{"id":3533,"date":"2012-03-08T20:17:47","date_gmt":"2012-03-08T20:17:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=3533"},"modified":"2012-03-08T20:17:47","modified_gmt":"2012-03-08T20:17:47","slug":"esta-reforma-laboral-es-inconstitucional-por-diego-lopez-garrido-y-ricardo-peralta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=3533","title":{"rendered":"Esta reforma laboral es inconstitucional (por Diego L\u00f3pez Garrido y Ricardo Peralta)"},"content":{"rendered":"

(Publicado en El Pa\u00eds-Reggio\u00b4s<\/em>, aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

\n

El decreto-ley de Rajoy supone una violaci\u00f3n directa de la m\u00e1xima ley espa\u00f1ola<\/em><\/strong><\/p>\n

Cabe imaginar muchas formas de violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, pero las m\u00e1s intensas son las que se oponen a los principios constitucionales. El m\u00e1s relevante de ellos es la definici\u00f3n de Espa\u00f1a en el art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n como un \u201cEstado social y democr\u00e1tico de Derecho\u201d. Lo primero que define a Espa\u00f1a es, pues, ser un Estado social.<\/p>\n

Los derechos que, con m\u00e1s fuerza y determinaci\u00f3n, configuran el Estado social son aquellos que presiden las relaciones entre empresarios y trabajadores. La Constituci\u00f3n \u2014y el Tribunal Constitucional\u2014 han erigido una protecci\u00f3n muy poderosa de las relaciones laborales en torno a los tres derechos capitales:<\/p>\n

\u2014El derecho al trabajo (art\u00edculo 35)<\/p>\n

\u2014El derecho a la negociaci\u00f3n colectiva (art\u00edculo 37)<\/p>\n

\u2014El derecho a la libertad sindical (art\u00edculo 28)<\/p>\n

Pues bien, la reforma laboral aprobada por el Gobierno a trav\u00e9s de decreto-ley rompe los tres derechos. Lo hace agresivamente, como dir\u00eda De Guindos. La reforma laboral de Rajoy es una confrontaci\u00f3n directa con el Estado social.<\/p>\n

No pretendemos aqu\u00ed debatir si es o no una reforma econ\u00f3micamente viable \u2014que no puede serlo al querer combatir el paro facilitando el despido\u2014. Estamos enfatizando ahora un aspecto insoslayable: es una decisi\u00f3n inconstitucional, por todos los costados. Y el Gobierno no se ha molestado en disimularlo. Ve\u00e1moslo.<\/p>\n

1.- El contrato \u201cpor tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores\u201d: el despido sin causa y sin indemnizaci\u00f3n<\/p>\n

Es dif\u00edcil pensar en una norma m\u00e1s c\u00ednica: un contrato que se autotitula \u201cindefinido\u201d y que se caracteriza por poder ser extinguido a voluntad lib\u00e9rrima del empresario durante el primer a\u00f1o (per\u00edodo llamado \u201cde prueba\u201d para tapar sus verg\u00fcenzas). Se trata de un contrato aplicable al 98% de las empresas espa\u00f1olas, que tiene por objeto instaurar en Espa\u00f1a el despido libre, sin causa y sin indemnizaci\u00f3n, para toda circunstancia y con cualquier contenido. Una aberraci\u00f3n pensada para encadenar estos contratos fraudulentamente y para sustituir a los existentes hoy.<\/p>\n

Este contrato es constitucionalmente imposible en nuestro pa\u00eds. El Tribunal Constitucional lo ha dicho desde siempre (sentencia 22\/81 y muchas otras). No cabe despido sin causa. Es improcedente. Y como lo es, hasta ahora la legislaci\u00f3n obligaba al empresario a indemnizar si desped\u00eda sin causa alguna. El Gobierno pretende acabar con ello, rompiendo as\u00ed el art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n, que proclama el derecho al trabajo.<\/p>\n

