\u00e1 castigado: (\u2026) Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico por tiempo de diez a veinte a\u00f1os, cuando dictara cualquier otra sentencia o resoluci\u00f3n injustas.\u201d<\/p>\n

A partir de aqu\u00ed es necesario recordar brevemente los hechos. En el \u00e1mbito de instrucci\u00f3n del caso G\u00fcrtel, el juez Garz\u00f3n dicta un auto de fecha 19 de febrero de 2009 en el que, al amparo del art. 51,2 dela LGP, y en previsi\u00f3n de que los letrados pudieran estar tambi\u00e9n implicados en la trama, ordena la intervenci\u00f3n de las conversaciones de los tres imputados que est\u00e1n en prisi\u00f3n con sus abogados. Fundamenta la decisi\u00f3n en una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo citado que, seg\u00fan el juez, habilitar\u00eda para intervenir las conversaciones de los presos en dos supuestos: en los delitos de terrorismo sin intervenci\u00f3n judicial y en los dem\u00e1s casos con ella. Es decir, que el inciso final del art. 51 establece requisitos alternativos, no cumulativos. Porque si fueran cumulativos estar\u00eda vetada esa intervenci\u00f3n, evidentemente, ni con autorizaci\u00f3n judicial, pues<\/p>\n

Correa puede ser un golfo pero no un terrorista. Adem\u00e1s, hay que a\u00f1adir que esa orden se dio por el juez en los t\u00e9rminos m\u00e1s amplios, ordenando la intervenci\u00f3n de las conversaciones con cualesquiera letrados, presentes y futuros, sean sospechosos de estar implicados en la trama o no.<\/p>\n

Dado que la orden era temporal, los funcionarios policiales solicitan en marzo una pr\u00f3rroga. Se pide informe al respecto al fiscal y \u00e9ste no se opone a la pr\u00f3rroga de la intervenci\u00f3n de las comunicaciones de los imputados con car\u00e1cter general, pero siempre que se excluyan las comunicaciones con los letrados que representan a cada uno de los imputados. De ah\u00ed, por tanto, que sorprenda un poco lo que se lee en algunos medios sobre que la actuaci\u00f3n de Garz\u00f3n estaba avalada por el fiscal, porque quien se tome la molestia de leer los 70 folios de la sentencia (tampoco tantos) comprobar\u00e1 que no es exactamente as\u00ed. Pese a este informe, el 20 de marzo el juez dicta otro auto en el que prorroga la orden de intervenci\u00f3n en los mismos t\u00e9rminos que la anterior.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n la sentencia pasa a examinar en qu\u00e9 consiste el delito de prevaricaci\u00f3n tipificado en el art\u00edculo 446. Nos indica que tiene un elemento objetivo y otro subjetivo. El objetivo es la injusticia de la decisi\u00f3n que debe entenderse como un apartamiento radical del Derecho aplicable, de tal manera que la decisi\u00f3n enjuiciada no pueda ampararse por ninguna interpretaci\u00f3n m\u00ednimamente razonable de la norma. En un Estado de Derecho la justicia de las decisiones \u2013l\u00f3gicamente- tiene que valorarse de manera objetiva, en funci\u00f3n del Ordenamiento vigente, de las reglas de convivencia impuestas por el legislador. Lo contrario ser\u00eda convertir a<\/p>\n

cualquier juez en or\u00e1culo de la \u201cjusticia\u201d, pervirtiendo la separaci\u00f3n de poderes y las reglas del Estado de Derecho. Por otra parte, debe concurrir tambi\u00e9n un elemento subjetivo que excluya de la tipicidad los casos de error, porque, si no, todos los juristas que somos funcionarios estar\u00edamos en la c\u00e1rcel (a ver qui\u00e9n es el guapo no ha metido nunca la pata de manera manifiesta). Es decir, es imprescindible que, como dice el tipo, ese apartamiento radical se produzca \u201ca sabiendas\u201d, con plena conciencia de que lo que se est\u00e1 decidiendo no est\u00e1 amparado por la norma.<\/p>\n

