{"id":2665,"date":"2013-02-10T13:07:42","date_gmt":"2013-02-10T13:07:42","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=2665"},"modified":"2013-02-10T13:07:42","modified_gmt":"2013-02-10T13:07:42","slug":"como-reconstruir-el-futuro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=2665","title":{"rendered":"C\u00f3mo reconstruir el futuro"},"content":{"rendered":"

Las instituciones no afrontan con eficacia la grave crisis pol\u00edtica en Espa\u00f1a. EL PA\u00cdS propone diez reformas y pactos para defender la democracia y el progreso econ\u00f3mico<\/span><\/p>\n

El Pa\u00eds<\/a> (Ver aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

\n

Con ser muy grave la crisis econ\u00f3mica por la que atraviesa Espa\u00f1a, con su
dram\u00e1tica consecuencia de seis millones de parados y un empeoramiento general
del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis
pol\u00edtica e institucional que el pa\u00eds afronta, y que se ha agudizado con las
crecientes sospechas sobre la financiaci\u00f3n irregular del partido en el poder.
Coincide esta situaci\u00f3n con el final de un ciclo hist\u00f3rico y la apertura de una
nueva etapa llena de incertidumbres. Algunas de las cuestiones que se plantean
no son exclusiva ni prioritariamente espa\u00f1olas. Se deben al impacto de la
globalizaci\u00f3n o a las dificultades que tienen muchas naciones para adaptarse a
las nuevas reglas de juego que esta implica. Las inquietudes en torno al futuro
de la Uni\u00f3n Europea y la moneda \u00fanica forman parte de esos desequilibrios que
afectan tambi\u00e9n a nuestra situaci\u00f3n nacional. Requieren soluciones globales y
compartidas que escapan a las exclusivas capacidades de los gobernantes y
l\u00edderes sociales de nuestro pa\u00eds, aunque tambi\u00e9n sea responsabilidad suya
cooperar en la superaci\u00f3n de esas circunstancias. Pero nos hallamos, asimismo,
ante problemas originados dentro de nuestras fronteras que a\u00f1aden fragilidad a
la fragilidad, y cuya soluci\u00f3n resulta urgente e inevitable abordar.<\/p>\n

La mayor parte de las instituciones emanadas de la Constituci\u00f3n de 1978 y del
ordenamiento social que propici\u00f3 se muestran claramente incapaces para hacer
frente a los desaf\u00edos no ya del inmediato futuro, sino del presente mismo.
Azuzados por los sacrificios y renuncias que la pol\u00edtica de austeridad conlleva,
aumentan los sentimientos de escepticismo e incredulidad respecto a la capacidad
de nuestros l\u00edderes para atender a las demandas de los ciudadanos. Entre
acusaciones de corrupci\u00f3n, descr\u00e9dito de la generalidad de la clase pol\u00edtica,
denuncias de ineficiencia y protestas por las violaciones de derechos que se
consideraban adquiridos de forma permanente, crece la desafecci\u00f3n popular hacia
el sistema que ha generado mayores niveles de bienestar, democracia y libertad
en toda la historia de Espa\u00f1a. Todo ello sucede adem\u00e1s en el marco de una
ruptura generacional, cuyos rasgos m\u00e1s definitorios son las dificultades de los
j\u00f3venes para encontrar empleo y la nueva facilidad y virulencia con que se
expresa su justificado descontento en las redes sociales.<\/p>\n

En momentos como este es preciso defender la continuidad de la democracia y
el progreso econ\u00f3mico y social frente a la creciente fragmentaci\u00f3n que nuestro
pa\u00eds padece en todos los \u00f3rdenes. Debemos garantizar que los valores
fundamentales que justificaron la Transici\u00f3n y fructificaron con ella no se
pierdan en medio de las turbulencias actuales; y que el relevo en las
instituciones de poder y en la articulaci\u00f3n de la nueva sociedad lo protagonicen
las nuevas generaciones, como es su derecho y responsabilidad, asumiendo las
lecciones del pasado m\u00e1s reciente y el valor de la experiencia y la sabidur\u00eda de
sus mayores.<\/p>\n

