{"id":2855,"date":"2012-12-03T17:24:50","date_gmt":"2012-12-03T17:24:50","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=2855"},"modified":"2012-12-03T17:24:50","modified_gmt":"2012-12-03T17:24:50","slug":"una-justicia-lenta-politizada-y-ahora-cara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=2855","title":{"rendered":"Una justicia lenta, politizada y, ahora, cara"},"content":{"rendered":"

Editorial de UPyD (Publicado en UPyD.es<\/em>, aqu\u00ed)<\/p>\n

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\"LasLa nueva Ley de tasas judiciales del Gobierno es un ejemplo muy claro de c\u00f3mo la imprescindible igualdad ante la ley puede quedar en papel mojado si no se acompa\u00f1a de igualdad de oportunidades<\/strong>. Al poner un precio para acceder a la justicia se est\u00e1 poniendo un obst\u00e1culo que no es igual de alto para todos<\/a>. \u00bfEs lo mismo pagar 800 \u20ac por recurrir una decisi\u00f3n sobre una deuda para un aut\u00f3nomo que (caso muy frecuente hoy en d\u00eda) apenas tiene ingresos que para una multinacional? \u00bfO para una Comunidad Aut\u00f3noma de las que est\u00e1n dejando tantas facturas pendientes de pagar? <\/p>\n

La tutela judicial efectiva est\u00e1 recogida en la Constituci\u00f3n como uno de los derechos fundamentales de todos los espa\u00f1oles. El Gobierno justifica las tasas por el supuesto abuso existente del recurso judicial. Como, seg\u00fan los datos que ofrece, la gran mayor\u00eda de los recursos los pierde el demandante, lo mejor es poner una tasa que desanime a presentarlo. As\u00ed, dicen, se lograr\u00e1 desatascar la Justicia. En lugar de modernizar su estructura o los medios de que dispone, en lugar de dotarla de mayores recursos, la soluci\u00f3n es que pague el ciudadano que la utilice. <\/p>\n

Lo cierto es que el demandante ya paga. Paga a un abogado, lo que no suele ser barato. Obviamente cuanto m\u00e1s pague m\u00e1s se desanimar\u00e1. Puede que incluso llegue un momento en el que, sencillamente, no pueda hacerlo. Y puede que tuviera raz\u00f3n, y que su caso estuviera entre aquellos a los que el recurso hubiera amparado. Para solucionar un supuesto problema de abuso, el Gobierno abusa de aquellos que menos tienen<\/strong>, ignorando que ya existen mecanismos para gravar al que litiga sin base, como ya han se\u00f1alado<\/a> muchos expertos. Adem\u00e1s, al existir ya tasas judiciales en algunas CCAA – que se sumar\u00edan a las tasas estatales -, se menoscaba tambi\u00e9n la igualdad en funci\u00f3n del territorio donde viva (o donde demande) el ciudadano.<\/p>\n

Al establecer un l\u00edmite de ingresos para el acceso a la justicia gratuita, se est\u00e1 incurriendo, tambi\u00e9n en un vicio muy espa\u00f1ol: fomentar la picard\u00eda<\/strong>. Siempre que se pide la declaraci\u00f3n de la renta para acceder a un servicio p\u00fablico, se est\u00e1 premiando a los que defraudan y castigando a los que no lo hacen. Este Gobierno se est\u00e1 especializando en crear los incentivos m\u00e1s perversos para la sociedad<\/strong>: la amnist\u00eda fiscal, el rescate a las cajas de ahorros quebradas, la nula exigencia de responsabilidades, la negativa a recuperar la pena de c\u00e1rcel por convocar referendos ilegales… todo anima a incumplir la ley, porque el que la cumple se ve seriamente perjudicado.<\/p>\n

La modernizaci\u00f3n de la justicia<\/strong> es una tarea pendiente que el Gobierno no parece interesado en afrontar. Las CCAA, que tienen transferidas numerosas competencias en esta materia, tampoco han demostrado intenci\u00f3n alguna de acometerlas. Incluso se ha dado el caso peculiar de la Comunidad de Madrid, donde, tras dejar de pagar al turno de oficio se pidi\u00f3 devolver la competencia al Estado. L\u00e1stima que no formara parte de un proyecto m\u00e1s serio para Espa\u00f1a que incluyera tambi\u00e9n las competencias en sanidad y educaci\u00f3n, por ejemplo. Y l\u00e1stima que el motivo fuera la incapacidad financiera en lugar de la soluci\u00f3n al principal problema de la justicia espa\u00f1ola: su politizaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

La justicia en Espa\u00f1a, hasta ahora, era lenta y estaba politizada. Ahora, adem\u00e1s, ser\u00e1 cara. Y esto perjudicar\u00e1 m\u00e1s, siempre, a los m\u00e1s d\u00e9biles<\/a>. Por eso, Uni\u00f3n Progreso y Democracia present\u00f3 una enmienda a la totalidad de la ley y ha pedido a la Defensora del Pueblo que la recurra al Tribunal Constitucional.<\/div>\n


Irene Lozano pide a la Defensora del Pueblo que recurra al Constitucional la Ley de Tasas Judiciales <\/strong><\/p>\n