Acto seguido la sentencia entra a calificar si los hechos enjuiciados est\u00e1n incursos en el tipo. Es preciso examinar en primer lugar si concurre el elemento objetivo, ese apartamiento radical de la norma no amparada por ninguna interpretaci\u00f3n razonable, y lo cierto es que aqu\u00ed nos llevamos una peque\u00f1a sorpresa, porque resulta que el mism\u00edsimo Tribunal Constitucional, en la STC73\/1983, interpreta el inciso final del art. 51,2 de la LGP, \u00a1exactamente de la misma forma en que lo hace Garz\u00f3n!, de manera alternativa y no cumulativa. Parecer\u00eda que el caso se acaba aqu\u00ed, pero hay que seguir leyendo, porque la sentencia del Supremo nos dice inmediatamente que se trataba de un mero obiter dictum<\/em>, rectificado por el TC a partir dela STC 183\/1994, y que desde ese momento el TS sigue fielmente la nueva doctrina constitucional en sus sentencias 245\/1995 y 538\/1997.<\/p>\n

Aqu\u00ed est\u00e1 gran parte del meollo de la cuesti\u00f3n. Tanto la segunda sentencia del TC como las del TS son muy claras. La interpretaci\u00f3n, razonada y contundente, est\u00e1 apoyada en una detallada<\/p>\n

argumentaci\u00f3n de tipo teleol\u00f3gico y sistem\u00e1tico. Nadie puede dudar de que esa es hoy d\u00eda la doctrina sancionada por los dos tribunales superiores de nuestro sistema judicial. Pero, \u00bfes suficiente para condenar penalmente por prevaricaci\u00f3n? Recordemos que no estamos hablando de abrir expediente disciplinario a un juez, hablamos de echarle de la carrera.<\/p>\n

Hace unos d\u00edas tuve el privilegio de asistir a una magnifica conferencia del catedr\u00e1tico de Derecho Penal de la Pompeu Fabra y colaborador<\/a> de nuestra revista, Jes\u00fas Silva, en la Academia de Legislaci\u00f3n y Jurisprudencia. Comentando el tipo penal de defraudaci\u00f3n fiscal, reflexionaba sobre el alcance de la interpretaci\u00f3n literal de las normas y sobre el uso ordinario de las palabras (en ese caso de la palabra \u201cdefraudar\u201d), concluyendo que para condenar pudieran no ser suficientes si la conducta enjuiciada no pasaba tambi\u00e9n el filtro de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y teleol\u00f3gica de la norma. Para condenar quiz\u00e1 no, por el principio de intervenci\u00f3n m\u00ednima del Derecho Penal, entre otros muchos, pero, \u00bfy para absolver? Porque lo que est\u00e1 claro es que la interpretaci\u00f3n literal de la norma debatida puede amparar la decisi\u00f3n de Garz\u00f3n. De hecho, si el legislador hubiera querido expresar de manera clara su car\u00e1cter cumulativo, lo podr\u00eda haber hecho mucho mejor: \u201c\u2026no podr\u00e1n ser suspendidas o intervenidas salvo en los supuestos de terrorismo previa obtenci\u00f3n de la correspondiente orden judicial\u201d u otras mil redacciones parecidas. Recordemos que esa interpretaci\u00f3n literal de car\u00e1cter alternativo lleg\u00f3 a ser defendida por el propio TC, y esa doctrina (aunque fuese obiter dictum<\/em>) estuvo en vigor once a\u00f1os.<\/p>\n