Esta verdadera Segunda Transici\u00f3n, tan distante de la que nos quer\u00edan vender
los resucitados fantasmas de la Espa\u00f1a profunda, debe servir para profundizar en
los valores democr\u00e1ticos y preparar a la sociedad espa\u00f1ola para los retos del
siglo XXI. Para ello ha de basarse en reformas concretas y urgentes. Confiar en
que el paso del tiempo contribuir\u00e1 a resolver los problemas es un rotundo error.
Precisamente el tiempo trabaja contra nosotros y un Gobierno paralizado, presa
de la incredulidad de los ciudadanos, o una repetici\u00f3n de los retrasos e
indecisiones con los que inaugur\u00f3 la legislatura, no har\u00e1n sino empeorar las
cosas.<\/p>\n

Los espa\u00f1oles se preguntan con raz\u00f3n qu\u00e9 es preciso hacer. La respuesta no es
dif\u00edcil, aunque s\u00ed la implementaci\u00f3n de esas acciones. He aqu\u00ed un dec\u00e1logo de
tareas que pueden y deben ayudar a rescatar el sistema emanado de la Transici\u00f3n
pol\u00edtica de las amenazas que se ciernen sobre \u00e9l. Naturalmente son propuestas
discutibles, pero no se debe dudar respecto a lo inequ\u00edvoco de los problemas
planteados. Si no se afrontan cuanto antes la desafecci\u00f3n ciudadana hacia el
sistema acabar\u00e1 pas\u00e1ndonos factura.<\/p>\n

1. Ley de Partidos<\/p>\n

Que garantice la democracia interna y la transparencia de las formaciones
pol\u00edticas, con normas democr\u00e1ticas en su funcionamiento interno. Debe imponer un
sistema de financiaci\u00f3n transparente y un control eficaz e independiente de sus
cuentas llevado a cabo con periodicidad anual, con sanciones que lleguen incluso
hasta la disoluci\u00f3n en caso de incumplimiento. La norma puede vincularse a las
regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia y permitir que los
ciudadanos puedan solicitar a un partido documentos relacionados con su
funcionamiento. Los cargos imputados en procesos judiciales deber\u00edan ser
suspendidos en sus funciones org\u00e1nicas hasta que se aclare su situaci\u00f3n.<\/p>\n

2. Ley Electoral<\/p>\n

Es preciso sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por
otro que permita a los ciudadanos negar su voto a candidatos concretos que no
consideren dignos de su confianza. Hay que revisar el principio constitucional
que determina a la provincia como distrito electoral, que en el caso del Senado
debe estar referido a las autonom\u00edas. La distribuci\u00f3n de esca\u00f1os debe potenciar
la proporcionalidad del sistema, de modo que cada diputado elegido represente a
un n\u00famero razonablemente equiparable de votantes. Ha de regularse de forma
transparente la financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as electorales, reduciendo su actual
duraci\u00f3n, innecesaria en una sociedad con tantos y tan variados medios de
comunicaci\u00f3n, y establecer criterios claros y eficaces para la adecuada
utilizaci\u00f3n de las redes sociales en tiempo electoral.<\/p>\n

3. Reforma de la Administraci\u00f3n<\/p>\n

Una reforma y modernizaci\u00f3n de las Administraciones p\u00fablicas debe eliminar la
duplicaci\u00f3n de estructuras y funciones para adaptar el tama\u00f1o del Estado y el
gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las caracter\u00edsticas
de la organizaci\u00f3n territorial de Espa\u00f1a y de la UE. Es preciso reducir el
n\u00famero de municipios, recurrir a gestores t\u00e9cnicos donde sea necesario, regular
el sueldo de los alcaldes, fiscalizar los presupuestos con agencias
independientes y revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios.
El Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico debe contribuir a profesionalizar la
direcci\u00f3n de la gesti\u00f3n, limitando la designaci\u00f3n pol\u00edtica de altos cargos para
protegerlos de interferencias. Debe garantizarse efectivamente, contra lo que
ahora sucede, un acceso adecuado a la informaci\u00f3n sobre la gesti\u00f3n de las
Administraciones, que facilite la rendici\u00f3n de cuentas de los gestores y el
juicio cr\u00edtico por parte de los administrados.<\/p>\n