El contrato \u201cde apoyo a los emprendedores\u201d es una mala copia del que Sarkozy cre\u00f3 \u2013ef\u00edmeramente- en Francia en 2005 (Ley 846, de 26 de julio), y que llam\u00f3 de nouvelles embauches<\/em> (nuevos empleos). Tal contrato de nouvelles embauches<\/em> fue considerado l\u00f3gicamente abusivo por la jurisprudencia de los tribunales franceses, y mereci\u00f3 una recomendaci\u00f3n en contra de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), que es perfectamente trasladable al nuevo contrato espa\u00f1ol.<\/p>\n

La ley francesa de 28 de julio de 2008 derog\u00f3 tales contratos abusivos, con una mayor\u00eda de derechas. Aqu\u00ed, nuestra mayor\u00eda de derechas va a respaldar una figura contractual muy parecida, a\u00fan m\u00e1s dura, de cuya inconstitucionalidad ni siquiera el Gobierno puede dudar.<\/p>\n

2.- La ruptura del derecho a la negociaci\u00f3n colectiva y la violaci\u00f3n de la libertad sindical.<\/p>\n

Si hay un derecho troncal en el Estado social y en el propio derecho del trabajo moderno, garantizado por la Constituci\u00f3n, es el de negociaci\u00f3n colectiva. Significa el paso desde la autoridad unilateral y omn\u00edmoda del empleador sobre el trabajador, a unas relaciones laborales basadas en el equilibrio entre sindicatos y organizaciones empresariales.<\/p>\n

El decreto-ley del Gobierno de Rajoy lesiona frontalmente el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva y lo hace en un sentido exactamente contrario a la profusa y dilatada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre un derecho que est\u00e1 en el coraz\u00f3n de todo sistema democr\u00e1tico. Que, adem\u00e1s, est\u00e1 recogido con especial visibilidad en la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea (art\u00edculo 28), jur\u00eddicamente vinculante para cada pa\u00eds de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

Sin perjuicio de otras medidas que menoscaban los acuerdos adoptados por empresarios y trabajadores, la contradicci\u00f3n con la Constituci\u00f3n llega a su punto culminante cuando el decreto-ley dice \u2014sin cortarse un pelo\u2014 que, cuando concurran causas \u201cecon\u00f3micas, t\u00e9cnicas, organizativas o productivas\u201d, la direcci\u00f3n de la empresa puede obviar el convenio colectivo firmado y no aplicar las condiciones de trabajo previstas en el mismo, incluyendo la cuant\u00eda salarial. Y si hay desacuerdo, el empresario podr\u00e1 someter la soluci\u00f3n a un \u00f3rgano administrativo, una Comisi\u00f3n Consultiva, que decidir\u00e1 sin necesitar la aprobaci\u00f3n de los trabajadores y sus representantes sindicales. Esta f\u00f3rmula ya ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (sentencia 8\/81) por ser incompatible con el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva.<\/p>\n

La negociaci\u00f3n colectiva sufre, adem\u00e1s, un verdadero desarme y desnaturalizaci\u00f3n cuando el decreto-ley le concede al convenio de empresa \u2014donde es m\u00e1s d\u00e9bil la posici\u00f3n del trabajador\u2014 la prioridad de aplicaci\u00f3n, sobre cualquier convenio de \u00e1mbito territorial superior. El convenio de empresa usurpa as\u00ed absurdamente el papel de regulador de las relaciones laborales, de forma sobrevenida, sin control judicial posible, dejando desamparado al trabajador de la peque\u00f1a y mediana empresa, al separarlo del sindicato de nivel regional o nacional. Es un ataque en toda regla contra la negociaci\u00f3n colectiva y contra los sujetos de la misma por excelencia, los sindicatos, que, junto a las organizaciones empresariales, son los legitimados para ejercer tal derecho seg\u00fan la Constituci\u00f3n (art\u00edculos 7 y 28), y que no menciona a ning\u00fan otro sujeto.<\/p>\n

