{"id":199,"date":"2016-05-11T19:27:15","date_gmt":"2016-05-11T19:27:15","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=199"},"modified":"2025-09-11T17:18:20","modified_gmt":"2025-09-11T17:18:20","slug":"subditos-de-la-administracion-por-jose-maria-bano-leon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=199","title":{"rendered":"S\u00fabditos de la Administraci\u00f3n (por Jos\u00e9 Mar\u00eda Ba\u00f1o Le\u00f3n)"},"content":{"rendered":"

(Publicado en El Pa\u00eds-Caffe Reggio<\/em>, aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

Una nueva ley sobre modernizaci\u00f3n y digitalizaci\u00f3n encierra graves restricciones de los derechos de los ciudadanos<\/em><\/strong><\/p>\n

En el f\u00e1rrago de decenas de leyes con las que se despidi\u00f3 la \u00faltima legislatura, ha pasado desapercibida para la opini\u00f3n p\u00fablica una muy preocupante reforma del procedimiento administrativo que, vestida con la indumentaria de la modernizaci\u00f3n y de la digitalizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, encierra graves restricciones de los derechos de los ciudadanos, impropias de un Estado democr\u00e1tico.<\/p>\n

La Ley 39\/2015, denominada redundantemente de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas y que entrar\u00e1 en vigor si nadie lo remedia el 2 de octubre de este a\u00f1o, merma garant\u00edas b\u00e1sicas de un Estado de derecho y facilita la arbitrariedad de la Administraci\u00f3n, sin que, al parecer, los redactores de la Ley, que dicen querer mejorar la seguridad jur\u00eddica, hayan sido conscientes del potencial efecto perverso de algunas de sus disposiciones, propios de un Estado autoritario, que ilustrar\u00e9 con tres ejemplos.<\/p>\n

La ley impone a todos los ciudadanos sin excepci\u00f3n (art\u00edculo 18.1) un deber general de colaboraci\u00f3n con la Administraci\u00f3n, ins\u00f3lito en un pa\u00eds democr\u00e1tico. Ese deber significa a falta de previsi\u00f3n expresa, \u201cfacilitar a la Administraci\u00f3n los informes, inspecciones y otros actos de investigaci\u00f3n que requieren para el ejercicio de sus competencias\u201d. Este deber rezuma un halo totalitario, fruto de una concepci\u00f3n en la que el ciudadano se encuentra sujeto al poder p\u00fablico con car\u00e1cter general. Hasta ahora, como es propio de un Estado constitucional, el ciudadano solo estaba sujeto a colaborar con la Administraci\u00f3n cuando una ley lo preve\u00eda expresamente y para fines espec\u00edficos. Por ejemplo, la ley fiscal, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la ley laboral para salvaguardar los derechos de los trabajadores, etc\u00e9tera. Pero a nadie se le hab\u00eda ocurrido que una ley general pudiera permitir a cualquier autoridad p\u00fablica imponer obligaciones de colaboraci\u00f3n para cualquier ocurrencia de un alcalde, un director general o de un consejero auton\u00f3mico.<\/p>\n

M\u00e1s preocupante todav\u00eda es el r\u00e9gimen de las medidas provisionales (art. 56) que la Administraci\u00f3n puede adoptar al inicio de un expediente, e incluso antes de o\u00edr lo que tenga que decir el ciudadano afectado. La adopci\u00f3n de medidas provisionales como el embargo preventivo de la cuenta corriente, el cierre de un local, la prestaci\u00f3n de fianzas, se reconoce a cualquier autoridad p\u00fablica, en cualquier procedimiento, aunque eso si piadosamente el legislador sigue recordando que habr\u00e1 de hacerse proporcionalmente.<\/p>\n

No existe pa\u00eds democr\u00e1tico alguno donde se reconozca a la Administraci\u00f3n ese formidable poder. En la actualidad y hasta que la nueva ley entre en vigor, la Administraci\u00f3n solo puede adoptar medidas provisionales cuando una ley especial as\u00ed lo determina expresamente. Por ejemplo, en materia de sanidad p\u00fablica, frente a un contagio, o cuando se trata de defender la salud de los consumidores o usuarios, es l\u00f3gico que la Administraci\u00f3n pueda adoptar medidas provisionales, pues se trata de evitar un da\u00f1o irreparable. Lo que no tiene sentido alguno es que se entregue a la discreci\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica la posibilidad de adoptar medidas cautelares equivalentes a las que puede tomar un juez y que son de una gravedad extraordinaria. El diario desfile de muchas autoridades por los juzgados de lo penal, deber\u00eda haber conducido a los autores de la nueva ley a ser muy conservadores a la hora de construir una potestad administrativa que solo deber\u00eda utilizarse, como ocurre en los pa\u00edses de nuestro entorno, en procedimientos tasados y en casos de urgencia inaplazable cuando est\u00e1n en riesgo bienes superiores, como la salud, la seguridad de las personas o la estabilidad del sistema bancario. Generalizar ese poder inmenso de imponer medidas contra el patrimonio de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, antes de que se tramite y finalice el procedimiento administrativo, es como poner en manos de un inexperto en armas una bomba de racimo sin manual de instrucciones.<\/p>\n

Por si estos dos ejemplos no fueran suficientes, la Ley 39\/2015 (art. 70) nos sorprende con una nueva definici\u00f3n del expediente administrativo, que revela una mentalidad autocr\u00e1tica de la Administraci\u00f3n m\u00e1s que preocupante.<\/p>\n