4. Estatuto de la Corona<\/p>\n

A fin de establecer los deberes y las responsabilidades del titular de la
misma. Tiene que ordenar, mediante cauci\u00f3n parlamentaria, el funcionamiento de
la Familia Real, garantizar la absoluta transparencia de los gastos atribuibles
no solo a sus personas f\u00edsicas, sino al funcionamiento general de la Casa. Y,
como en el caso de la Ley de Partidos, estar vinculado a las regulaciones
establecidas en la Ley de Transparencia.<\/p>\n

5. Pacto por el empleo y las pensiones<\/p>\n

Con la participaci\u00f3n de Gobierno, partidos pol\u00edticos, centrales sindicales y
organizaciones empresariales. Resulta necesario articular un consenso que
culmine la reforma laboral y corrija sus carencias y desequilibrios.
Establecidas las bases de contrataci\u00f3n y despido, es urgente impulsar las
pol\u00edticas activas de empleo en un pa\u00eds con seis millones de parados. Hay que
poner en marcha un programa de subvenciones directas (nacionales y europeas)
dirigidas a las peque\u00f1as y medianas empresas para la creaci\u00f3n de puestos de
trabajo especialmente orientados a los j\u00f3venes. El pacto debe financiarse con
aportaciones de fondos europeos, en el marco de un acuerdo en la eurozona. Las
ayudas previstas en el presupuesto de la Uni\u00f3n son del todo insuficientes para
hacer frente a la gravedad del problema.<\/p>\n

Es necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en
cuenta, entre otras cosas, la mayor esperanza de vida de la poblaci\u00f3n. Dicha
reforma no puede hacerse unilateralmente por ning\u00fan partido, cualquiera que sea
la mayor\u00eda parlamentaria de que disfrute. Hace falta garantizar la
sostenibilidad del sistema y mejorar la correspondencia entre cotizaci\u00f3n y
pensi\u00f3n.<\/p>\n

6. Reforma de la Justicia<\/p>\n

La Administraci\u00f3n de Justicia es el \u00fanico poder del Estado que no se
democratiz\u00f3 en la Transici\u00f3n. Como prestadores de un servicio p\u00fablico, los
jueces deben contar con una mejor y m\u00e1s eficiente organizaci\u00f3n y con mayores
recursos y medios. Debe potenciarse la coordinaci\u00f3n de la justicia, en la que
ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a cinco cuerpos distintos
que a su vez dependen, seg\u00fan los casos, de la Administraci\u00f3n central o de la
aut\u00f3noma. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela
judicial efectiva y el derecho a un juicio justo est\u00e1n reducidos muchas veces en
la pr\u00e1ctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no
es nunca r\u00e1pido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar
significativamente el n\u00famero de jueces. Hace falta revisar las normas procesales
para que, manteniendo las garant\u00edas b\u00e1sicas, puedan agilizarse los juicios y sea
adecuadamente protegida la presunci\u00f3n de inocencia ante la llamada \u201cpena de
telediario\u201d. El Gobierno debe renunciar a su actual pol\u00edtica sobre tasas
judiciales.<\/p>\n

7. Pacto por la educaci\u00f3n<\/p>\n

La pol\u00edtica general sobre ense\u00f1anza \u2014y los planes de estudio\u2014 no puede ser
revisada cada vez que un partido llega al poder. El futuro de las econom\u00edas
avanzadas descansa sobre las estrategias de educaci\u00f3n, formaci\u00f3n de capital
humano e investigaci\u00f3n. Hay que sentar las bases que lo garanticen y que
establezcan criterios para gestionar recursos, establecer incentivos e
introducir controles, independientemente del color pol\u00edtico de quienes
gobiernen. La ense\u00f1anza concertada, que se beneficia de las subvenciones, debe
garantizar la igualdad de oportunidades y no ejercer pr\u00e1cticas discriminatorias
de sexo o religi\u00f3n. Deben establecerse evaluaciones p\u00fablicas de los centros de
ense\u00f1anza, de modo que tengan repercusi\u00f3n en la carrera profesional de sus
responsables.<\/p>\n