El decreto-ley ignora la naturaleza constitucional del convenio colectivo, que es el instrumento esencial para la ordenaci\u00f3n de las relaciones de trabajo. Tengamos en cuenta que la fuerza del convenio colectivo proviene, no de la ley o del decreto-ley, sino directamente de la propia Constituci\u00f3n, como tiene repetidamente dicho el Tribunal Constitucional. Algo que el Gobierno sencillamente desprecia al terminar aceptando la aspiraci\u00f3n eterna de las organizaciones empresariales: la anulaci\u00f3n de la ultraactividad de los convenios colectivos.<\/p>\n

Lo que el decreto-ley de reforma laboral de Rajoy ha hecho no es solo, como hemos visto, vulnerar el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva, sino, a la vez, y por ello, vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical. La negociaci\u00f3n colectiva forma parte del \u201ccontenido esencial\u201d de la libertad sindical. Es el medio necesario para su ejercicio. La negociaci\u00f3n colectiva forma parte del \u201cn\u00facleo m\u00ednimo indisponible\u201d de la libertad sindical, sin la cual este derecho no ser\u00eda reconocible.<\/p>\n

El Tribunal Constitucional, en innumerables ocasiones, ha insistido en que la negaci\u00f3n u obstaculizaci\u00f3n a un sindicato de la negociaci\u00f3n colectiva \u2014como hace el decreto-ley\u2014 constituye, al tiempo, una violaci\u00f3n de la libertad sindical, al suponer tal denegaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, quitarle su funci\u00f3n b\u00e1sica.<\/p>\n

En resumen, el decreto-ley de reforma laboral produce una verdadera revoluci\u00f3n de las posiciones de poder en las relaciones laborales, que desemboca en un \u201cderecho laboral de empresario\u201d, abandonando el modelo constitucional basado en el consensualismo<\/em> y el equilibrio en las relaciones de trabajo.<\/p>\n

El Gobierno sabe que su modelo de relaciones laborales no tiene cabida en la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. En otras, quiz\u00e1. En la espa\u00f1ola, no. Sabe tambi\u00e9n que el decreto-ley no puede ser utilizado si afecta directamente a los derechos y libertades de los ciudadanos; y que no hay \u201cextraordinaria y urgente necesidad\u201d (art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n) en facilitar a\u00fan m\u00e1s el despido, en conceder al empresario todo el control de las relaciones laborales, ni en alejar a los sindicatos de la negociaci\u00f3n colectiva.<\/p>\n

El decreto-ley vulnera los convenios internacionales firmados por Espa\u00f1a sobre derechos humanos (en el seno del Consejo de Europa, de la OIT, de la Uni\u00f3n Europea), que son de aplicaci\u00f3n directa en nuestro derecho, como ordena el art\u00edculo 10 de la Constituci\u00f3n. Tales convenios protegen el derecho al trabajo, a la libertad sindical y a la negociaci\u00f3n colectiva.<\/p>\n

Todo esto lo sabe el Gobierno que, vi\u00e9ndose impotente frente al desempleo (112.000 parados m\u00e1s en febrero) ha decidido no gobernar y delegar<\/em> la regulaci\u00f3n del \u00e1mbito laboral en los empresarios, d\u00e1ndoles mucho m\u00e1s de lo que ped\u00edan.<\/p>\n

A los trabajadores les queda la utilizaci\u00f3n responsable de los medios democr\u00e1ticos, especialmente reforzando a los sindicatos progresistas, para oponerse a este disparate pol\u00edtico, econ\u00f3mico y social. Y estamos seguros de que ni la Constituci\u00f3n ni el Tribunal Constitucional les dejar\u00e1n desamparados, como ya ocurri\u00f3 con el malhadado decretazo del anterior Gobierno popular de Aznar.<\/p>\n

Diego L\u00f3pez Garrido<\/strong> es diputado socialista y Ricardo Peralta<\/strong> es abogado laboralista<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Publicado en El Pa\u00eds-Reggio\u00b4s, aqu\u00ed) El decreto-ley de Rajoy supone una violaci\u00f3n directa de la m\u00e1xima ley espa\u00f1ola Cabe imaginar muchas formas de violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, pero las m\u00e1s intensas son las que se oponen a los principios constitucionales. 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