El lector puede pensar que el expediente administrativo es una frusler\u00eda. No es as\u00ed: el expediente es la documentaci\u00f3n completa y ordenada de lo que la Administraci\u00f3n ha hecho en el procedimiento. Lo que quiere decir: es la base para que el ciudadano afectado pueda defender sus derechos frente a la Administraci\u00f3n. Hasta ahora, e incluso en pleno franquismo, se entend\u00eda por expediente todo lo que constaba documentalmente respecto a un procedimiento.<\/p>\n

Lo que la norma legal dice es que el expediente es solo una parte de lo que la Administraci\u00f3n ha hecho, \u201clo oficial\u201d, que dir\u00eda un castizo. El resto, es decir, lo que opinan los funcionarios, los borradores de documentos, e incluso los informes no solicitados por el responsable de la decisi\u00f3n, no forman parte de lo que debe conocer el afectado por la sanci\u00f3n o por la instalaci\u00f3n de una actividad, o por la zona verde. Perm\u00edtaseme un ejemplo para iluminar lo que la jerga de la ley puede oscurecer. El secretario o el interventor de un Ayuntamiento, figuras clave en cualquier corporaci\u00f3n local, tienen la facultad de emitir informe concreto, si lo estiman pertinente. Pues bien, seg\u00fan reza la ley, el ciudadano no tiene derecho a conocer ese informe, si no es un informe pedido por la autoridad. \u00bfPara qu\u00e9 va a emitir un informe el custodio de la legalidad si se va a tirar al cesto de los papeles?<\/p>\n

En estos a\u00f1os turbulentos, hay funcionarios p\u00fablicos responsables que, a pesar de las presiones pol\u00edticas, han tenido el valor de hacer constar su opini\u00f3n contraria a lo resuelto por el jefe pol\u00edtico. Esos informes hasta ahora quedaban incorporados al expediente. Quien estaba afectado, pod\u00eda manejarlo y utilizarlo en defensa de sus derechos ante el juez.<\/p>\n

Sin embargo, el texto legal aprobado en la misma legislatura que la Ley de Transparencia dice ahora que no forman parte del expediente los \u201cjuicios de valor\u201d emitidos por las Administraciones P\u00fablicas, que se entiende que son las opiniones de los funcionarios. Una ley del siglo XXI autoriza legalmente al responsable pol\u00edtico de turno a expurgar el expediente, a censurar lo que otros han opinado y a \u00e9l no le ha convenido. As\u00ed el ciudadano, y el juez que tiene que controlar a la Administraci\u00f3n, se supone que vivir\u00e1n m\u00e1s felices al encontrar un expediente electr\u00f3nicamente depurado que cuente lo que el poder quiere contar, eso s\u00ed, con enorme transparencia.<\/p>\n

Son tres ejemplos ilustrativos. Para otra ocasi\u00f3n dejo el an\u00e1lisis de la paradoja de que la Ley 40\/2015, hermana siamesa de la Ley de Procedimiento, haya mantenido inc\u00f3lume la estructura de sociedades, entes de diverso pelaje, y fundaciones p\u00fablicas, al tiempo que la Fiscal\u00eda denuncia y los tribunales penales condenan la opacidad de estas entidades y la falta de control en el manejo de los caudales p\u00fablicos, como causa de comportamientos delictivos, que no son espor\u00e1dicos a juzgar por la estad\u00edstica criminal.<\/p>\n

En una de las versiones del mito de Pandora se cuenta que la causa de los males de la humanidad se produjo cuando Pandora, desobedeciendo la prohibici\u00f3n de los dioses, abri\u00f3 la caja donde se conten\u00edan todos los desastres. Esto mismo puede pasar con los bienintencionados funcionarios que han puesto sus manos sobre el procedimiento administrativo, confiados en que quienes tienen que aplicar cotidianamente la ley no har\u00e1n un uso inmoderado de las armas que ellos mismos han cargado; en ellos ha podido m\u00e1s la arrogancia de la innovaci\u00f3n que la prudencia en mantener herm\u00e9tico el recipiente que garantiza algunos derechos b\u00e1sicos de los ciudadanos.<\/p>\n

Es de desear que se abra urgentemente un debate pol\u00edtico, en la m\u00e1s noble de las acepciones de la palabra, sobre la oportunidad de urgente derogaci\u00f3n de esas leyes. La nueva pol\u00edtica no puede echar a andar con muletas propias, no ya de la vieja pol\u00edtica, sino del antiguo r\u00e9gimen, sin convertir a los ciudadanos en s\u00fabditos del arbitrio administrativo.<\/p>\n

Jos\u00e9 Mar\u00eda Ba\u00f1o Le\u00f3n<\/strong> es abogado y catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo Universidad Complutense de Madrid.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Publicado en El Pa\u00eds-Caffe Reggio, aqu\u00ed) Una nueva ley sobre modernizaci\u00f3n y digitalizaci\u00f3n encierra graves restricciones de los derechos de los ciudadanos En el f\u00e1rrago de decenas de leyes con las que se despidi\u00f3 la \u00faltima legislatura, ha pasado desapercibida para la opini\u00f3n p\u00fablica una muy preocupante reforma del procedimiento administrativo que, vestida con la…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","footnotes":""},"categories":[2,13,10,6,15,16,8,19,21,22,25],"tags":[],"class_list":["post-199","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualidad","category-administracion-publica","category-comunicacion","category-historia","category-pensamiento-politico","category-politica","category-sociedad","category-sociedad-de-la-informacion","category-tic-y-sociedad-del-conocimiento","category-web-tecnologia","category-weblogs"],"yoast_head":"\nS\u00fabditos de la Administraci\u00f3n (por Jos\u00e9 Mar\u00eda Ba\u00f1o Le\u00f3n) - 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