8. Pacto por la sanidad p\u00fablica<\/p>\n

Es necesario preservar y mejorar el sistema de sanidad p\u00fablica para mantener
los elevados niveles del servicio que durante a\u00f1os hemos sabido construir y que
hac\u00edan del modelo espa\u00f1ol de salud, cualesquiera que fueran sus defectos, algo
digno de sostener y perfeccionar. El Estado debe garantizar la cobertura
universal, revisando los errores detectados a la hora de transferir la gesti\u00f3n a
las autonom\u00edas. Es preciso controlar los resultados de la gesti\u00f3n p\u00fablica y
fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos con las empresas concertadas,
eliminando la posibilidad de acometer inversiones p\u00fablicas en beneficio
exclusivo de la rentabilidad de la gesti\u00f3n privada. Un programa semejante
demanda un gran consenso entre los partidos pol\u00edticos.<\/p>\n

9. Un Estado federal<\/p>\n

El Estado de las autonom\u00edas debe reconvertirse en un modelo t\u00edpicamente
federal, que establezca una lista cerrada y concreta de las competencias y
atribuciones del Gobierno central y permita a los Estados federados desarrollar
sus propias capacidades de autogobierno sin interferencia alguna, sobre la base
de los principios de corresponsabilidad y eficacia. La reforma pasa por revisar
el sistema de financiaci\u00f3n auton\u00f3mico, el reparto de transferencias y el d\u00e9ficit
de responsabilidad fiscal de los Gobiernos aut\u00f3nomos. Muchos t\u00e9cnicos
constitucionalistas consideran que esta transformaci\u00f3n, que permitir\u00eda un nuevo
encaje de los nacionalismos, no es dif\u00edcil si existe verdadera voluntad pol\u00edtica
para emprenderla.<\/p>\n

10. Reforma de la Constituci\u00f3n<\/p>\n

Este programa de recuperaci\u00f3n de nuestra vida pol\u00edtica exige en muchos
aspectos una reforma de la Constituci\u00f3n de 1978. La reforma misma no es un
objetivo, sino un instrumento para hacer frente a las nuevas realidades. Contra
lo que muchos piensan \u2014movidos por el temor a que la apertura de un proceso de
este g\u00e9nero a\u00f1ada confusi\u00f3n y caos al panorama\u2014, la mejor forma de empezar a
poner orden en el actual barullo es adaptar nuestra Carta Magna a los tiempos
presentes y venideros, simplificando su redacci\u00f3n, despoj\u00e1ndola de ataduras del
pasado e incorporando cuestiones relativas a la nueva sociedad global y digital
que no exist\u00eda cuando fue redactada. La reforma debe llevarse a cabo mediante
los procedimientos ya establecidos en las leyes, dirigida por una Comisi\u00f3n de
las Cortes en la que est\u00e9n representados con adecuada proporcionalidad todos los
partidos pol\u00edticos del arco parlamentario, no sometida necesariamente a la
aritm\u00e9tica de poder que sali\u00f3 de las urnas en las elecciones de 2011, pero
respetando los equilibrios emanados del voto popular en dichas elecciones.<\/p>\n

Es tarea de nuestros l\u00edderes pol\u00edticos encabezar un proceso de ese g\u00e9nero,
aun conscientes de su impopularidad y falta de credibilidad entre los
ciudadanos. Si son capaces de hacerlo prescindiendo de cualquier sectarismo
ideol\u00f3gico o voracidad del poder, la crisis institucional espa\u00f1ola puede ser
conjurada. Pero si, acosados por la opini\u00f3n y las sombras de su pasado, se
enrocan en su ensimismamiento y hacen o\u00eddos sordos a las demandas de la
ciudadan\u00eda, el r\u00e9gimen emanado de la Constituci\u00f3n de 1978 correr\u00e1 innecesarios
riesgos en el pr\u00f3ximo futuro.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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