Pero pasemos ahora al elemento subjetivo, porque, adem\u00e1s, uno y otro no se pueden enjuiciar de manera separada, como vamos a ver inmediatamente. \u00bfTen\u00eda Garz\u00f3n pleno conocimiento de que<\/p>\n

estaba actuando al margen del Derecho? Para el TS tal conocimiento es evidente, dado la manifiesta falta de fundamento de su interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 51. Pero lo cierto es que no podemos dejar de apreciar en esta argumentaci\u00f3n cierto car\u00e1cter circular: puesto que la decisi\u00f3n no se sostiene en ninguna interpretaci\u00f3n razonable, hay que concluir que el juez no ten\u00eda m\u00e1s remedio que conocer su falta de racionalidad. Es m\u00e1s, en un momento dado incurre en una cierta vulneraci\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia y del principio probatorio, cuando afirma que no cabe apreciar la existencia de ning\u00fan error, pese a lo alegado por la defensa, porque ser\u00eda \u201cpreciso acreditarlo mediante la prueba de los elementos que permitan establecer que su creencia era m\u00ednimamente razonable, es decir, que ten\u00eda suficiente consistencia para inducirle a error. En este caso, nada de esto se ha acreditado\u2026.\u201d. Es decir, que si al decidir en contra del Derecho se alega error, es el defensor el que debe probar ese error, por cuanto la divergencia del Derecho lleva impl\u00edcita una presunci\u00f3n de concurrencia del elemento subjetivo: la intenci\u00f3n. Sin embargo, al igual que es l\u00f3gico, hasta cierto punto, que el elemento objetivo del tipo arrastre el subjetivo, esa derivaci\u00f3n tambi\u00e9n puede favorecer al reo, pues cuando el elemento objetivo suscita dudas, tambi\u00e9n las debe suscitar el subjetivo. M\u00e1xime cuando el TS no encuentra aqu\u00ed argumentos especialmente convincentes al margen de la calificaci\u00f3n objetiva. Es conclusi\u00f3n, si el elemento objetivo es apabullante la derivaci\u00f3n subjetiva puede ser razonable, pero en otro caso no.<\/p>\n

Termino ya. Por mi parte, la conclusi\u00f3n que saco de la lectura de esta sentencia es muy simple. El TS estaba harto, no s\u00f3lo del divismo del juez y de su idea de la judicatura como una patente de<\/p>\n

corso para desplegar su muy particular concepci\u00f3n de la justicia, sino de su chapucer\u00eda y torpeza a la hora de instruir, lo que normalmente es una consecuencia necesaria de lo anterior. Un dato clave que resulta interesante destacar es que, pese a lo que demag\u00f3gicamente piensan muchos de los defensores progresistas de Garz\u00f3n, el juez ha hecho un extraordinario favor a la trama corrupta de G\u00fcrtel e, indirectamente, al PP. Porque independientemente de que se le condenases o no por prevaricaci\u00f3n, el tremendo error de ordenar la intervenci\u00f3n de las comunicaciones de los presuntos corruptos con sus abogados ha complicado enormemente la posibilidad de condenarlos. La instrucci\u00f3n est\u00e1 contaminada, al vulnerarse el derecho de defensa, y los abogados no van a dejar pasar la oportunidad de aprovechar lo que tan torpemente se les ha brindado.<\/p>\n

Lo que resulta verdaderamente sorprendente, y esta en la conclusi\u00f3n final, es que para meter en vereda a un juez en este pa\u00eds haya que condenarle por prevaricaci\u00f3n, aunque sea con argumentos tan apurados como los de esta sentencia, y que no existan mecanismos m\u00e1s proporcionados para disciplinar el desempe\u00f1o de la funci\u00f3n. Pero eso ya lo sab\u00edamos, \u00bfverdad?<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rodrigo Tena Arregui (Publicado en \u00bfHay Derecho?, aqu\u00ed) Mediante sentencia de 9 de febrero el TS ha condenado al juez Garz\u00f3n por un delito de prevaricaci\u00f3n a once a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n para el cargo de juez o magistrado, lo que supone en la pr\u00e1ctica su expulsi\u00f3n definitiva de la carrera. 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